El título refleja fielmente el contenido, aunque podría ser más específico sobre las provincias afectadas. La información detallada sobre las deficiencias en el sistema de protección a víctimas de violencia de género es alarmante y justifica la gravedad del asunto.
José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE, encarcelado en Soto del Real por presuntos delitos de corrupción, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez a través de redes sociales. Ábalos denunció la existencia de «líderes autoritarios, medios comprados y estado de Derecho degradado». Afirmó que «se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria». También cuestionó la decisión judicial que le llevó a prisión, calificándola de basarse en un «falso pretexto subjetivo» de riesgo de fuga. Ábalos destacó que es un diputado que acude semanalmente al Congreso, cuida de su madre de 96 años y tiene a un menor a su cargo. Agradeció el buen trato recibido en prisión por parte de funcionarios y otros internos. El ex ministro afirmó que su adaptación está siendo «menos traumática de lo que esperaba» aunque hace «mucho frío». Ábalos aseguró que «sigo fuerte y firme» y que la prisión provisional «no me van a doblegar ni a callar».
Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, fue contratado por Servinabar pese a tener antecedentes por adicción a drogas y por quemar la casa donde dormían su ex mujer y sus hijos en 2016. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le condenó a tres años de prisión por amenazas, daños y amenazas leves. Durante su condena en tercer grado, Servinabar le contrató como 'peón especialista' el 23 de septiembre de 2019. Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibió 53.130 euros. La empresa vinculada a Cerdán le destinó a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. Según el informe de la UCO, gracias a Muñoz Cano, Servinabar cobró 1,8 millones de euros de Acciona, de los que Cerdán se embolsó 450.000 euros. Vecinos de Muro confirmaron que Cerdán visitaba frecuentemente a sus cuñados en el pueblo y tenía un trato 'muy bueno'. La UCO investiga actualmente estas circunstancias como parte de la trama de presunta corrupción que rodea al PSOE por cobro de comisiones irregulares en contratos públicos. El caso está relacionado con otros temas como el caso Koldo, José Luis Ábalos y el Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Exteriores deberá revelar acuerdos con otros países para oficializar el catalán en la UE tras solicitud de THE OBJECTIVE. El Gobierno busca reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE. España registró la solicitud en septiembre de 2023 tras acuerdo con Junts. La propuesta requiere unanimidad de los 27 Estados miembros del Consejo. El coste anual estimado es de 132 millones de euros. José Manuel Albares declaró que 20 de 27 países están dispuestos a avanzar. Países como Finlandia, Austria, Suecia e Italia han mostrado dudas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado diálogos bilaterales con países clave como Alemania para lograr unanimidad. El Consejo de Transparencia obligó al Ministerio a revelar información sobre acuerdos alcanzados.
El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero debido a una maniobra política del PSOE. La elección de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico el 21 de diciembre le concede aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), lo que obliga a trasladar el caso. Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y cercano a Pedro Sánchez, será elegido diputado autonómico y su aforamiento afecta directamente al juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y malversación por su gestión en el Conservatorio de Música de Badajoz. Las fuentes judiciales confirman que la Audiencia Provincial de Badajoz no podrá celebrar el juicio y deberá remitirlo al TSJEX. Esta maniobra se suma a anteriores intentos de los acusados para retrasar el juicio, que incluían recusaciones y solicitudes de suspensión. El TSJEX resolverá rápidamente sobre la recusación presentada por la defensa, pero la elección de Gallardo hará que el juicio se traslade. El resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre tendrá un impacto directo en el proceso judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha levantado la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico educativo. La decisión permite sancionar a profesores que incumplan el proyecto lingüístico del centro. El decreto mantiene requisitos lingüísticos para docentes de nueva incorporación, como acreditar un nivel C1 de catalán. La Plataforma per la Llengua ha instado a la consejera de Educación, Esther Niubó, a aplicar sin dilaciones estos preceptos. El TSJC anuló 14 artículos del decreto en septiembre, pero el resto sigue vigente. Los artículos anulados incluían aquellos que situaban el catalán como lengua vehicular preferente en ámbitos como la docencia y la comunicación con las familias. El levantamiento cautelar permite que los artículos restantes recuperen su fuerza legal, regulando aspectos como la autonomía de los centros para definir sus proyectos lingüísticos y la obligación de garantizar la competencia en catalán y castellano al finalizar las etapas educativas.
El Banco de España ha visto deteriorado su ambiente laboral desde que José Luis Escrivá asumió el cargo en septiembre de 2024. Fuentes cercanas describen un 'régimen de terror' debido a su estilo de gestión jerárquico e intervencionista. Escrivá ha centralizado decisiones y reducido atribuciones a profesionales experimentados como la subgobernadora Soledad Núñez. La salida de directores generales como Ángel Gavilán ha sido polémica. El Banco ha sido incapaz de responder a críticas de la OCDE sobre la sostenibilidad de las pensiones. La OCDE advirtió que España se dirige al colapso si no reforma su sistema de pensiones. El prestigio de Escrivá ha disminuido en el Banco Central Europeo, donde sus intervenciones son ahora ignoradas. El mandato de Escrivá se extiende hasta 2030, lo que genera preocupación por la libertad de expresión de los empleados del Banco.
El Gobierno de Navarra, encabezado por la socialista María Chivite, enfrenta una crisis debido a los 6,2 millones de sobrecostes no justificados en las obras de los túneles de Belate. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuestionó la adjudicación de estas obras a la UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa propiedad de Santos Cerdán. Geroa Bai y Contigo-Zurekin exigieron responsabilidades políticas. Las piezas para sostener el túnel tuvieron un suplemento injustificado de casi el 50%, lo que supuso 4.564.000 euros. El método de excavación cambió sin justificación, encareciendo la obra 1,2 millones. Además, se usó dinamita en lugar de explosivo tipo gel, lo que requirió construir polvorines por 416.000 euros. El sobrecoste total fue de 8,5 millones de euros.
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