El artículo presenta indicios de favoritismo en la adjudicación del contrato a Acciona pese a no ser la oferta más económica. La visita de Cerdán a Ceuta justo antes de la rectificación de los pliegos sugiere una posible influencia política.
La prensa internacional de izquierdas y conservadora destaca la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, rival política de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo impuso a Ortiz 2 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros el 20 de noviembre de 2025. Además, Ortiz deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Periódicos como 'The Guardian', 'The Independent', 'The Telegraph', 'The Washington Post' y la agencia 'Associated Press' resaltaron que la acción fue contra una rival política de Sánchez. La decisión del tribunal fue tomada con una votación de 5 a 2. La prensa destacó la gravedad del caso y su impacto en la política española.
La fundación Hay Derecho ha recurrido ante la Audiencia Nacional el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como vocal de la CNMV en septiembre de 2022. La organización cuestiona su idoneidad y alega falta de competencia en el mercado de valores. Bacigalupo fue consejero de la CNMC hasta su cese anticipado en 2022, y posteriormente fue nombrado en la CNMV por cuatro años más. Hay Derecho considera que el nombramiento incumple los requisitos legales y supone un conflicto de intereses, dado que su esposa, Teresa Ribera, era entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, y el nombramiento fue realizado por la ministra de Economía, Nadia Calviño. La fundación ya recurrió el nombramiento en noviembre de 2022, pero fue denegado por falta de legitimación activa. Tras un recurso de casación ante el Supremo, que dio la razón a Hay Derecho en julio de 2023, la Audiencia Nacional deberá ahora analizar el fondo del asunto. La demanda solicita la anulación del nombramiento y la imposición de costas a la Administración. La secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, argumenta que Bacigalupo no tiene experiencia ni formación en el sector del mercado de valores, y que su nombramiento ejemplifica la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La fundación destaca que el expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo y no incluye el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto. Hay Derecho ha logrado previamente que el Supremo anule otros nombramientos polémicos, como el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado en noviembre de 2023.
El Gobierno adjudicó a Acciona en febrero de 2022 la ampliación y mejora del Puerto de Ceuta por 18.171.317,12 euros. La obra sufrió un sobrecoste de 5.442.408,88 euros, elevando el coste total a 23.613.686,72 euros. El proyecto inicial tenía un plazo de ejecución de 24 meses, pero se amplió 11 meses más debido a 'actuaciones adicionales' y 'circunstancias sobrevenidas e imprevisibles'. La obra comenzó dentro de los márgenes habituales, pero en verano de 2023 se planteó la necesidad de un modificado de obra. En marzo de 2024, Ineco redactó el proyecto modificado. El Consejo de Ministros aprobó el modificado el 11 de junio de 2024. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró la obra el 20 de noviembre de 2025, un año y siete meses después de la fecha prevista inicialmente. La obra está cofinanciada con fondos europeos Feder, que exigen trazabilidad estricta de todas las desviaciones de coste y plazo. La adjudicación a Acciona se decidió por criterios técnicos, pese a que Vías y Construcciones presentó la oferta económica más baja. El pliego de prescripciones técnicas particulares no está disponible en la Plataforma de Contratación, lo que impide revisar la justificación de la adjudicación. La investigación de la Guardia Civil sobre la relación entre Santos Cerdán y Acciona coincide temporalmente con la tramitación de esta obra.
El PSOE enfrenta una crisis interna tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes gubernamentales califican el hecho de «golpe de Estado judicial» y «convulsión máxima». El presidente Pedro Sánchez expresó su «firme deseo de neutralizar esa amenaza y defender la soberanía popular». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó que «tenemos el deber legal de respetar el fallo pero el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos». La condena ha generado un estado de «shock» en el Gobierno y el partido. En chats internos de militantes se promovieron manifestaciones contra el Tribunal Supremo con mensajes como «Una concentración frente al CGPJ. Hay que salir, si seguimos callados nos seguirá pasando». La estrategia gubernamental de ligar el futuro de Álvaro García Ortiz al del Gobierno recibe críticas internas. El ciclo electoral en Extremadura comenzará en pocas semanas y podría extenderse hasta el verano. La cúpula de Moncloa y Ferraz prepara una nueva ofensiva contra el Poder Judicial y los medios de comunicación, similar a la iniciada en mayo de 2024 tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. La sentencia, dictada por mayoría, también incluye una multa de 7.300 euros y el pago de las costas procesales. García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. La resolución, pendiente de redacción, surtirá efectos tras su notificación. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, han emitido votos particulares en disconformidad con la sentencia. Los objetos intervenidos en los registros se devolverán a sus titulares o se destruirán. La Sala que preside Andrés Martínez Arrieta ha absuelto a García Ortiz del resto de los delitos. La multa se ha fijado en 20 euros diarios. La noticia se ha publicado y actualizado el 20 de Noviembre de 2025.
Silvia Intxaurrondo defendió a Santos Cerdán en su programa La Hora de La 1 tras conocerse un informe de la UCO que implica al ex secretario de organización del PSOE en cobro de comisiones del 2% por amaño de obra pública. Intxaurrondo y su colaborador Mateo Balín argumentaron que dichas comisiones eran legales al estar reflejadas en contratos. La presentadora justificó también el uso de una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar por parte de Cerdán y su familia, afirmando que al ser uno de los propietarios de la empresa, era lógico que tuviera dicha tarjeta. Además, defendió que el pago de un piso de alquiler a Cerdán era justificable. El informe de la UCO también implica a José Luis Ábalos y Koldo García en el cobro de comisiones. Intxaurrondo insistió en que las comisiones eran legales 'de entrada' y que la UCO no hablaba de 'mordidas' sino de 'comisiones legales'. La defensa de Cerdán justificó los gastos imputados a él y su familia, según Balín. El informe de la UCO pone en duda la realización de trabajo por parte de la mujer de Cerdán en la empresa Servinabar.
El abogado Alejandro Aldea defiende a José Luis Ansón, quien denunció un presunto soborno de 60.000 euros por parte de Pilar Alegría para retirar denuncias contra Félix Bolaños. Ansón, ex presidente del Partido Socialista de Aragón, denunció irregularidades y fue represaliado. Aldea afirma que hay pruebas y que su cliente está dispuesto a emprender acciones legales. La ministra Pilar Alegría ha amenazado con querellarse contra Ansón. El abogado ha detallado que Ansón recibió una sentencia rápida y fue sometido a inspecciones tributarias tras declarar en el juicio. El programa reprodujo un audio donde Ansón relata el encuentro con Alegría, quien le ofreció dinero y un trabajo a cambio de retirar las denuncias. Félix Bolaños ha sido mencionado en relación con las denuncias. La situación sigue en desarrollo con posibles acciones legales en curso.
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