Crítica:
El artículo revela cómo una maniobra política del PSOE afecta directamente un juicio en curso, mostrando la intersección entre política y justicia. La información es precisa pero destaca la politización del proceso judicial.
El artículo revela cómo una maniobra política del PSOE afecta directamente un juicio en curso, mostrando la intersección entre política y justicia. La información es precisa pero destaca la politización del proceso judicial.
Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, fue contratado por Servinabar pese a tener antecedentes por adicción a drogas y por quemar la casa donde dormían su ex mujer y sus hijos en 2016. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le condenó a tres años de prisión por amenazas, daños y amenazas leves. Durante su condena en tercer grado, Servinabar le contrató como 'peón especialista' el 23 de septiembre de 2019. Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibió 53.130 euros. La empresa vinculada a Cerdán le destinó a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. Según el informe de la UCO, gracias a Muñoz Cano, Servinabar cobró 1,8 millones de euros de Acciona, de los que Cerdán se embolsó 450.000 euros. Vecinos de Muro confirmaron que Cerdán visitaba frecuentemente a sus cuñados en el pueblo y tenía un trato 'muy bueno'. La UCO investiga actualmente estas circunstancias como parte de la trama de presunta corrupción que rodea al PSOE por cobro de comisiones irregulares en contratos públicos. El caso está relacionado con otros temas como el caso Koldo, José Luis Ábalos y el Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Exteriores deberá revelar acuerdos con otros países para oficializar el catalán en la UE tras solicitud de THE OBJECTIVE. El Gobierno busca reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE. España registró la solicitud en septiembre de 2023 tras acuerdo con Junts. La propuesta requiere unanimidad de los 27 Estados miembros del Consejo. El coste anual estimado es de 132 millones de euros. José Manuel Albares declaró que 20 de 27 países están dispuestos a avanzar. Países como Finlandia, Austria, Suecia e Italia han mostrado dudas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado diálogos bilaterales con países clave como Alemania para lograr unanimidad. El Consejo de Transparencia obligó al Ministerio a revelar información sobre acuerdos alcanzados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha levantado la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico educativo. La decisión permite sancionar a profesores que incumplan el proyecto lingüístico del centro. El decreto mantiene requisitos lingüísticos para docentes de nueva incorporación, como acreditar un nivel C1 de catalán. La Plataforma per la Llengua ha instado a la consejera de Educación, Esther Niubó, a aplicar sin dilaciones estos preceptos. El TSJC anuló 14 artículos del decreto en septiembre, pero el resto sigue vigente. Los artículos anulados incluían aquellos que situaban el catalán como lengua vehicular preferente en ámbitos como la docencia y la comunicación con las familias. El levantamiento cautelar permite que los artículos restantes recuperen su fuerza legal, regulando aspectos como la autonomía de los centros para definir sus proyectos lingüísticos y la obligación de garantizar la competencia en catalán y castellano al finalizar las etapas educativas.
El Banco de España ha visto deteriorado su ambiente laboral desde que José Luis Escrivá asumió el cargo en septiembre de 2024. Fuentes cercanas describen un 'régimen de terror' debido a su estilo de gestión jerárquico e intervencionista. Escrivá ha centralizado decisiones y reducido atribuciones a profesionales experimentados como la subgobernadora Soledad Núñez. La salida de directores generales como Ángel Gavilán ha sido polémica. El Banco ha sido incapaz de responder a críticas de la OCDE sobre la sostenibilidad de las pensiones. La OCDE advirtió que España se dirige al colapso si no reforma su sistema de pensiones. El prestigio de Escrivá ha disminuido en el Banco Central Europeo, donde sus intervenciones son ahora ignoradas. El mandato de Escrivá se extiende hasta 2030, lo que genera preocupación por la libertad de expresión de los empleados del Banco.
El Gobierno de Navarra, encabezado por la socialista María Chivite, enfrenta una crisis debido a los 6,2 millones de sobrecostes no justificados en las obras de los túneles de Belate. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuestionó la adjudicación de estas obras a la UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa propiedad de Santos Cerdán. Geroa Bai y Contigo-Zurekin exigieron responsabilidades políticas. Las piezas para sostener el túnel tuvieron un suplemento injustificado de casi el 50%, lo que supuso 4.564.000 euros. El método de excavación cambió sin justificación, encareciendo la obra 1,2 millones. Además, se usó dinamita en lugar de explosivo tipo gel, lo que requirió construir polvorines por 416.000 euros. El sobrecoste total fue de 8,5 millones de euros.
La UCO de la Guardia Civil investiga la adjudicación de una obra en La Rioja a Acciona pese a que Sacyr presentó una oferta más ventajosa. La diferencia fue de solo dos centésimas (25.266 euros) y la obra finalmente costó más de 26 millones de euros adicionales por modificados posteriores. El director general de Carreteras, Javier Herrero, comunicó '¡Bingo en Logroño!' antes de la resolución oficial. Los investigadores detectaron un patrón de exclusión de ofertas competitivas y adjudicaciones a empresas señaladas en el manuscrito de Koldo García. La obra, de más de 123 millones de euros, fue la primera adjudicada por el Ministerio de Transportes a la trama del PSOE. Los funcionarios Ángel Salazar y Camino Arce fijaron el umbral de exclusión en 28.08%, excluyendo a Sacyr que ofertó 28.10%. La UTE de Acciona y Aquaterra se adjudicó el proyecto con una valoración técnica de 96.56 puntos frente a los 90.16 de Sacyr. La investigación analiza múltiples contratos con patrones similares de adjudicación irregular y modificados que elevaron sustancialmente los costes iniciales. El Tribunal Supremo podría llamar a declarar a los técnicos implicados.
El PSOE de Extremadura ofrece 109 euros a jóvenes para participar en un anuncio publicitario para las elecciones del 21 de diciembre. El candidato, Miguel Ángel Gallardo, está imputado por crear un puesto ficticio para el hermano de Pedro Sánchez. La campaña se lanza de forma anónima a través de WhatsApp, pidiendo fotos de cara y cuerpo a jóvenes de entre 20 y 30 años. El rodaje está previsto para el sábado en Mérida. Los jóvenes recibirán 50 euros por derechos de imagen y 59 euros por la jornada. Según el CIS, Vox es el partido preferido entre los jóvenes de 18 a 24 años con el 25.1%, mientras que el PSOE apenas alcanza el 12.9% en esta franja de edad. El caso Azagra, por el que Gallardo será juzgado del 9 al 14 de febrero junto con otros ocho procesados, implica prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La iniciativa del PSOE coincide con una tendencia de los jóvenes a apoyar postulados de derechas.
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