El artículo revela detalles precisos sobre la trama de obras públicas del PSOE en Marruecos, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas. La conexión entre la visita de Sánchez y las operaciones de la trama es evidente, pero falta contexto sobre las consecuencias.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido una carta a María Jesús Montero, presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), acusándola de falsear el acta de la reunión del 26 de febrero. En la carta del 13 de noviembre, subrayan que las catorce comunidades que abandonaron la reunión no votaron y, por tanto, no se abstuvieron. La vicepresidenta primera sostiene que abandonar el cónclave equivale a abstenerse. Los consejeros autonómicos del PP definen el Consejo Fiscal como una 'sesión de blanqueamiento' del acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC. Solicitan rectificar el acta y reemplazar 'Cataluña' por 'el señor Junqueras' en el párrafo 7. El CPFF se celebró como pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e incluye una propuesta de reforma de financiación autonómica. Montero anunció que presentará su propuesta de financiación 'entre enero y febrero', que será general para las comunidades de régimen común y respetará la 'singularidad' de Cataluña. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, fijó la posición del Ministerio en solitario, separándose del pacto con la Generalitat del 14 de julio. La propuesta incluye una cesión de competencias a Cataluña modulada mediante un trabajo 'en red' y la delegación de facultades de control de deducciones para las Agencias Tributarias regionales.
La UCO imputa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, el uso personal y familiar de una tarjeta de Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y al propio Cerdán. Entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, los cargos asociados a esta tarjeta ascendieron a 33.574 €. El informe de 227 páginas detalla pagos en restaurantes y viajes a Ibiza y Tenerife con la tarjeta. La UCO encontró mensajes entre Antxon Alonso y su mujer que muestran preocupación por los 'gastos desmedidos' de la mujer de Santos Cerdán. Tres directivos de Acciona han sido citados como investigados para el 3 de diciembre. La mujer, hermana y cuñado de Santos Cerdán se beneficiaron de la trama Koldo. Santos Cerdán permanece encarcelado desde junio por riesgo de destrucción de pruebas.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una proposición de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, permitiendo que el propietario de un inmueble ocupado ilegalmente pueda interrumpir los suministros básicos de la vivienda sin incurrir en delito. Esta iniciativa será aprobada el próximo miércoles, 20 de Noviembre de 2025, haciendo uso de la mayoría absoluta que ostenta la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. Según el escrito de los 'populares', al que ha tenido acceso El Debate, la ocupación de un inmueble constituye una agresión ilegítima contra los derechos del propietario, privándole de la posesión de su bien. Históricamente, si la vivienda se convertía en domicilio de los okupas, incluso si el título de ocupación era ilegítimo, la interrupción de servicios esenciales podía interpretarse como una vulneración de sus derechos fundamentales, calificándose como delito de coacciones. El texto parlamentario hace referencia a una reunión del 7 de marzo de 2025, donde los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona unificaron criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. En dicha reunión, los jueces avalaron que los propietarios tienen la facultad de cortar los suministros a los okupas sin que esto sea considerado un delito de coacciones. Actualmente, el delito de coacciones se tipifica en el artículo 172 del Código Penal, aprobado por la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Específicamente, el apartado 1º describe el delito y el apartado 3º el delito menor (antigua falta), pudiendo cometerse mediante fuerza en las cosas, lo cual, hasta ahora, incluía el corte de suministro de luz o agua si no existía autorización legítima para ello. Aunque esta decisión se aplica inicialmente en Barcelona, ha sido valorada muy positivamente en el sector inmobiliario y considerada de sentido común. Se argumenta que la privación injusta de la propiedad no debe conllevar la obligación del propietario de mantener, a su costa, al usurpador. Se prevé que decisiones similares se adopten en juntas de jueces de otras provincias, lo que eventualmente llegará al Tribunal Supremo por vía de recurso, unificando la doctrina. Por tanto, la propuesta del PP busca modificar el artículo 172.1 del Código Penal para establecer que «la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones». Esta reforma legislativa busca clarificar la situación legal y proporcionar una herramienta adicional a los propietarios frente a la ocupación ilegal, eliminando la ambigüedad sobre la legalidad de cortar los servicios básicos. La aprobación en el Senado, el 20 de Noviembre de 2025, marcará un hito significativo en la legislación sobre la propiedad y la ocupación en España, con repercusiones directas en el ámbito inmobiliario y jurídico. La iniciativa del PP busca equilibrar los derechos del propietario con la protección de los derechos fundamentales de los ocupantes, redefiniendo los límites de las acciones permitidas en casos de ocupación ilegal de viviendas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, ha denegado tres solicitudes de información de THE OBJECTIVE sobre el coste de la repatriación de españoles deportados de Israel, quienes participaron en la flotilla de Gaza y accedieron a una zona de exclusión militar. Fuentes no oficiales estiman el desembolso por encima de los 800.000 euros, cifra que incluiría dietas y el coste técnico del buque Furor. Exteriores, en sus respuestas vía Portal de Transparencia, arguye que revelar el coste exacto afectaría la privacidad de datos de los miembros de la flotilla, como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. La justificación de Exteriores, replicada en otras respuestas idénticas, evade detallar el gasto en billetes de avión, el flete de una aeronave militar A400M, y los gastos consulares, incluyendo los de dos etarras que se negaron a volar en un avión del Ejército. El Ministerio sostiene que no es posible publicar un listado individualizado de ayudas por la regulación de protección de datos, a pesar de que THE OBJECTIVE nunca solicitó datos personales, sino una estimación global de costes. El departamento de Albares ha eludido informar sobre ayudas consulares, billetes de vuelos civiles, traslados, costes operativos de las embajadas y consulados en Israel y Grecia, y la compra de teléfonos móviles y ropa, presuntamente sufragados con fondos públicos y tarjetas de crédito diplomáticas. La Unidad de Información y Transparencia de Exteriores afirma que estas ayudas económicas a la repatriación se rigen por la normativa española de protección y asistencia consular, contempladas en el presupuesto del Ministerio y tramitadas según la normativa vigente, pudiendo ser no reintegrables bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, esta postura contradice la Orden AUC/154/2022, que regula ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad o vulnerabilidad, y establece que deben ser devueltas al Estado en casi todos los casos. Solo se considerarían no reintegrables si las condiciones personales, sanitarias o jurídicas impiden al solicitante obtener recursos para el reintegro, o si la devolución implica una carga desproporcionada. Exteriores interpreta que no cobrar la factura a los activistas, como Ada Colau o Ana Alcalde (Barbie Gaza), evita una "carga desproporcionada". Otros países como Portugal, Suiza, Sudáfrica e Italia sí exigieron a sus nacionales en la flotilla el pago de los gastos, argumentando que la deportación fue consecuencia de una acción informada previamente y de su "responsabilidad individual".
