Crítica:
El artículo muestra la desconexión entre las prioridades de UGT y CCOO y las preocupaciones ciudadanas. La crítica al 'lawfare' y la desinformación parece alineada con la agenda del gobierno de Pedro Sánchez.
UGT y CCOO, más preocupados por el 'lawfare' y la sostenibilidad que por la carestía de la vida
Sindicatos priorizan 'lawfare' sobre carestía
Otros artículos
Cámaras policiales desmontan racismo sistémico
El movimiento Black Lives Matter nació en 2014 tras el tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Inicialmente, testigos afirmaron que Brown había levantado los brazos y gritado 'No dispares' antes de morir. Sin embargo, investigaciones posteriores y pruebas físicas revelaron que el policía había disparado en un forcejeo. Una de las principales reivindicaciones de Black Lives Matter era que los policías llevaran cámaras corporales. Según los departamentos de policía adoptaron estas cámaras, las imágenes mostraron que la policía actúa con profesionalidad y que la mayoría de las personas tiroteadas son víctimas de sus propios actos. Los vídeos han reducido el apoyo al movimiento Black Lives Matter. Aunque sigue habiendo casos de abusos policiales, la hipótesis del racismo sistémico ha sido desmentida por las mismas cámaras que se exigieron para demostrarlo. El impacto de las cámaras corporales ha sido significativo, mostrando que la policía generalmente actúa con profesionalidad. La adopción de cámaras corporales por parte de la policía ha llevado a una reducción en el apoyo a Black Lives Matter. Las imágenes de los tiroteos han demostrado que la mayoría de las personas tiroteadas son responsables de sus propios actos. El movimiento Black Lives Matter ha perdido fuerza e influencia desde que las cámaras corporales se han vuelto comunes. La policía ha mostrado paciencia en situaciones de crisis, incluso cuando se enfrentan a personas trastornadas. El uso de cámaras corporales ha proporcionado una visión más clara de los incidentes policiales.
Nueva tasa alcoholemia en España
Pere Navarro, director general de la DGT desde 2004, ha perseguido reducir la tasa de alcoholemia. En septiembre de 2024 se modificó la tasa, reduciéndola a 0,2 g/l en sangre y 0,1 mg/l en aire. La propuesta, pendiente en el Congreso desde marzo, busca reducir accidentes. Navarro ha estado al frente de la DGT con ambos gobiernos, PP y PSOE. La tasa inicial en 1981 era de 0,8 g/l en sangre y se ha ido reduciendo progresivamente. En 2006 se endurecieron las penas por alcoholemia y se introdujo la posibilidad de que conducir bajo los efectos del alcohol se convirtiera en delito penal. La nueva tasa aún no ha entrado en vigor y Navarro ha pedido a los grupos políticos que trabajen para aprobarla cuanto antes.
Catalanistas protestan contra Alicante castellanohablante
La Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organizó una manifestación en Alicante el 22 de noviembre de 2025 contra la declaración del Ayuntamiento que pide reconocer a la ciudad como municipio de predominio castellano. La protesta, convocada en las escaleras del IES Jorge Juan, contó con autobuses fletados desde Valencia, Gandía y Denia. La declaración del Ayuntamiento, aprobada el 26 de junio con los votos de PP y Vox, propone revisar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 para incluir a Alicante entre los municipios de predominio castellano. Vox fundamentó su apoyo con datos del sondeo sociolingüístico de 2021, que indicaba que más del 70% de los alicantinos usa habitualmente el castellano. La ACPV denuncia 'agresiones al valenciano' y 'retroceso lingüístico' por parte de las instituciones valencianas. La manifestación está respaldada por subvenciones de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central, que han permitido mantener el activismo catalanista en la región. En mayo de 2024, la Generalitat de Cataluña concedió 100.000 euros a Escola Valenciana, y el Ministerio de Cultura destinó otros 100.000 euros a asociaciones que promueven la 'unidad lingüística' en el arco catalán. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, propuso reformar los estatutos de la Academia Valenciana de la Lengua para renombrarla como Academia de la Lengua Valenciana, lo que requiere una mayoría de tres quintos en las Cortes Valencianas. La medida busca reforzar la identidad lingüística valenciana frente a la visión unitaria del catalán. Además, Mazón anunció una futura Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que vetará subvenciones a entidades que promuevan las tesis de los 'países catalanes' o nieguen el valenciano como lengua diferenciada.
