El contenido revela prácticas cuestionables dentro de la Policía Nacional, pero el artículo podría profundizar más en las implicaciones legales y éticas de estas acciones. La desmentida del jefe superior de la Policía Nacional añade controversia al asunto.
La Guardia Civil de Huelva enfrenta el narcotráfico con una furgoneta cedida de más de 20 años. La patrulla fiscal vigila 120 km de costa y lleva medio año sin vehículo propio. Fernando Grande-Marlaska destaca en la lucha contra el narcotráfico pese a la falta de medios. La asociación Independientes de la Guardia Civil denuncia la falta de recursos y la antigüedad de los vehículos. La unidad de Huelva recibió una furgoneta de más de 20 años como solución temporal. Los agentes consideran que el vehículo no reúne las condiciones adecuadas para garantizar un servicio de calidad. El vicepresidente de la IGC, Daniel Fernández, critica la desproporción entre los medios de la narcoindustria y los recursos de la Guardia Civil. La Guardia Civil de Huelva necesita más vehículos y personal para combatir el narcotráfico. La comandancia de Huelva solicitó más vehículos, pero la adjudicación depende del crédito presupuestario disponible. La IGC insiste en que los guardias civiles necesitan ventaja tecnológica, personal especializado y respaldo político firme. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emite mensajes autocomplacientes que no reflejan la realidad operativa. La presión de trabajo de los guardias civiles es constante y creciente. La Guardia Civil vigila desde la desembocadura del Guadalquivir hasta casi el límite con Portugal.
El Gobierno español ha enviado cientos de miles de euros a Filipinas para proyectos de 'empoderamiento' a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Entre 2021 y 2025, se han destinado cantidades significativas a diversos proyectos. En 2021, se enviaron 5.6 millones de euros para la 'transición de Bangsamoro' y 'justicia y sociedad UE-Aecid'. En 2023, se destinaron 350.000 euros al proyecto 'Ellas+ Filipinas' y 825.000 euros a Acciona para energía renovable en Palawan. En 2024, se asignaron 700.000 euros a 'Sulong Peace, Inc.' para mejorar la resiliencia de comunidades vulnerables. En 2025, se enviaron 208.408 euros para el 'empoderamiento de las mujeres en la gobernanza minera' y 139.312 euros para 'fortalecimiento de la protección de derechos humanos'. El Tribunal de Cuentas cuestionó la justificación del proyecto Subatra Justicia y Sociedad, que recibió 5.6 millones de euros. La relación entre España y Filipinas es histórica debido a que Filipinas fue colonia española durante más de 300 años. Filipinas enfrenta corrupción institucionalizada y crisis de credibilidad en sus poderes públicos. La población filipina continúa movilizada contra esta situación, lo que genera inestabilidad en la gestión pública. Las ayudas de cooperación española son objeto de investigaciones por corrupción política en Filipinas.
El Ministerio del Interior considera nombrar a la teniente coronel Laura Gómez Campo para liderar el departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Gómez Campo (49 años, San Sebastián) fue la primera mujer en dar clases en la Academia de Guardias de la Guardia Civil en 2022 y posteriormente se convirtió en la primera jefa de Estudios de la Academia de Oficiales de Aranjuez. Su nombramiento busca dar un giro femenino a la Guardia Civil, donde las mujeres representan solo el 11% de la plantilla. La decisión está influenciada por Mercedes González, directora de la Guardia Civil. El Gobierno busca relevar con mujeres a los responsables de investigaciones sensibles como el caso Koldo y la investigación sobre Begoña Gómez. Antonio Balas será ascendido en primavera y dejará su cargo. El Gobierno también considera a María Dolores Gimeno para sustituir a Rafael Vicente Yuste al frente de la UCO tras su ascenso a general de Brigada. La UCO ha descubierto información sensible en discos duros encontrados en el registro domiciliario de Koldo García. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha sido criticado por alinearse con el Ejecutivo y colaborar en desacreditar a la UCO.
Nicole Neacsu, amiga de Koldo García, cobró 88.724 euros de Emfesa, empresa pública vinculada a ADIF. Trabajó 30 meses como delegada territorial de la zona Norte. Su contratación se ajustó a la normativa interna según Emfesa. Koldo García la conoció en el prostíbulo Rosalex de Pamplona donde ella trabajaba como encargada en Olimpo, un club de alterne en Burlada (Navarra). García solicitó un favor personal a Santos Cerdán para ayudar a Neacsu a encontrar trabajo en Valencia. La empresa justificó su contratación a través de su bolsa de empleo activa. Neacsu realizó diversas funciones en Emfesa, incluyendo verificar información para el director del contrato y localizar puntos de acopio para residuos especiales. Su salario se distribuyó en 6.474 euros en 2022, 36.326 euros en 2023 y 37.997 euros en 2024. Vicente Calzado, director de Emfesa, fue acusado de nepotismo por contratar a seis personas de su confianza.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, usó una tarjeta de crédito de Servinabar para gastos personales en Ibiza tras lograr un contrato de 240 millones para Acciona en Baleares. La Unidad Central Operativa (UCO) detectó un aumento en el uso de la tarjeta de Servinabar por parte de Cerdán entre el 3 y 14 de agosto de 2022, coincidiendo con una estancia en Ibiza con su familia. Los gastos incluían chiringuitos, restaurantes y la discoteca Ushuaïa. La adjudicación del contrato a Acciona por 198 millones de euros (240 millones con impuestos) se realizó en mayo de 2022 y se formalizó el 6 de julio de 2022. Ese año, Acciona ingresó 1,18 millones de euros en Servinabar, presumiblemente como 'comisión' por el contrato. Además, Cerdán usó la tarjeta para gastos de campaña en las elecciones andaluzas de junio de 2022 en Málaga y Sevilla. La UCO investiga estos movimientos como parte de una trama de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado 'información relevante' en el teléfono Huawei Mate 40 Pro de Joseba García, hermano de Koldo García, investigado en la trama corrupta. El magistrado Ismael Moreno ha ordenado incorporar este informe a la causa. La Guardia Civil incautó más de 170 dispositivos a los implicados en febrero de 2024, incluyendo al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Koldo García se acogió a su derecho a no declarar sin acceso a sus dispositivos incautados. Solo Víctor de Aldama ha podido acceder al contenido de sus teléfonos tras recibir un disco duro con la copia de los datos. Joseba García fue investigado por sus vínculos con la trama y declaró como testigo en el Tribunal Supremo por dos viajes a República Dominicana en 2021. Una testigo confirmó que Joseba García recibió 10.000 dólares en uno de esos viajes.
El hijo de José Luis Ábalos denuncia que el PSOE pagó los honorarios de su abogado, José Aníbal Álvarez, para mantenerlo controlado y minimizar el perjuicio para la imagen del partido. Ábalos estuvo en prisión provisional desde el 27 de noviembre y cambió de abogado el 13 de octubre. Víctor Ábalos, hijo del exministro, afirma que Ferraz abonó los gastos de defensa para controlar a su padre. El exministro rompió con Álvarez debido a 'diferencias irreconducibles' y 'deterioro de confianza'. Víctor Ábalos comparecerá en la 'comisión Koldo' del Senado para explicar los ofrecimientos de Ferraz a su padre tras la detención de Koldo García y su imputación. José Aníbal Álvarez ha negado haber recibido dinero del PSOE y afirma que fue contratado por Ábalos. El abogado envió la minuta al Tribunal Supremo por once meses y siete días de asistencia legal.
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