El contenido cumple con las expectativas del título al detallar la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE. La calidad informativa es alta, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales de los posibles delitos mencionados.
El PSOE ha apoyado una medida en la Unión Europea que permite a Marruecos ocultar el origen de sus productos. La votación se decidió por un solo voto en contra de la propuesta del PP. La modificación legislativa permite a Marruecos sustituir el país de origen por denominaciones regionales en el etiquetado de productos. Los eurodiputados del PP denunciaron que esto supone una competencia desleal para los agricultores españoles. El PP presentó una objeción formal que fue rechazada. La portavoz del PP europeo, Carmen Crespo, afirmó que el PSOE ha traicionado al sector agrícola español. España ha perdido el 50% de su cuota en tomate en la UE y hasta el 80% en el Reino Unido después del Brexit, mientras Marruecos ha incrementado su cuota en un 70%.
Instituciones Penitenciarias habría pagado a un ingeniero por mantenimiento en la prisión de Ceuta durante tres años mientras daba clases en un instituto. La Inspección Penitenciaria ha abierto una investigación interna tras una denuncia que revela presuntas irregularidades en diversos contratos de servicios de la cárcel. El ingeniero, I. A. M., tenía dedicación íntegra en el centro penitenciario pero trabajaba como profesor interino en el IES Abyla de Ceuta. Además, ha obtenido otros dos contratos en el centro penitenciario por un total de 24.000 euros anuales. La denuncia también señala que el administrador y la directora de la prisión estaban al tanto de la situación y tenían un acuerdo verbal con el trabajador. Los sindicatos piden depurar responsabilidades. La prisión de Ceuta sufrió un incendio en agosto en una infraestructura crítica debido a un cuadro eléctrico sobrecalentado y falta de mantenimiento. El Consejo de Ministros licitó un contrato de emergencia de 222.000 euros para subsanar el problema. Los empleados llevaban meses denunciando falta de repuestos y errores en los sistemas de alarmas y cámaras.
El comisario Villarejo afirma haber trabajado más para el PSOE que para el PP en una entrevista con THE OBJECTIVE. Describe su relación con la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde finales de los noventa. Explica que en 2005 o 2006 se formalizó su conexión con la Unidad Central de Información para monitorizar una sauna de ambiente homosexual frecuentada por individuos vinculados a ETA y al independentismo radical. Villarejo sostiene que su labor incluía la instalación de equipos de grabación para evitar atentados y reclutar confidentes. En 2014, recibió el encargo de analizar la figura de Pedro Sánchez tras su elección como secretario general del PSOE. El informe incluía información sobre perfiles relevantes que frecuentaban las saunas. Villarejo confirma la autenticidad de un audio que menciona supuestos problemas de Begoña Gómez para justificar ingresos. Asegura que solo ha salido a la luz el 1% del material incautado en 2017.
El Consejo de Ministros propuso el martes a Teresa Peramato como fiscal general del Estado. Los fiscales valoran positivamente su perfil técnico pero critican su vinculación con Dolores Delgado y la UPF. Peramato, de 63 años, ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ha ocupado diversos cargos relevantes. Su designación se considera continuista, siendo la cuarta consecutiva vinculada a la UPF. Los fiscales lamentan que sigue mandando Dolores Delgado y que su nombramiento responde a la influencia de esta. La carrera de Peramato ha estado marcada por ascensos bajo el mandato de Delgado, primero como ministra de Justicia y luego como fiscal general. La UPF ha sido criticada por copar nombramientos discrecionales en la Fiscalía. La APIF considera el nombramiento poco ilusionante y la AF pide a Peramato que recupere la imagen de imparcialidad de la institución. El CGPJ se pronunciará sobre su idoneidad el próximo miércoles.
