Crítica:
El contenido cumple parcialmente con las expectativas del título. Falta contexto sobre el impacto real en la educación.
El Gobierno defiende que los currículos no recojan los números romanos ni la regla de tres en Matemáticas de Primaria
Gobierno elimina números romanos en Primaria
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Servinabar cobra millones sin servicios reales
Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, ingresó 6.707.294 euros entre 2015 y 2024 sin realizar aportaciones significativas en ocho Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La Guardia Civil documentó que las aportaciones de Servinabar fueron nulas o insignificantes en comparación con los importes recibidos. En la UTE Variante de Logroño, Servinabar no aportó capital pero ingresó 1.928.979 euros. En otra UTE, cobró 676.071 euros sin realizar ninguna aportación. En la UTE Pabellón Navarra Arena, aportó 17.000 euros y recibió 363.704,56 euros. La empresa también recibió 2.327.624 euros directamente de Acciona Construcción. El informe policial concluye que al menos el 75,33% de los ingresos de Servinabar provienen de Acciona. En el proyecto del Puente del Centenario de Sevilla, con un presupuesto de 84 millones de euros, Servinabar destinó solo un trabajador: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán. Los contratos entre Acciona y Servinabar presentan conceptuaciones ambiguas, como 'revision de riesgos laborales' por 2.028.267,54 euros. Las facturas de Servinabar también son imprecisas, indicando 'según contrato de gestión seguridad y salud'. La Guardia Civil destaca la imprecisión en la definición de conceptos en las facturas, lo que dificulta identificar los servicios pagados.
Fiscalía pide 24 años de cárcel a Ábalos
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Ambos están imputados junto al empresario Víctor de Aldama, para quien se piden 7 años de cárcel y una multa de 3.7 millones de euros. Las acusaciones derivan de irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos y Koldo García también deben indemnizar con 43.977 euros a Ineco y Tragsatec por manipular para beneficiar a la pareja de Ábalos. El fiscal pide el decomiso de 430.298 euros por ganancias del delito de cohecho. El caso comenzó en noviembre de 2023 cuando Aldama confesó los hechos ante la Audiencia Nacional, lo que le valió el atenuante de confesión. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo acordó el 3 de noviembre que se juzgue a los imputados por la compra de material sanitario durante la pandemia.
PP denuncia falseo en acta condonación
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido una carta a María Jesús Montero, presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), acusándola de falsear el acta de la reunión del 26 de febrero. En la carta del 13 de noviembre, subrayan que las catorce comunidades que abandonaron la reunión no votaron y, por tanto, no se abstuvieron. La vicepresidenta primera sostiene que abandonar el cónclave equivale a abstenerse. Los consejeros autonómicos del PP definen el Consejo Fiscal como una 'sesión de blanqueamiento' del acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC. Solicitan rectificar el acta y reemplazar 'Cataluña' por 'el señor Junqueras' en el párrafo 7. El CPFF se celebró como pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e incluye una propuesta de reforma de financiación autonómica. Montero anunció que presentará su propuesta de financiación 'entre enero y febrero', que será general para las comunidades de régimen común y respetará la 'singularidad' de Cataluña. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, fijó la posición del Ministerio en solitario, separándose del pacto con la Generalitat del 14 de julio. La propuesta incluye una cesión de competencias a Cataluña modulada mediante un trabajo 'en red' y la delegación de facultades de control de deducciones para las Agencias Tributarias regionales.
Santos Cerdán imputado por gastos personales
La UCO imputa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, el uso personal y familiar de una tarjeta de Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y al propio Cerdán. Entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, los cargos asociados a esta tarjeta ascendieron a 33.574 €. El informe de 227 páginas detalla pagos en restaurantes y viajes a Ibiza y Tenerife con la tarjeta. La UCO encontró mensajes entre Antxon Alonso y su mujer que muestran preocupación por los 'gastos desmedidos' de la mujer de Santos Cerdán. Tres directivos de Acciona han sido citados como investigados para el 3 de diciembre. La mujer, hermana y cuñado de Santos Cerdán se beneficiaron de la trama Koldo. Santos Cerdán permanece encarcelado desde junio por riesgo de destrucción de pruebas.
PSOE opera en Marruecos tras visita Sánchez
La trama de obras públicas del PSOE operó en Marruecos tras la visita de Pedro Sánchez en noviembre de 2018. El 28 de diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo información sobre ministros marroquíes, incluyendo a Aziz Rebbah. El 29 de diciembre, Ábalos informó a Koldo sobre un proyecto en Kenitra, Marruecos, relacionado con Acciona. Ábalos viajó a Fez el 3 de enero de 2019. El 14 de enero de 2019, Santos envió documentos sobre el proyecto del puerto de Kenitra a Koldo. La UCO detalló que la trama compartió intereses en proyectos internacionales, incluyendo Marruecos, durante la etapa ministerial de Ábalos y Koldo. El presidente Sánchez se reunió con el rey Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani durante su visita. La trama utilizó contactos con ministros marroquíes para avanzar en sus intereses. El proyecto de Kenitra implicaba un consorcio encabezado por Acciona para la adjudicación de la obra civil del nuevo puerto.
PP legalizará corte suministros okupas en Senado
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una proposición de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, permitiendo que el propietario de un inmueble ocupado ilegalmente pueda interrumpir los suministros básicos de la vivienda sin incurrir en delito. Esta iniciativa será aprobada el próximo miércoles, 20 de Noviembre de 2025, haciendo uso de la mayoría absoluta que ostenta la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta. Según el escrito de los 'populares', al que ha tenido acceso El Debate, la ocupación de un inmueble constituye una agresión ilegítima contra los derechos del propietario, privándole de la posesión de su bien. Históricamente, si la vivienda se convertía en domicilio de los okupas, incluso si el título de ocupación era ilegítimo, la interrupción de servicios esenciales podía interpretarse como una vulneración de sus derechos fundamentales, calificándose como delito de coacciones. El texto parlamentario hace referencia a una reunión del 7 de marzo de 2025, donde los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona unificaron criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. En dicha reunión, los jueces avalaron que los propietarios tienen la facultad de cortar los suministros a los okupas sin que esto sea considerado un delito de coacciones. Actualmente, el delito de coacciones se tipifica en el artículo 172 del Código Penal, aprobado por la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Específicamente, el apartado 1º describe el delito y el apartado 3º el delito menor (antigua falta), pudiendo cometerse mediante fuerza en las cosas, lo cual, hasta ahora, incluía el corte de suministro de luz o agua si no existía autorización legítima para ello. Aunque esta decisión se aplica inicialmente en Barcelona, ha sido valorada muy positivamente en el sector inmobiliario y considerada de sentido común. Se argumenta que la privación injusta de la propiedad no debe conllevar la obligación del propietario de mantener, a su costa, al usurpador. Se prevé que decisiones similares se adopten en juntas de jueces de otras provincias, lo que eventualmente llegará al Tribunal Supremo por vía de recurso, unificando la doctrina. Por tanto, la propuesta del PP busca modificar el artículo 172.1 del Código Penal para establecer que «la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones». Esta reforma legislativa busca clarificar la situación legal y proporcionar una herramienta adicional a los propietarios frente a la ocupación ilegal, eliminando la ambigüedad sobre la legalidad de cortar los servicios básicos. La aprobación en el Senado, el 20 de Noviembre de 2025, marcará un hito significativo en la legislación sobre la propiedad y la ocupación en España, con repercusiones directas en el ámbito inmobiliario y jurídico. La iniciativa del PP busca equilibrar los derechos del propietario con la protección de los derechos fundamentales de los ocupantes, redefiniendo los límites de las acciones permitidas en casos de ocupación ilegal de viviendas.
Albares oculta coste repatriación flotilla Gaza
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, ha denegado tres solicitudes de información de THE OBJECTIVE sobre el coste de la repatriación de españoles deportados de Israel, quienes participaron en la flotilla de Gaza y accedieron a una zona de exclusión militar. Fuentes no oficiales estiman el desembolso por encima de los 800.000 euros, cifra que incluiría dietas y el coste técnico del buque Furor. Exteriores, en sus respuestas vía Portal de Transparencia, arguye que revelar el coste exacto afectaría la privacidad de datos de los miembros de la flotilla, como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. La justificación de Exteriores, replicada en otras respuestas idénticas, evade detallar el gasto en billetes de avión, el flete de una aeronave militar A400M, y los gastos consulares, incluyendo los de dos etarras que se negaron a volar en un avión del Ejército. El Ministerio sostiene que no es posible publicar un listado individualizado de ayudas por la regulación de protección de datos, a pesar de que THE OBJECTIVE nunca solicitó datos personales, sino una estimación global de costes. El departamento de Albares ha eludido informar sobre ayudas consulares, billetes de vuelos civiles, traslados, costes operativos de las embajadas y consulados en Israel y Grecia, y la compra de teléfonos móviles y ropa, presuntamente sufragados con fondos públicos y tarjetas de crédito diplomáticas. La Unidad de Información y Transparencia de Exteriores afirma que estas ayudas económicas a la repatriación se rigen por la normativa española de protección y asistencia consular, contempladas en el presupuesto del Ministerio y tramitadas según la normativa vigente, pudiendo ser no reintegrables bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, esta postura contradice la Orden AUC/154/2022, que regula ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad o vulnerabilidad, y establece que deben ser devueltas al Estado en casi todos los casos. Solo se considerarían no reintegrables si las condiciones personales, sanitarias o jurídicas impiden al solicitante obtener recursos para el reintegro, o si la devolución implica una carga desproporcionada. Exteriores interpreta que no cobrar la factura a los activistas, como Ada Colau o Ana Alcalde (Barbie Gaza), evita una "carga desproporcionada". Otros países como Portugal, Suiza, Sudáfrica e Italia sí exigieron a sus nacionales en la flotilla el pago de los gastos, argumentando que la deportación fue consecuencia de una acción informada previamente y de su "responsabilidad individual".
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