El artículo presenta declaraciones contundentes de García-Page contra Sánchez y el PSOE, pero podría profundizar más en el contexto del caso Koldo y sus implicaciones legales. La crítica de García-Page parece justificada por el informe de la UCO, pero falta más información sobre las pruebas presentadas.
El 17 de noviembre de 2025, el Gobierno de España instaló una lona publicitaria de grandes dimensiones en la fachada del número 65 de la Gran Vía de Madrid. Esta lona, con el mensaje en catalán «Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía», forma parte de una campaña institucional más amplia. La iniciativa conmemora el 20 de noviembre, fecha que marca el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y busca reivindicar los valores democráticos. La campaña utiliza los eslóganes «La democracia es tu poder» y «España, 50 años en libertad» para enfatizar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Franco. Además de la lona en Gran Vía, el Gobierno planea difundir mensajes similares en gallego y euskera. Estos mensajes adicionales destacarán derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución española. Ejemplos de estos mensajes incluyen la libertad de colocar una bandera española o una republicana en balcones adyacentes, el derecho de cualquier persona a ejercer como juez sin importar la profesión de su padre, y la posibilidad de que un niño de padres inmigrantes (llegados en patera) pueda formar parte de la selección española. El Ejecutivo subraya el derecho de los ciudadanos a expresarse, relacionarse y estudiar en su lengua materna, considerándolo una «fortaleza democrática» que refleja la diversidad cultural y territorial de España. Esta estrategia se enmarca dentro del "Plan de Acción por la Democracia", cuyo objetivo es "restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre, más limpia". La instalación de la lona en catalán en un punto tan céntrico de la capital española busca simbolizar la diversidad lingüística y la inclusión dentro del marco democrático español.
El Gobierno ha colocado una lona en catalán en la Gran Vía de Madrid, en el número 65, para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. La lona, parte de la campaña 'España, 50 años en libertad', muestra el mensaje 'poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía'. Además, se han encendido pantallas en el Palacio de la Prensa y el Teatro Capitol con mensajes que destacan la libertad y la democracia. El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido la iniciativa, argumentando que las lenguas cooficiales están reconocidas por la Constitución. La acción ha generado reacciones encontradas en redes sociales, con algunos usuarios criticando la medida y otros apoyándola. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha mostrado su apoyo a la iniciativa.
Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, ingresó 6.707.294 euros entre 2015 y 2024 sin realizar aportaciones significativas en ocho Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La Guardia Civil documentó que las aportaciones de Servinabar fueron nulas o insignificantes en comparación con los importes recibidos. En la UTE Variante de Logroño, Servinabar no aportó capital pero ingresó 1.928.979 euros. En otra UTE, cobró 676.071 euros sin realizar ninguna aportación. En la UTE Pabellón Navarra Arena, aportó 17.000 euros y recibió 363.704,56 euros. La empresa también recibió 2.327.624 euros directamente de Acciona Construcción. El informe policial concluye que al menos el 75,33% de los ingresos de Servinabar provienen de Acciona. En el proyecto del Puente del Centenario de Sevilla, con un presupuesto de 84 millones de euros, Servinabar destinó solo un trabajador: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán. Los contratos entre Acciona y Servinabar presentan conceptuaciones ambiguas, como 'revision de riesgos laborales' por 2.028.267,54 euros. Las facturas de Servinabar también son imprecisas, indicando 'según contrato de gestión seguridad y salud'. La Guardia Civil destaca la imprecisión en la definición de conceptos en las facturas, lo que dificulta identificar los servicios pagados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Ambos están imputados junto al empresario Víctor de Aldama, para quien se piden 7 años de cárcel y una multa de 3.7 millones de euros. Las acusaciones derivan de irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos y Koldo García también deben indemnizar con 43.977 euros a Ineco y Tragsatec por manipular para beneficiar a la pareja de Ábalos. El fiscal pide el decomiso de 430.298 euros por ganancias del delito de cohecho. El caso comenzó en noviembre de 2023 cuando Aldama confesó los hechos ante la Audiencia Nacional, lo que le valió el atenuante de confesión. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo acordó el 3 de noviembre que se juzgue a los imputados por la compra de material sanitario durante la pandemia.
El Gobierno defiende la exclusión de números romanos y la regla de tres en Matemáticas de Primaria. Según el Ejecutivo, esto sigue la propuesta del Comité Español de Matemáticas. La no inclusión de números romanos se debe a su limitada contribución al sentido matemático. Sin embargo, se permite su estudio como elemento cultural en otras áreas. Respecto a la proporcionalidad, se incluye la resolución de problemas en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. El Gobierno argumenta que la regla de tres es un algoritmo rutinario que no implica razonamiento y puede dificultar la enseñanza del razonamiento proporcional. El nuevo currículo busca desarrollar la competencia matemática evitando reglas no razonadas. El Real Decreto de enseñanzas mínimas de Primaria establece los saberes que incluyen aspectos culturales y sociales de las Matemáticas. La respuesta del Gobierno se da en el contexto de una pregunta parlamentaria de Vox sobre la exclusión de estos contenidos.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido una carta a María Jesús Montero, presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), acusándola de falsear el acta de la reunión del 26 de febrero. En la carta del 13 de noviembre, subrayan que las catorce comunidades que abandonaron la reunión no votaron y, por tanto, no se abstuvieron. La vicepresidenta primera sostiene que abandonar el cónclave equivale a abstenerse. Los consejeros autonómicos del PP definen el Consejo Fiscal como una 'sesión de blanqueamiento' del acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC. Solicitan rectificar el acta y reemplazar 'Cataluña' por 'el señor Junqueras' en el párrafo 7. El CPFF se celebró como pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e incluye una propuesta de reforma de financiación autonómica. Montero anunció que presentará su propuesta de financiación 'entre enero y febrero', que será general para las comunidades de régimen común y respetará la 'singularidad' de Cataluña. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, fijó la posición del Ministerio en solitario, separándose del pacto con la Generalitat del 14 de julio. La propuesta incluye una cesión de competencias a Cataluña modulada mediante un trabajo 'en red' y la delegación de facultades de control de deducciones para las Agencias Tributarias regionales.
La UCO imputa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, el uso personal y familiar de una tarjeta de Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y al propio Cerdán. Entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, los cargos asociados a esta tarjeta ascendieron a 33.574 €. El informe de 227 páginas detalla pagos en restaurantes y viajes a Ibiza y Tenerife con la tarjeta. La UCO encontró mensajes entre Antxon Alonso y su mujer que muestran preocupación por los 'gastos desmedidos' de la mujer de Santos Cerdán. Tres directivos de Acciona han sido citados como investigados para el 3 de diciembre. La mujer, hermana y cuñado de Santos Cerdán se beneficiaron de la trama Koldo. Santos Cerdán permanece encarcelado desde junio por riesgo de destrucción de pruebas.
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