El contenido revela una campaña electoral turbia del PSOE en Extremadura. La falta de transparencia en la contratación de figurantes para el spot de Miguel Ángel Gallardo, candidato imputado, levanta sospechas de compra de voluntades juveniles.
El Gobierno de Navarra, encabezado por la socialista María Chivite, enfrenta una crisis debido a los 6,2 millones de sobrecostes no justificados en las obras de los túneles de Belate. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuestionó la adjudicación de estas obras a la UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa propiedad de Santos Cerdán. Geroa Bai y Contigo-Zurekin exigieron responsabilidades políticas. Las piezas para sostener el túnel tuvieron un suplemento injustificado de casi el 50%, lo que supuso 4.564.000 euros. El método de excavación cambió sin justificación, encareciendo la obra 1,2 millones. Además, se usó dinamita en lugar de explosivo tipo gel, lo que requirió construir polvorines por 416.000 euros. El sobrecoste total fue de 8,5 millones de euros.
La UCO de la Guardia Civil investiga la adjudicación de una obra en La Rioja a Acciona pese a que Sacyr presentó una oferta más ventajosa. La diferencia fue de solo dos centésimas (25.266 euros) y la obra finalmente costó más de 26 millones de euros adicionales por modificados posteriores. El director general de Carreteras, Javier Herrero, comunicó '¡Bingo en Logroño!' antes de la resolución oficial. Los investigadores detectaron un patrón de exclusión de ofertas competitivas y adjudicaciones a empresas señaladas en el manuscrito de Koldo García. La obra, de más de 123 millones de euros, fue la primera adjudicada por el Ministerio de Transportes a la trama del PSOE. Los funcionarios Ángel Salazar y Camino Arce fijaron el umbral de exclusión en 28.08%, excluyendo a Sacyr que ofertó 28.10%. La UTE de Acciona y Aquaterra se adjudicó el proyecto con una valoración técnica de 96.56 puntos frente a los 90.16 de Sacyr. La investigación analiza múltiples contratos con patrones similares de adjudicación irregular y modificados que elevaron sustancialmente los costes iniciales. El Tribunal Supremo podría llamar a declarar a los técnicos implicados.
El 30 de octubre de 2025, Pedro Sánchez negó en el Senado que su suegro, Sabiniano Gómez, hubiese financiado su campaña para las primarias de 2017 del PSOE. Sin embargo, Koldo García afirmó en OKDIARIO haber escuchado a Sánchez y Paco Salazar mencionar que Sabiniano aportaría 100.000 euros. Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, declaró que durante una conversación entre Sánchez y su círculo cercano se discutió la aportación de Sabiniano Gómez. Según García, se dijo que la aportación «ya está hecha» y «ya está gestionado». Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas, se mostró ambiguo sobre la financiación, mientras que Salvador de Foronda demostró que el portal web para donaciones estaba registrado a nombre de Sánchez. Koldo reveló también que se practicó «pitufeo» con inmigrantes que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para evadir límites legales. El Código Penal establece sanciones para quien mienta en una comisión parlamentaria, incluyendo prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
El Ministerio de Derechos Sociales pagó 45.905 euros por un informe sobre derechos sexuales de personas con discapacidad que no ha sido descargado. Publicado el 4 de septiembre en el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), acumula cero descargas y unas diez visualizaciones. El estudio, elaborado por Cocemfe, denuncia barreras estructurales que limitan el acceso a información y servicios de salud accesibles. Incluye testimonios de personas con discapacidad como Rosa, Arturo y María, que relatan experiencias de discriminación y falta de recursos adecuados. Cocemfe reclama políticas públicas específicas y formación para profesionales. El ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, también gastó 78.000 euros en material promocional para la Agenda 2030, incluyendo pines, bolsas y botellas reutilizables con el logotipo oficial. Este gasto no incluye indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación. El conocimiento ciudadano sobre los ODS permanece estancado según el CIS.
El Gobierno ha trasladado solo 38 menores inmigrantes desde Canarias en tres meses desde la modificación de la ley de extranjería. Canarias tutela a 1.700 jóvenes, superando la capacidad de acogida. El ministro Ángel Víctor Torres criticó la lentitud del Ejecutivo canario, que ha enviado 449 expedientes de los 2.826 menores en situación de contingencia migratoria. El Gobierno debe informar a Canarias dónde enviar a los menores y hablar con comunidades autónomas para establecer cupos de acogida. La ley ha establecido un proceso que se retrasa por errores burocráticos y negativa de regiones a aceptar a los jóvenes. El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hacerse cargo de menores con protección internacional. El Estado ha asumido la tutela de la mayoría de estos jóvenes, quedando 70 casos pendientes. La red de protección internacional para menores es insuficiente y no cumple con los requisitos mínimos. Llegan nuevos menores migrantes a las islas, con 200 llegadas desde la aprobación de la norma, de los que solo 41 han sido trasladados.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a José Luis Ábalos y Koldo García un delito de uso de información privilegiada relacionado con el rescate de Air Europa con 476M€. El juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional para ambos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal) y aprovechamiento de información privilegiada (artículo 418). Ábalos enfrenta una posible pena de 2 años de prisión y Koldo de 1 año y 6 meses. El delito implica un déficit de control que podría escalar responsabilidades hasta Pedro Sánchez. La nota de prensa favorable a Air Europa se publicó el 8 de agosto de 2020, antes de que la compañía solicitara oficialmente el rescate el 7 de septiembre. Ábalos asegura que no entiende por qué no se imputa a Air Europa ni a Jésica por presunto cohecho. La investigación apunta a un posible intercambio de favores, incluyendo un chalet vacacional en Marbella. Expertos en compliance como María de la Torre destacan que este delito señala un 'déficit de control' y conlleva inhabilitación especial para cargo público de hasta 12 años.
Aitziber Campión, concejal de Euskera en Pamplona por Bildu desde septiembre de 2025, carece de formación educativa formal. Su experiencia incluye trabajos como camarera en locales vinculados a la kale borroka. Fue responsable de organización en Sortu entre 2014 y 2019, formación política relacionada con ETA. Campión se autodenomina experta en Coaching, Mentoring y Glotodidáctica. El bar Iruñazarra S.A., donde trabajó entre 2011 y 2013, fue usado como almacén clandestino de material incendiario vinculado a la kale borroka hasta 2014, cuando cambió de propietario. La polémica se extiende a otros miembros de Bildu en el Ayuntamiento, como Endika Alonso (concejal de Seguridad Ciudadana), cuya formación se limita a un curso de Jardinería. Ambos casos generan controversia por la falta de formación específica para sus cargos. El 8 de noviembre de 2025, Endika Alonso mostró desconocimiento sobre el operativo en la Carpa Universitaria tras una agresión sexual.
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