Condena a García Ortiz golpea a Sánchez
La prensa internacional destaca la condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia por filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Medios como 'The Guardian', 'Le Figaro', 'The Telegraph', 'The Washington Post' y 'BBC' señalan que esta decisión judicial supone un golpe para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió a García Ortiz durante el proceso. La condena incluye una multa económica para indemnizar a González Amador. La prensa internacional subraya que esta sentencia se suma a las investigaciones por corrupción que afectan al entorno de Sánchez, incluyendo a su esposa y hermano. El caso ha tensado las relaciones entre el Gobierno de izquierdas de Sánchez y la oposición de derechas liderada por Díaz Ayuso. La sentencia es histórica, ya que es la primera vez que un fiscal general es condenado en España.
PSOE se persona en caso corrupción
El PSOE se ha personado como acusación popular en el caso mascarillas de Almería a pesar de haber aprobado una reforma para prohibir a los partidos políticos ejercer dicha acción. La reforma, actualmente en trámite parlamentario, busca limitar la acusación popular a entidades no vinculadas con partidos políticos o sindicatos. El caso implica a varios políticos del PP de Andalucía, incluyendo al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. El PSOE argumenta que actúa conforme a la ley vigente, aunque planea cambiarla. La reforma ha generado controversia, con partidos como PP y Vox oponiéndose a la limitación de la acusación popular. El ministro Félix Bolaños justificó la reforma señalando que la acusación popular es utilizada por ultraderechistas para perseguir a políticos progresistas. La aprobación de la reforma es incierta debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Gastos millonarios en especies invasoras
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) adjudicó un contrato por 370.301,96 euros para el seguimiento de especies exóticas invasoras acuáticas. La CHJ justificó este gasto debido a la presencia de especies invasoras que afectan el estado de las masas de agua superficiales. El mejillón cebra es una de las diez especies más peligrosas del planeta y está presente en el 70% de los embalses de la demarcación. Mientras tanto, el Gobierno mantiene paralizadas obras esenciales para evitar nuevas inundaciones, como las que causaron el desastre del 29 de octubre de 2024 durante la DANA. El Ministerio para la Transición Ecológica licitó un contrato de urgencia por 3,8 millones para reducir el riesgo de inundaciones en zonas afectadas. La CHJ había paralizado un proyecto para drenar y encauzar el barranco del Poyo en 2021, considerado prioritario desde 2009, debido a incompatibilidades con la Ley de Protección de la Huerta valenciana.
Gobierno corrige Ley ELA por exceso
El Consejo de Estado obligó al Gobierno a corregir la Ley ELA debido a excesos en requisitos para pacientes. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, debía rectificar un real decreto que imponía condiciones contradictorias con la ley. El decreto inicial exigía a los enfermos cumplir dos criterios: 'no presentar respuesta clínica significativa a los tratamientos' y 'no existir alternativa terapéutica autorizada'. Sin embargo, el Consejo de Estado dictaminó que solo era necesario cumplir uno de estos criterios. Además, se criticó al Ministerio por 'silenciar el coste' de la ley, afirmando que no tendría impacto presupuestario. El Congreso de los Diputados aprobó un real decreto para dotar a la Ley ELA con 500 millones de euros. La oposición criticó la tardanza del Gobierno, denunciando que 1.128 enfermos de ELA fallecieron sin recibir ayudas. El Partido Popular reprochó al Gobierno por tardar 376 días en financiar la ley.
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