José Luis Ábalos confirmó que Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi se reunieron en 2018 en un caserío vasco para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ábalos afirmó que fuentes presenciales le contaron sobre la reunión. Sánchez y Otegi negaron el encuentro, calificándolo de 'mentira' y 'rotundamente falso'. La vicepresidenta María Jesús Montero respaldó a Sánchez, cuestionando que se dé más credibilidad a Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo, que al presidente. El exasesor Koldo García, también presente supuestamente, confirmó la reunión. Montero sugirió que Ábalos podría estar cambiando su estrategia ante su inminente declaración en el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo'.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, a cargo de Arturo Zamarriego, ha citado a Santos Cerdán y Antonio Hernando para el 2 de febrero de 2026 a las 10:30 horas, en calidad de testigos. Esta citación se produce tras ser implicados por Leire Díez en el caso conocido como las "cloacas del PSOE". Junto a ellos, declararán los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero. Hamlyn, imputado en un caso de hidrocarburos y fugado en Dubái, mantuvo una videoconferencia grabada con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, donde Díez manifestó: «Quiero muerto al teniente coronel Balas». Por su parte, Luis del Rivero asistió a una reunión grabada con Ignacio Stampa. La providencia judicial advierte de multas de 200 a 5.000 euros por incomparecencia, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los cuatro comparecientes, al ser testigos, tienen la obligación legal de decir la verdad para evitar un delito de falso testimonio. El juez Zamarriego también ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica, a través de la Unidad adscrita de Policía Judicial, que mejore el audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa, correspondiente a la reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En caso de imposibilidad técnica, se procederá a su transcripción. Esta grabación supera las tres horas y presenta tramos de silencio y baja calidad sonora. Además, se ha pedido determinar si la grabación fue realizada por un asistente o por un tercero ajeno a la reunión. Asimismo, Zamarriego ha requerido al PSOE información sobre la vinculación de Leire Díez, Santos Cerdán y Antonio Hernando con el partido. La solicitud, dirigida a la unidad adscrita de Policía Judicial para su tramitación a través del secretario de Organización, pide detalles sobre si Leire Díez es o fue afiliada al PSOE, incluyendo fechas de alta y cese, actividades desempeñadas y remuneraciones percibidas. Se solicitan los mismos datos de afiliación, actividad real y percepciones económicas para Antonio Hernando y Santos Cerdán. Leire Díez ya declaró previamente, escuchó las grabaciones donde se presentaba como enviada de Cerdán, negó conocer a Pedro Sánchez, pero admitió reuniones con Cerdán, ahora citado.
José Luis Ábalos, exministro de Fomento y antiguo número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, ha desmentido al presidente del Gobierno, afirmando que Sánchez se reunió en 2018 con Arnaldo Otegi, líder de Bildu y etarra convicto. Ábalos aseguró en la red social X que "Esa entrevista existió", contradiciendo la versión de Sánchez. El presidente del Gobierno, durante un viaje oficial en Angola este lunes, había negado categóricamente una reunión suya, de Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) y Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018, calificándola de "mentira". Esta supuesta reunión habría tenido como objetivo asegurar el apoyo de Bildu para la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ábalos, exministro de Transportes, ha revelado que su información proviene de "fuentes presenciales", quienes le confirmaron la existencia de la cita para negociar la moción de censura contra Rajoy. La Moncloa, por su parte, intenta desacreditar la versión de Ábalos, insinuando que sus declaraciones son una reacción a su situación procesal. Ábalos está imputado en un caso de supuesto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, con la Fiscalía solicitando 24 años de cárcel para él. En contraste, para Víctor de Aldama, otro empresario investigado en la trama, se han pedido 7 años. Fuentes del Gobierno sugieren que "cuando alguien está a las puertas de la cárcel", puede manifestar este tipo de declaraciones. Subrayan que Ábalos podría no estar conforme con el trato recibido en comparación con otros investigados. A pesar de las dudas sobre la fiabilidad de Ábalos, el Gobierno confía en que Santos Cerdán no "se enganche a decir cosas que no sean o intentar trasladar dudas o sombras sobre los demás". Reconocen que "nunca se termina de conocer a las personas" y que "la gente se trastorna cuando está en los procesos judiciales", en clara alusión a Ábalos, pero esperan que no adopte "comportamientos extraños" como otros investigados que han colaborado con la Fiscalía a cambio de reducción de penas, como Aldama.
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