El artículo presenta una visión general clara de las medidas que está tomando China para incentivar la natalidad, aunque podría profundizar más en las implicaciones económicas de estas políticas. La información sobre las diferentes ciudades y sus iniciativas es útil.
El Gobierno vasco gastó 7.042,20 euros en ikurriñas para repartir en el partido entre la selección de Euskadi y Palestina el 15 de noviembre en San Mamés. La compra se adjudicó el 12 de noviembre a Master Touch Publicidad, una agencia de Madrid. El evento contó con más de 50.000 asistentes y tuvo un fuerte componente político y de solidaridad con Palestina. La ikurriña es la bandera oficial del País Vasco y también se usa en el movimiento nacionalista. El encuentro fue calificado como 'histórico' por su carga simbólica y contó con la presencia de la ministra española Sira Rigo y el ministro palestino Jibril Rajoub. El círculo central del campo lució una reproducción del Guernica de Picasso y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Gaza.
La contratación pública en España opera en un escenario de descontrol con más de 26.000 adjudicadores activos y expedientes incompletos. Un informe de la Oirescon revela que en el 46,26% de 494 reclamaciones analizadas faltaban actas de mesa o informes de valoración. El sistema maneja 177.668 contratos anuales con posibles deficiencias. La falta de transparencia se extiende a las mesas de contratación cuya composición no se publica en formato abierto. El 95,38% de adjudicadores no publicó su programación anual de contratos en 2024. En 2025 se adjudicaron más de 15.000 contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad por un total de 7.900 millones de euros. La atomización y falta de estandarización impiden un control efectivo del gasto público.
Israel investiga si 50 millones de euros enviados por España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) acabaron en manos de Hamás. La ayuda española, parte de una coalición internacional, se destinaba supuestamente a pagar sueldos de funcionarios palestinos. La inteligencia israelí sospecha que el dinero financió a terroristas de Hamás y a familias de presos por terrorismo. La ANP tiene una ley que paga salarios a presos palestinos en cárceles israelíes, con recompensas mayores por atentados más graves. En 2024, Israel bloqueó fondos de la ANP por este motivo. España aportó 50 millones a un fondo de contingencia para la ANP, incluyendo 46 millones adicionales aprobados en Consejo de Ministros en noviembre. La inteligencia israelí detectó que terroristas liberados en octubre reclamaban pagos pendientes en oficinas de correos de Gaza y Cisjordania. La ANP modificó la ley en febrero de 2024, pero fuentes israelíes aseguran que los pagos continuaron. El importe recibido por los terroristas varía según sus circunstancias personales, con pagos mensuales de hasta 600 euros. En 2024, la ANP pagó alrededor de 117 millones de euros a familiares de Hamás.
La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, planea modificar las normas de etiquetado para permitir que productos del Sáhara Occidental se comercialicen como marroquíes, ocultando su verdadero origen. El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado reiteradamente que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos. Esta medida genera inquietud entre agricultores y eurodiputados, quienes denuncian competencia desleal y falta de transparencia. Las organizaciones agrícolas alertan sobre la dificultad para controlar la calidad y trazabilidad de productos cuyo origen se oculta. El sector agrario europeo, especialmente en España, enfrenta desafíos por la importación de productos de Marruecos y la permisividad de la Comisión. La eurodiputada de VOX, Mireia Borrás, ha denunciado la medida y registrado una objeción formal en la Eurocámara. La Comisión es acusada de actuar como 'oficina comercial de Marruecos', sacrificando los intereses del campo europeo. El Parlamento Europeo ha recibido la denuncia política. La decisión llega en un contexto de presión para el sector primario europeo debido a costes altos, exigencias medioambientales y competencia internacional.
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares al individuo detenido el pasado lunes en Melilla por presunta vinculación con delitos de terrorismo yihadista. El detenido está acusado de enaltecimiento, auto-radicalización y radicalización a terceros. Esta es la cuarta operación contra el terrorismo yihadista en Melilla en 2025. Las detenciones anteriores ocurrieron el 29 de octubre (tres personas), el 29 de enero (dos individuos) y el 11 de marzo (un detenido). Todas las operaciones subrayan la preocupación de los servicios de inteligencia sobre la actividad radical en la ciudad. Melilla sigue siendo un punto sensible en el mapa antiterrorista español debido a su localización geoestratégica y la presión migratoria.
El colectivo Sleeping Giants France lanzó una campaña contra Frontières para silenciarlo financieramente. Frontières informa sobre inmigración masiva y delincuencia sin autocensura. Sleeping Giants detectó anunciantes, publicó capturas y presionó para retirar publicidad. Frontières ganó tres procesos judiciales contra este tipo de campañas. La campaña ha generado reacciones transversales en Francia, con diputados y medios denunciando 'métodos mafiosos'. Frontières anunció que iniciará acciones legales para evitar que se repitan estas campañas contra otros medios. Sleeping Giants ha desembarcado en España y el Ayuntamiento de Barcelona promocionó su funcionamiento. La campaña comenzó en septiembre y ha perfeccionado su técnica con coordinación casi militar. El equipo de Frontières ha sido expuesto a juicios casi cada semana por asociaciones y ONG de izquierda. En 2019, Sleeping Giants logró que decenas de anunciantes retiraran su publicidad de Christine Kelly en CNews por invitar a Éric Zemmour. Marion Maréchal, Éric Ciotti y Sarah Knafo han denunciado públicamente estos métodos.
El informe del abogado general de la UE critica la Ley de Amnistía aprobada el 30 de mayo de 2024. Las objeciones coinciden con las aportaciones del equipo de Félix Bolaños durante la negociación con Junts y ERC entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Moncloa muestra 'reacción contenida' ante la decisión de Dean Spielman de remitir el articulado al Tribunal de Justicia de la UE para su validación en las próximas semanas. Carles Puigdemont ha invocado el informe para pedir su regreso a España. Fuentes jurídicas cercanas al proceso describen la negociación del PSOE como 'aturullada y opaca', centrada en aprobar la ley rápidamente a expensas del rigor jurídico. El borrador inicial se modificó sustancialmente durante las negociaciones, resultando en un texto final muy diferente. El abogado general de la UE ha destacado los pasajes más confusos de la ley, que coinciden con las aportaciones de los socialistas.
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