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcado por la organización de aplausos y muestras de respaldo que, lejos de ser espontáneas, fueron meticulosamente planificadas. Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, fue el encargado de coordinar a los asistentes para asegurar el apoyo público tanto en el tribunal como en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). El 3 de noviembre, durante un receso del juicio, García Ortiz fue recibido con una ovación prolongada al regresar a su despacho en la Fiscalía, una escena que El País publicó y que, según fuentes de THE OBJECTIVE, fue orquestada por Villafañe. Se enviaron correos electrónicos para convocar a personas afines, se reclutaron empleados que realizaban un curso en la FGE y se movilizó a personal de la Fiscalía de Madrid para apoyar al fiscal general. Las quejas surgieron incluso de quienes no deseaban participar en esta convocatoria, que incluyó principalmente a funcionarios de administración y gestión de la Fiscalía. Además, durante el juicio, se programó la presencia de público en la Sala del Tribunal Supremo. El 12 de noviembre, durante la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, parte de ese público reaccionó con risas sonoras ante sus palabras: «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas (…) Esto se centra en las personas sobre las que hay indicios». Estas carcajadas generaron duras críticas en la carrera judicial, acusando a fiscales o funcionarios de desacreditar a los investigadores de la Guardia Civil. Esa misma jornada, antes del testimonio del coronel Balas, el fiscal general, único acusado por un presunto delito de revelación de secretos, tomó la palabra. La concurrencia máxima de público no fue casualidad; Villafañe movilizó de nuevo a personas vinculadas a la Fiscalía para llenar la sala. En sesiones con menor afluencia prevista, el número dos de García Ortiz envió mensajes de última hora invitando a asistentes para cubrir los asientos vacíos y evitar una percepción de desinterés o debilidad institucional. Esta maniobra, definida como una «performance estudiada» por fuentes de la carrera, buscaba proyectar una imagen de fortaleza y condicionar la percepción pública e institucional del proceso. La brecha entre defensores y críticos de García Ortiz se ha profundizado, y varios fiscales veteranos sienten una «herida institucional» ante la imagen sesgada y parcial que, a su juicio, proyecta el Ministerio Público. Villafañe ha sido clave en esta «coreografía», asegurando que cada aplauso y expresión de aprobación se produjera en momentos estratégicos para mostrar fuerza, unidad y respaldo hacia García Ortiz, logrando su objetivo.
Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Pedro Sánchez, se alistó voluntario en el Ejército de Franco en 1938 tras desertar del bando republicano. Declaró que lo hizo «con la idea de servir a la auténtica España». Fue condecorado con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar. Su nieto, Pedro Sánchez, ha afirmado que sus abuelos eran analfabetos, pero documentos oficiales revelan que Mateo sabía leer y escribir. Mateo mintió sobre su edad para alistarse, diciendo tener 18 años cuando tenía 16. También ocultó su servicio previo en un Batallón de Apoyo de Carros Blindados republicano. La documentación se conserva en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta y el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid. El abuelo recibió 400 pesetas como prima de enganche y fue destinado a la XV Bandera de la Legión. Los padres de Mateo solicitaron una pensión por él en agosto de 1938, pero fue rechazada en octubre por estar el padre cobrando un sueldo del Estado.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sorprendió a los escoltas con su habilidad en ciclismo de montaña durante una escapada al Valle de Arán. Mostró destreza en descensos técnicos, equipada con casco y ropa especializada. Los agentes de seguridad quedaron impresionados por su velocidad y habilidad. La pareja ha realizado escapadas frecuentes a zonas como Andorra y el Valle de Arán, disfrutando de bike parks y senderos técnicos. En agosto de 2024, asistieron al Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Andorra. Los escoltas reconocieron que el nivel técnico de Gómez superaba sus expectativas y fue ella quien pidió prolongar la jornada deportiva del sábado por las rutas de montaña.
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