El titular cumple su función de informar del hecho principal, aunque la fecha de la noticia (17 de nov. de 2025) y la del evento (próximo miércoles) generan una paradoja temporal que un editor competente habría resuelto antes de su publicación. La noticia es clara y concisa, pero la inclusión de fechas futuras como si fueran pasadas o presentes es un error que afecta la credibilidad.
La trama de obras públicas del PSOE operó en Marruecos tras la visita de Pedro Sánchez en noviembre de 2018. El 28 de diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo información sobre ministros marroquíes, incluyendo a Aziz Rebbah. El 29 de diciembre, Ábalos informó a Koldo sobre un proyecto en Kenitra, Marruecos, relacionado con Acciona. Ábalos viajó a Fez el 3 de enero de 2019. El 14 de enero de 2019, Santos envió documentos sobre el proyecto del puerto de Kenitra a Koldo. La UCO detalló que la trama compartió intereses en proyectos internacionales, incluyendo Marruecos, durante la etapa ministerial de Ábalos y Koldo. El presidente Sánchez se reunió con el rey Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani durante su visita. La trama utilizó contactos con ministros marroquíes para avanzar en sus intereses. El proyecto de Kenitra implicaba un consorcio encabezado por Acciona para la adjudicación de la obra civil del nuevo puerto.
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, ha denegado tres solicitudes de información de THE OBJECTIVE sobre el coste de la repatriación de españoles deportados de Israel, quienes participaron en la flotilla de Gaza y accedieron a una zona de exclusión militar. Fuentes no oficiales estiman el desembolso por encima de los 800.000 euros, cifra que incluiría dietas y el coste técnico del buque Furor. Exteriores, en sus respuestas vía Portal de Transparencia, arguye que revelar el coste exacto afectaría la privacidad de datos de los miembros de la flotilla, como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. La justificación de Exteriores, replicada en otras respuestas idénticas, evade detallar el gasto en billetes de avión, el flete de una aeronave militar A400M, y los gastos consulares, incluyendo los de dos etarras que se negaron a volar en un avión del Ejército. El Ministerio sostiene que no es posible publicar un listado individualizado de ayudas por la regulación de protección de datos, a pesar de que THE OBJECTIVE nunca solicitó datos personales, sino una estimación global de costes. El departamento de Albares ha eludido informar sobre ayudas consulares, billetes de vuelos civiles, traslados, costes operativos de las embajadas y consulados en Israel y Grecia, y la compra de teléfonos móviles y ropa, presuntamente sufragados con fondos públicos y tarjetas de crédito diplomáticas. La Unidad de Información y Transparencia de Exteriores afirma que estas ayudas económicas a la repatriación se rigen por la normativa española de protección y asistencia consular, contempladas en el presupuesto del Ministerio y tramitadas según la normativa vigente, pudiendo ser no reintegrables bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, esta postura contradice la Orden AUC/154/2022, que regula ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad o vulnerabilidad, y establece que deben ser devueltas al Estado en casi todos los casos. Solo se considerarían no reintegrables si las condiciones personales, sanitarias o jurídicas impiden al solicitante obtener recursos para el reintegro, o si la devolución implica una carga desproporcionada. Exteriores interpreta que no cobrar la factura a los activistas, como Ada Colau o Ana Alcalde (Barbie Gaza), evita una "carga desproporcionada". Otros países como Portugal, Suiza, Sudáfrica e Italia sí exigieron a sus nacionales en la flotilla el pago de los gastos, argumentando que la deportación fue consecuencia de una acción informada previamente y de su "responsabilidad individual".
