Crítica:
El titular, aunque sensacionalista, cumple la promesa de la noticia. Sin embargo, la fecha del titular y del contenido (2025) sugiere una prepublicación o especulación que desorienta sobre la actualidad real del suceso.
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Hacienda investiga 2,4M€ a amiga de Begoña Gómez
La Agencia Tributaria investiga desde hace meses una declaración formal que detalla un presunto pago de 2,4 millones de euros a Leticia Lauffer, empresaria cercana a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este pago se habría realizado por la intervención de Lauffer para acelerar el rescate de Air Europa durante la pandemia. La investigación cobra relevancia tras las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, quienes, bajo prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, han vinculado a Gómez con los beneficiarios del rescate de 475 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros. La declaración, a la que "El Debate" tuvo acceso, afirma que Lauffer percibió 2,4 millones de euros por sus "gestiones para acelerar el rescate de Air Europa", presuntamente a través de un familiar o testaferro. Hacienda está contrastando esta información con elementos documentales, movimientos económicos y relaciones societarias. La conexión entre Lauffer y Gómez se inició en septiembre de 2019, durante un viaje a San Petersburgo para un congreso de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde coincidieron también Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, y Víctor de Aldama. En esa ocasión, Gómez consultó a su marido sobre la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela con Air Europa, un asunto mencionado por la UCO en sus informes, que destacaban la intermediación previa de José Luis Rodríguez Zapatero. La relación entre Lauffer y Gómez se profundizó, viajando juntas a Londres en marzo de 2020 para actividades turísticas y de innovación. Lauffer dirigía Wakalua, una filial de Globalia creada en enero de 2019 con la OMT, cuya sede estaba ligada a Juan Carlos Barrabés, empresario que obtuvo contratos por casi 20 millones de euros tras una recomendación de Gómez. Ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Lauffer reconoció una "relación muy cercana" con Gómez. Javier Hidalgo, antes de la aprobación del rescate, buscó la intervención de Gómez, según un mensaje de Aldama a Koldo García que decía: "Está muy jodido… Acaba de llamar a Begoña". Este hecho es clave para los investigadores. Lauffer ha negado el cobro de cualquier cantidad investigada por Hacienda. La Agencia Tributaria sigue cruzando datos del caso Koldo, examinando el testimonio, la cronología de contactos y las conexiones empresariales de Wakalua para determinar si los 2,4 millones corresponden a una operación opaca o a relaciones comerciales lícitas. La investigación explora la intersección de intereses económicos, vínculos personales y decisiones políticas en una de las operaciones financieras más sensibles de la pandemia.
Sánchez gasta 45.000 euros en vacaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gastó 44.975,19 euros en sus vacaciones de verano en La Mareta (Canarias), según documentos obtenidos por El Debate. El gasto incluye 11.322,65 euros en alojamiento, 22.711,41 euros en manutención y 10.941,13 euros en locomoción. Moncloa se negó a revelar los nombres de los invitados y las facturas correspondientes por razones de Seguridad Nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a Moncloa revelar la lista de invitados y el importe de las dietas de la Guardia Civil. Sánchez estuvo acompañado por su familia, incluyendo su mujer Begoña Gómez y sus hijas. La Guardia Civil desplegó un importante dispositivo de seguridad con casi medio centenar de agentes. El cierre del espacio marítimo de La Mareta durante las vacaciones también ha generado controversia.
Tezanos cobra 700.000€ en el CIS
José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha cobrado más de 700.000 euros por dirigir el ente público desde 2018. