El artículo revela detalles cruciales sobre la adjudicación y el sobrecoste de la obra en el Puerto de Ceuta, pero la ausencia del pliego técnico en la Plataforma de Contratación genera dudas sobre la transparencia del proceso. La coincidencia temporal entre la investigación de la Guardia Civil y la tramitación de la obra añade un elemento de sospecha.
La fundación Hay Derecho ha recurrido ante la Audiencia Nacional el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como vocal de la CNMV en septiembre de 2022. La organización cuestiona su idoneidad y alega falta de competencia en el mercado de valores. Bacigalupo fue consejero de la CNMC hasta su cese anticipado en 2022, y posteriormente fue nombrado en la CNMV por cuatro años más. Hay Derecho considera que el nombramiento incumple los requisitos legales y supone un conflicto de intereses, dado que su esposa, Teresa Ribera, era entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, y el nombramiento fue realizado por la ministra de Economía, Nadia Calviño. La fundación ya recurrió el nombramiento en noviembre de 2022, pero fue denegado por falta de legitimación activa. Tras un recurso de casación ante el Supremo, que dio la razón a Hay Derecho en julio de 2023, la Audiencia Nacional deberá ahora analizar el fondo del asunto. La demanda solicita la anulación del nombramiento y la imposición de costas a la Administración. La secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, argumenta que Bacigalupo no tiene experiencia ni formación en el sector del mercado de valores, y que su nombramiento ejemplifica la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La fundación destaca que el expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo y no incluye el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto. Hay Derecho ha logrado previamente que el Supremo anule otros nombramientos polémicos, como el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado en noviembre de 2023.
El presidente Pedro Sánchez envió al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a Ceuta el 7 de noviembre de 2021, dos semanas antes de rectificar los pliegos de la licitación para la ampliación del puerto de Ceuta. La obra, adjudicada a Acciona en febrero de 2022 por 18.6 millones de euros (IVA incluido), sufrió un sobrecoste de 5.4 millones de euros aprobado en junio de 2024. La licitación inicial se publicó el 30 de marzo de 2021 y fue adjudicada a Acciona pese a no ser la oferta más económica. El contrato sufrió varias incidencias administrativas, incluyendo la anulación de la licitación en mayo de 2021 y la posterior rectificación de los pliegos el 23 de noviembre de 2021. La obra fue inaugurada el jueves siguiente a la redacción de la noticia. Cerdán, como número tres del PSOE, mostró su apoyo a los militantes de Ceuta y destacó la preocupación del Comité Federal por la situación con Marruecos. La UCO investiga la relación entre Cerdán y Acciona.
El PSOE enfrenta una crisis interna tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes gubernamentales califican el hecho de «golpe de Estado judicial» y «convulsión máxima». El presidente Pedro Sánchez expresó su «firme deseo de neutralizar esa amenaza y defender la soberanía popular». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó que «tenemos el deber legal de respetar el fallo pero el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos». La condena ha generado un estado de «shock» en el Gobierno y el partido. En chats internos de militantes se promovieron manifestaciones contra el Tribunal Supremo con mensajes como «Una concentración frente al CGPJ. Hay que salir, si seguimos callados nos seguirá pasando». La estrategia gubernamental de ligar el futuro de Álvaro García Ortiz al del Gobierno recibe críticas internas. El ciclo electoral en Extremadura comenzará en pocas semanas y podría extenderse hasta el verano. La cúpula de Moncloa y Ferraz prepara una nueva ofensiva contra el Poder Judicial y los medios de comunicación, similar a la iniciada en mayo de 2024 tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. La sentencia, dictada por mayoría, también incluye una multa de 7.300 euros y el pago de las costas procesales. García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. La resolución, pendiente de redacción, surtirá efectos tras su notificación. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, han emitido votos particulares en disconformidad con la sentencia. Los objetos intervenidos en los registros se devolverán a sus titulares o se destruirán. La Sala que preside Andrés Martínez Arrieta ha absuelto a García Ortiz del resto de los delitos. La multa se ha fijado en 20 euros diarios. La noticia se ha publicado y actualizado el 20 de Noviembre de 2025.
Silvia Intxaurrondo defendió a Santos Cerdán en su programa La Hora de La 1 tras conocerse un informe de la UCO que implica al ex secretario de organización del PSOE en cobro de comisiones del 2% por amaño de obra pública. Intxaurrondo y su colaborador Mateo Balín argumentaron que dichas comisiones eran legales al estar reflejadas en contratos. La presentadora justificó también el uso de una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar por parte de Cerdán y su familia, afirmando que al ser uno de los propietarios de la empresa, era lógico que tuviera dicha tarjeta. Además, defendió que el pago de un piso de alquiler a Cerdán era justificable. El informe de la UCO también implica a José Luis Ábalos y Koldo García en el cobro de comisiones. Intxaurrondo insistió en que las comisiones eran legales 'de entrada' y que la UCO no hablaba de 'mordidas' sino de 'comisiones legales'. La defensa de Cerdán justificó los gastos imputados a él y su familia, según Balín. El informe de la UCO pone en duda la realización de trabajo por parte de la mujer de Cerdán en la empresa Servinabar.
El abogado Alejandro Aldea defiende a José Luis Ansón, quien denunció un presunto soborno de 60.000 euros por parte de Pilar Alegría para retirar denuncias contra Félix Bolaños. Ansón, ex presidente del Partido Socialista de Aragón, denunció irregularidades y fue represaliado. Aldea afirma que hay pruebas y que su cliente está dispuesto a emprender acciones legales. La ministra Pilar Alegría ha amenazado con querellarse contra Ansón. El abogado ha detallado que Ansón recibió una sentencia rápida y fue sometido a inspecciones tributarias tras declarar en el juicio. El programa reprodujo un audio donde Ansón relata el encuentro con Alegría, quien le ofreció dinero y un trabajo a cambio de retirar las denuncias. Félix Bolaños ha sido mencionado en relación con las denuncias. La situación sigue en desarrollo con posibles acciones legales en curso.
El Partido Popular (PP) difundió un vídeo en Instagram atacando al PSOE por la gestión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización que salió de prisión el miércoles pasado. La portavoz del PP, Ester Muñoz, criticó a la vicepresidenta María Jesús Montero durante el último pleno en el Congreso. Muñoz denunció que Cerdán usó una tarjeta hasta el día en que detuvieron a Koldo y acusó al Gobierno de Sánchez de 'vivir la vida padre con dinero de los demás'. Además, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo y destacó otros episodios de corrupción vinculados al PSOE. El vídeo combina montaje rápido y música rítmica para reforzar la contundencia de la intervención de Muñoz, que advirtió que los escándalos terminarán por estallar. El PP busca llegar al público de redes sociales con este tipo de contenido. La diputada del PP también criticó las declaraciones de Montero sobre el crecimiento económico y la redistribución, señalando que no compensan los escándalos que rodean al Ejecutivo socialista. El vídeo del PP destaca la polémica tarjeta usada por Cerdán y los presuntos contratos irregulares vinculados a su gestión. Muñoz concluyó advirtiendo que la gestión de Cerdán refleja un patrón de corrupción dentro del PSOE.
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