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcado por la organización de aplausos y muestras de respaldo que, lejos de ser espontáneas, fueron meticulosamente planificadas. Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, fue el encargado de coordinar a los asistentes para asegurar el apoyo público tanto en el tribunal como en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). El 3 de noviembre, durante un receso del juicio, García Ortiz fue recibido con una ovación prolongada al regresar a su despacho en la Fiscalía, una escena que El País publicó y que, según fuentes de THE OBJECTIVE, fue orquestada por Villafañe. Se enviaron correos electrónicos para convocar a personas afines, se reclutaron empleados que realizaban un curso en la FGE y se movilizó a personal de la Fiscalía de Madrid para apoyar al fiscal general. Las quejas surgieron incluso de quienes no deseaban participar en esta convocatoria, que incluyó principalmente a funcionarios de administración y gestión de la Fiscalía. Además, durante el juicio, se programó la presencia de público en la Sala del Tribunal Supremo. El 12 de noviembre, durante la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, parte de ese público reaccionó con risas sonoras ante sus palabras: «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas (…) Esto se centra en las personas sobre las que hay indicios». Estas carcajadas generaron duras críticas en la carrera judicial, acusando a fiscales o funcionarios de desacreditar a los investigadores de la Guardia Civil. Esa misma jornada, antes del testimonio del coronel Balas, el fiscal general, único acusado por un presunto delito de revelación de secretos, tomó la palabra. La concurrencia máxima de público no fue casualidad; Villafañe movilizó de nuevo a personas vinculadas a la Fiscalía para llenar la sala. En sesiones con menor afluencia prevista, el número dos de García Ortiz envió mensajes de última hora invitando a asistentes para cubrir los asientos vacíos y evitar una percepción de desinterés o debilidad institucional. Esta maniobra, definida como una «performance estudiada» por fuentes de la carrera, buscaba proyectar una imagen de fortaleza y condicionar la percepción pública e institucional del proceso. La brecha entre defensores y críticos de García Ortiz se ha profundizado, y varios fiscales veteranos sienten una «herida institucional» ante la imagen sesgada y parcial que, a su juicio, proyecta el Ministerio Público. Villafañe ha sido clave en esta «coreografía», asegurando que cada aplauso y expresión de aprobación se produjera en momentos estratégicos para mostrar fuerza, unidad y respaldo hacia García Ortiz, logrando su objetivo.
Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, se alistó voluntario en el Ejército de Franco en 1938 tras desertar del bando republicano. Declaró que lo hizo «con la idea de servir a la auténtica España». Fue condecorado con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar. Su nieto, Pedro Sánchez, ha afirmado que sus abuelos eran analfabetos, pero documentos oficiales revelan que Mateo sabía leer y escribir. Mateo mintió sobre su edad para alistarse, diciendo tener 18 años cuando tenía 16. También ocultó su servicio previo en un Batallón de Apoyo de Carros Blindados republicano. La documentación se conserva en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta y el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid. El abuelo recibió 400 pesetas como prima de enganche y fue destinado a la XV Bandera de la Legión. Los padres de Mateo solicitaron una pensión por él en agosto de 1938, pero fue rechazada en octubre por estar el padre cobrando un sueldo del Estado.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sorprendió a los escoltas con su habilidad en ciclismo de montaña durante una escapada al Valle de Arán. Mostró destreza en descensos técnicos, equipada con casco y ropa especializada. Los agentes de seguridad quedaron impresionados por su velocidad y habilidad. La pareja ha realizado escapadas frecuentes a zonas como Andorra y el Valle de Arán, disfrutando de bike parks y senderos técnicos. En agosto de 2024, asistieron al Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Andorra. Los escoltas reconocieron que el nivel técnico de Gómez superaba sus expectativas y fue ella quien pidió prolongar la jornada deportiva del sábado por las rutas de montaña.
El presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez pasaron tres días en el Parador de Artiés, Lérida, disfrutando de bici de montaña con un amigo de la infancia de Sánchez, Martí Payas, que vive en Andorra. Practicaron varias rutas el sábado y domingo, con escoltas acompañándoles. Las bicicletas fueron transportadas desde Madrid en una furgoneta blanca. La pareja es aficionada a este deporte y ya lo practicaron en agosto de 2024 en Andorra durante el Campeonato del Mundo de Mountain Bike. En agosto de 2025, fueron captados nuevamente en Andorra de vacaciones. El 23 de julio de 2023, un día antes de las elecciones, Sánchez compartió en redes sociales un vídeo practicando bici de montaña con Begoña. También se sabe que en 2024, Sánchez comenzó el año practicando este deporte con el presentador Jesús Calleja en la montaña leonesa.
Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, fue condecorado por el régimen de Franco con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar por su participación en la Guerra Civil. Pérez-Castejón formó parte de la 150.ª División del Cuerpo de Ejército de Urgel y combatió contra las unidades republicanas. Fue denunciado por deserción del Ejército republicano antes de unirse a la Legión en Talavera de la Reina el 10 de julio de 1938. El 30 de junio de 1939, el jefe del Ejército de Levante, Luis Orgaz Yoldi, le otorgó las condecoraciones 'automáticamente'. Pérez-Castejón participó en la Ofensiva de la Victoria y entró en varias localidades de Guadalajara y Cuenca. Su nieto, Pedro Sánchez, ha ocultado esta información y solo ha mencionado su procedencia murciana en mítines del PSOE. El Gobierno de Sánchez aprobó la retirada de condecoraciones franquistas conforme a la ley de Memoria Histórica.
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