El artículo presenta un análisis detallado del sesgo político en TVE, respaldado por datos concretos. Sin embargo, la conclusión sobre la manipulación podría considerarse tendenciosa. La crítica al gobierno por el uso de RTVE como herramienta de propaganda parece fundamentada en los datos presentados.
El Ministerio de Igualdad admite fallos en el servicio de teleasistencia Atenpro para víctimas de violencia de género en zonas rurales. El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce 'carencias en la cobertura móvil' y destina 1.5 millones adicionales a la Federación Española de Municipios y Provincias. Las ayudas pasan de 8.2 a 9.7 millones. El objetivo es 'reducir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia' y 'adaptar el servicio a nuevas formas de violencia digital'. El servicio Atenpro falló en las mismas zonas donde las pulseras antimaltrato presentaban problemas. La Memoria de la Fiscalía de 2025 destacó 'dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas' por 'deficiente cobertura de zonas rurales aisladas'. El Gobierno busca 'modernizar y adaptar el servicio Atenpro' con 'refuerzo de medios humanos y materiales' y 'tecnologías avanzadas'.
Un informe del Instituto Juan de Mariana (IJM) revela que el 79.7% de las fuentes en telediarios de TVE son gubernamentales o expertos afines. Analizando 28 programas entre septiembre y octubre, se detectó un sesgo estructural favorable al Gobierno de Pedro Sánchez. El estudio examinó más de 75 horas de contenido usando inteligencia artificial para procesar textos y codificar intervinientes. Los resultados muestran desequilibrios informativos: menciones negativas al PP (41.6%) y Vox (45.3%) duplican las del Gobierno (23.1%). Las intervenciones de miembros del Ejecutivo o afines suman 61.2%, frente al 20.3% de la oposición. La duración media de estas intervenciones es de 12 segundos para la izquierda y 6 para la derecha. El IJM critica que TVE vulnera su mandato de información veraz, plural y equilibrada, convirtiéndose en un aparato de propaganda política. Para corregir esto, proponen financiar RTVE mediante aportación voluntaria en la declaración de la renta o privatizar total o parcialmente sus canales.
En Barcelona, el 68% de los delitos cometidos en 2025 tienen como autores a ciudadanos extranjeros. De 72.289 personas denunciadas o detenidas, 22.523 eran extranjeras y 7.173 españolas. La proporción de extranjeros ha permanecido estable en torno a los dos tercios en los últimos tres años y medio, pese a que la población extranjera residente es del 26%. En 2024, se registraron 49.824 detenciones y denuncias a extranjeros y 22.465 a españoles. La criminalidad ha aumentado un 26% entre 2022 y 2024. La oposición denuncia que los esfuerzos para recuperar la seguridad son insuficientes y critica la gestión de la inmigración. El PP reclama más recursos policiales y mejores procedimientos de expulsión. La Policía Nacional ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes y ha desarticulado una célula del Tren de Aragua con 13 detenidos. El Ayuntamiento de Barcelona y la Fiscalía han creado una unidad conjunta para combatir la multirreincidencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una Cátedra de Memoria Histórica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con una dotación de 150.000 euros durante tres años. La Cátedra analizará el tratamiento de la lucha antifranquista en los libros de texto de Historia de Educación Secundaria y propondrá mejoras. Entre las actividades previstas se incluyen la celebración de congresos científicos, seminarios, acciones formativas y proyectos de I+D. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, colaborará con la URJC en la creación de materiales didácticos y en la formación de redes de memoria con otros grupos de investigación. La universidad se compromete a crear una página web específica para la Cátedra y a elaborar memorias anuales de actividades. La dirección de la Cátedra será propuesta por la URJC, que también seleccionará al profesorado. Esta iniciativa se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y se produce en un contexto en el que el Gobierno ha impulsado otras medidas relacionadas con la memoria histórica, como la retirada de símbolos franquistas.
El juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz revela que periodistas de Cadena Ser y El País tardaron 9 meses en afirmar que tenían acceso a un correo clave antes que García Ortiz. La acusación popular denuncia falta de pruebas documentales. Los hechos se remontan a marzo de 2024 cuando se publicó un correo del 2 de febrero enviado por Carlos Neira a la Fiscalía. Los periodistas sostienen que accedieron a esta información antes que García Ortiz, pero no lo comunicaron hasta 2025. El redactor de la Ser explicó que conoció el correo el 13 de marzo a las 15:34, pero no lo publicó hasta después de un partido de Champions League. Un ex subdirector de El País aseguró que supo del correo el 12 de marzo, antes que García Ortiz, y obtuvo la información de una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. La defensa apenas interrogó a los testigos y no aportaron pruebas concluyentes. Los periodistas se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
El jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco, ordenó cerrar el puerto de Barbate por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evitar imágenes de narcolanchas refugiadas en la zona debido al temporal asociado a la borrasca Claudia. Durante la madrugada del jueves al viernes se avistaron al menos dos narcolanchas en la bocana del puerto. La Guardia Civil mantiene un dispositivo con patrulleras y agentes a pie vigilando las inmediaciones y un helicóptero rastrea la costa en busca de posibles ocupantes de las embarcaciones. La borrasca ha dejado mar gruesa con olas de hasta seis metros, condiciones que han llevado a las narcolanchas a refugiarse en Barbate y otros puntos de la costa de Cádiz. Se han detectado lanchas de alta velocidad arrastradas por el temporal en Conil, Caños de Meca y Barbate. Una embarcación apareció encallada en la playa Victoria de Cádiz.
El grupo yihadista JNIM, vinculado a Al Qaeda, recibió 50 millones de dólares por la liberación de un jeque emiratí secuestrado en Malí el 26 de septiembre. Entre mayo y octubre de 2025, 22 ciudadanos extranjeros fueron secuestrados. El JNIM ha convertido el secuestro en una estrategia de 'yihad económica' para derrocar a la junta militar que apoya Moscú. El grupo ha amenazado con atacar empresas que operen en Malí sin su permiso. Los secuestrados incluyen ciudadanos chinos, indios, egipcios, emiratíes, iraníes, serbios y croatas bosnios. El JNIM también logró la liberación de unos treinta de sus presos retenidos por los servicios de inteligencia malienses y de soldados malienses. La 'yihad económica' del JNIM incluye el bloqueo del suministro de combustible y el secuestro de extranjeros para pedir rescate.
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