Crítica:
El artículo muestra la ineficiencia del Gobierno en el traslado de menores inmigrantes desde Canarias. La crítica al Ejecutivo canario por parte del ministro Ángel Víctor Torres parece descontextualizada.
El artículo muestra la ineficiencia del Gobierno en el traslado de menores inmigrantes desde Canarias. La crítica al Ejecutivo canario por parte del ministro Ángel Víctor Torres parece descontextualizada.
El Ministerio de Derechos Sociales pagó 45.905 euros por un informe sobre derechos sexuales de personas con discapacidad que no ha sido descargado. Publicado el 4 de septiembre en el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), acumula cero descargas y unas diez visualizaciones. El estudio, elaborado por Cocemfe, denuncia barreras estructurales que limitan el acceso a información y servicios de salud accesibles. Incluye testimonios de personas con discapacidad como Rosa, Arturo y María, que relatan experiencias de discriminación y falta de recursos adecuados. Cocemfe reclama políticas públicas específicas y formación para profesionales. El ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, también gastó 78.000 euros en material promocional para la Agenda 2030, incluyendo pines, bolsas y botellas reutilizables con el logotipo oficial. Este gasto no incluye indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación. El conocimiento ciudadano sobre los ODS permanece estancado según el CIS.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a José Luis Ábalos y Koldo García un delito de uso de información privilegiada relacionado con el rescate de Air Europa con 476M€. El juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional para ambos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal) y aprovechamiento de información privilegiada (artículo 418). Ábalos enfrenta una posible pena de 2 años de prisión y Koldo de 1 año y 6 meses. El delito implica un déficit de control que podría escalar responsabilidades hasta Pedro Sánchez. La nota de prensa favorable a Air Europa se publicó el 8 de agosto de 2020, antes de que la compañía solicitara oficialmente el rescate el 7 de septiembre. Ábalos asegura que no entiende por qué no se imputa a Air Europa ni a Jésica por presunto cohecho. La investigación apunta a un posible intercambio de favores, incluyendo un chalet vacacional en Marbella. Expertos en compliance como María de la Torre destacan que este delito señala un 'déficit de control' y conlleva inhabilitación especial para cargo público de hasta 12 años.
Aitziber Campión, concejal de Euskera en Pamplona por Bildu desde septiembre de 2025, carece de formación educativa formal. Su experiencia incluye trabajos como camarera en locales vinculados a la kale borroka. Fue responsable de organización en Sortu entre 2014 y 2019, formación política relacionada con ETA. Campión se autodenomina experta en Coaching, Mentoring y Glotodidáctica. El bar Iruñazarra S.A., donde trabajó entre 2011 y 2013, fue usado como almacén clandestino de material incendiario vinculado a la kale borroka hasta 2014, cuando cambió de propietario. La polémica se extiende a otros miembros de Bildu en el Ayuntamiento, como Endika Alonso (concejal de Seguridad Ciudadana), cuya formación se limita a un curso de Jardinería. Ambos casos generan controversia por la falta de formación específica para sus cargos. El 8 de noviembre de 2025, Endika Alonso mostró desconocimiento sobre el operativo en la Carpa Universitaria tras una agresión sexual.
La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa, autor del asesinato de un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023, debido a su enfermedad mental. La sentencia ordena su internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 30 años. Los magistrados apreciaron eximente completa de alteración psiquiátrica. El yihadista presentaba un cuadro de filiación esquizofrénica con descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades. La Fiscalía pedía hasta 50 años de cárcel por intento de asesinato y asesinato con carácter terrorista, pero la Sala de lo Penal descartó esta calificación al no apreciar una alteración grave de la paz pública ni un estado de terror en la población. La sentencia incluye indemnizaciones de 150.000 euros a la viuda del sacristán, 50.000 euros a cada uno de sus hijos y 17.000 euros a los familiares del sacerdote herido. La magistrada Carolina Rius emitió un voto particular defendiendo que el trastorno del acusado no debería impedir considerar sus actos como terrorismo, lo que permitiría a las víctimas acceder a ayudas específicas.
Menos de 24 horas después del acuerdo entre Gobierno y sindicatos, los funcionarios recibirán un incremento salarial del 2,5% en diciembre con efectos desde el 1 de enero de 2025. El aumento, parte de un pacto que incluye subidas del 11,4% en cuatro años, ha generado sorpresa entre los empleados públicos por su rapidez y se especula que podría estar relacionado con un eventual adelanto electoral. Los sueldos de los funcionarios oscilarán entre 11.112,92 euros y 34.801,72 euros anuales. El acuerdo también incluye la eliminación de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna y movilidad, y la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo. Las negociaciones fueron rápidas a pesar de las posturas inicialmente distanciadas. El incremento total previsto para los próximos años es del 11,4%, distribuido en un 2,5% retroactivo para 2025, un incremento fijo del 1,5% en 2026 (más un 0,5% adicional si la inflación es igual o superior al 1,5%), un 5% (o 4,5% si se confirma el adelanto del año anterior) en 2027, y un 2,4% en 2028.
Una empleada de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense declaró ante el juez que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, actuaba como interlocutora de Begoña Gómez en cuestiones relacionadas con el software del proyecto. La declaración se produjo el 28 de noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, donde el magistrado Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En noviembre de 2024, el juez abrió una nueva línea de investigación debido a una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. El juez imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo. Ahora, Peinado ordena diligencias para esclarecer si Gómez cometió un delito de intrusismo al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), así como documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software. La defensa de Gómez ha incidido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la Complutense. La interventora de la Universidad Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado que Gómez actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra TSC. El juez Peinado ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intromisión en la causa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La APM exige el cese de ataques contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial. Durante el XXVII Congreso Nacional de la APM, la presidenta Mª Jesús del Barco criticó la reforma del acceso a la carrera judicial y la falta de presupuestos para crear 2.500 plazas de jueces y fiscales. El ministro Félix Bolaños defendió la libertad de expresión y las reformas legales, asegurando que no afectan a la independencia judicial. La APM rechazó las declaraciones de Bolaños, calificándolas de «vicios ocultos». La Ley de Eficiencia ha reducido la pendencia un 5% en España y un 92% en Molina de Segura. El Gobierno planea crear 2.500 plazas de jueces en 3 años si se aprueba la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial.
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