El título vende confidencialidad, pero el artículo revela que la "confidencialidad" es una excusa para no revelar datos económicos. La justificación de Exteriores raya en lo absurdo, aludiendo a la protección de datos personales para ocultar el coste total, no los datos individuales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una proposición de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, permitiendo que el propietario de un inmueble ocupado ilegalmente pueda interrumpir los suministros básicos de la vivienda sin incurrir en delito. Esta iniciativa será aprobada el próximo miércoles, 20 de Noviembre de 2025, haciendo uso de la mayoría absoluta que ostenta la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. Según el escrito de los 'populares', al que ha tenido acceso El Debate, la ocupación de un inmueble constituye una agresión ilegítima contra los derechos del propietario, privándole de la posesión de su bien. Históricamente, si la vivienda se convertía en domicilio de los okupas, incluso si el título de ocupación era ilegítimo, la interrupción de servicios esenciales podía interpretarse como una vulneración de sus derechos fundamentales, calificándose como delito de coacciones. El texto parlamentario hace referencia a una reunión del 7 de marzo de 2025, donde los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona unificaron criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. En dicha reunión, los jueces avalaron que los propietarios tienen la facultad de cortar los suministros a los okupas sin que esto sea considerado un delito de coacciones. Actualmente, el delito de coacciones se tipifica en el artículo 172 del Código Penal, aprobado por la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Específicamente, el apartado 1º describe el delito y el apartado 3º el delito menor (antigua falta), pudiendo cometerse mediante fuerza en las cosas, lo cual, hasta ahora, incluía el corte de suministro de luz o agua si no existía autorización legítima para ello. Aunque esta decisión se aplica inicialmente en Barcelona, ha sido valorada muy positivamente en el sector inmobiliario y considerada de sentido común. Se argumenta que la privación injusta de la propiedad no debe conllevar la obligación del propietario de mantener, a su costa, al usurpador. Se prevé que decisiones similares se adopten en juntas de jueces de otras provincias, lo que eventualmente llegará al Tribunal Supremo por vía de recurso, unificando la doctrina. Por tanto, la propuesta del PP busca modificar el artículo 172.1 del Código Penal para establecer que «la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones». Esta reforma legislativa busca clarificar la situación legal y proporcionar una herramienta adicional a los propietarios frente a la ocupación ilegal, eliminando la ambigüedad sobre la legalidad de cortar los servicios básicos. La aprobación en el Senado, el 20 de Noviembre de 2025, marcará un hito significativo en la legislación sobre la propiedad y la ocupación en España, con repercusiones directas en el ámbito inmobiliario y jurídico. La iniciativa del PP busca equilibrar los derechos del propietario con la protección de los derechos fundamentales de los ocupantes, redefiniendo los límites de las acciones permitidas en casos de ocupación ilegal de viviendas.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcado por la organización de aplausos y muestras de respaldo que, lejos de ser espontáneas, fueron meticulosamente planificadas. Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, fue el encargado de coordinar a los asistentes para asegurar el apoyo público tanto en el tribunal como en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). El 3 de noviembre, durante un receso del juicio, García Ortiz fue recibido con una ovación prolongada al regresar a su despacho en la Fiscalía, una escena que El País publicó y que, según fuentes de THE OBJECTIVE, fue orquestada por Villafañe. Se enviaron correos electrónicos para convocar a personas afines, se reclutaron empleados que realizaban un curso en la FGE y se movilizó a personal de la Fiscalía de Madrid para apoyar al fiscal general. Las quejas surgieron incluso de quienes no deseaban participar en esta convocatoria, que incluyó principalmente a funcionarios de administración y gestión de la Fiscalía. Además, durante el juicio, se programó la presencia de público en la Sala del Tribunal Supremo. El 12 de noviembre, durante la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, parte de ese público reaccionó con risas sonoras ante sus palabras: «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas (…) Esto se centra en las personas sobre las que hay indicios». Estas carcajadas generaron duras críticas en la carrera judicial, acusando a fiscales o funcionarios de desacreditar a los investigadores de la Guardia Civil. Esa misma jornada, antes del testimonio del coronel Balas, el fiscal general, único acusado por un presunto delito de revelación de secretos, tomó la palabra. La concurrencia máxima de público no fue casualidad; Villafañe movilizó de nuevo a personas vinculadas a la Fiscalía para llenar la sala. En sesiones con menor afluencia prevista, el número dos de García Ortiz envió mensajes de última hora invitando a asistentes para cubrir los asientos vacíos y evitar una percepción de desinterés o debilidad institucional. Esta maniobra, definida como una «performance estudiada» por fuentes de la carrera, buscaba proyectar una imagen de fortaleza y condicionar la percepción pública e institucional del proceso. La brecha entre defensores y críticos de García Ortiz se ha profundizado, y varios fiscales veteranos sienten una «herida institucional» ante la imagen sesgada y parcial que, a su juicio, proyecta el Ministerio Público. Villafañe ha sido clave en esta «coreografía», asegurando que cada aplauso y expresión de aprobación se produjera en momentos estratégicos para mostrar fuerza, unidad y respaldo hacia García Ortiz, logrando su objetivo.
Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, se alistó voluntario en el Ejército de Franco en 1938 tras desertar del bando republicano. Declaró que lo hizo «con la idea de servir a la auténtica España». Fue condecorado con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar. Su nieto, Pedro Sánchez, ha afirmado que sus abuelos eran analfabetos, pero documentos oficiales revelan que Mateo sabía leer y escribir. Mateo mintió sobre su edad para alistarse, diciendo tener 18 años cuando tenía 16. También ocultó su servicio previo en un Batallón de Apoyo de Carros Blindados republicano. La documentación se conserva en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta y el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid. El abuelo recibió 400 pesetas como prima de enganche y fue destinado a la XV Bandera de la Legión. Los padres de Mateo solicitaron una pensión por él en agosto de 1938, pero fue rechazada en octubre por estar el padre cobrando un sueldo del Estado.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sorprendió a los escoltas con su habilidad en ciclismo de montaña durante una escapada al Valle de Arán. Mostró destreza en descensos técnicos, equipada con casco y ropa especializada. Los agentes de seguridad quedaron impresionados por su velocidad y habilidad. La pareja ha realizado escapadas frecuentes a zonas como Andorra y el Valle de Arán, disfrutando de bike parks y senderos técnicos. En agosto de 2024, asistieron al Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Andorra. Los escoltas reconocieron que el nivel técnico de Gómez superaba sus expectativas y fue ella quien pidió prolongar la jornada deportiva del sábado por las rutas de montaña.
El presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez pasaron tres días en el Parador de Artiés, Lérida, disfrutando de bici de montaña con un amigo de la infancia de Sánchez, Martí Payas, que vive en Andorra. Practicaron varias rutas el sábado y domingo, con escoltas acompañándoles. Las bicicletas fueron transportadas desde Madrid en una furgoneta blanca. La pareja es aficionada a este deporte y ya lo practicaron en agosto de 2024 en Andorra durante el Campeonato del Mundo de Mountain Bike. En agosto de 2025, fueron captados nuevamente en Andorra de vacaciones. El 23 de julio de 2023, un día antes de las elecciones, Sánchez compartió en redes sociales un vídeo practicando bici de montaña con Begoña. También se sabe que en 2024, Sánchez comenzó el año practicando este deporte con el presentador Jesús Calleja en la montaña leonesa.
Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, fue condecorado por el régimen de Franco con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar por su participación en la Guerra Civil. Pérez-Castejón formó parte de la 150.ª División del Cuerpo de Ejército de Urgel y combatió contra las unidades republicanas. Fue denunciado por deserción del Ejército republicano antes de unirse a la Legión en Talavera de la Reina el 10 de julio de 1938. El 30 de junio de 1939, el jefe del Ejército de Levante, Luis Orgaz Yoldi, le otorgó las condecoraciones 'automáticamente'. Pérez-Castejón participó en la Ofensiva de la Victoria y entró en varias localidades de Guadalajara y Cuenca. Su nieto, Pedro Sánchez, ha ocultado esta información y solo ha mencionado su procedencia murciana en mítines del PSOE. El Gobierno de Sánchez aprobó la retirada de condecoraciones franquistas conforme a la ley de Memoria Histórica.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas ha declarado secretas las diligencias contra Francisco Salazar y Francisco Toscano por el sueldo municipal de 2.000 euros mensuales que Salazar recibió de 2012 a 2017 sin trabajar. Vox presentó una querella en julio contra Salazar, asesor de Moncloa y exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, por presunto acoso y por cobrar sin trabajar. La magistrada María del Valle encomendó a la Guardia Civil investigar el caso y requirió información al Ayuntamiento. El 29 de julio, la instructora dictó un auto para esclarecer los hechos y pidió una fianza de 3.000 euros a Vox para ejercer la acción popular. El Ayuntamiento de Dos Hermanas respondió el 5 de noviembre que no podía facilitar información debido al secreto declarado sobre las diligencias. El responsable de Acción Judicial de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, celebró la decisión judicial para investigar tanto a Salazar como a Toscano. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Adrián Trashorras, criticó que Dos Hermanas «haya sido tomada como el cortijo de los socialistas». El presidente de Vox en Sevilla, Javier Navarro, recordó que los socialistas «no están por encima de la ley» y exigió que «paguen por ello».
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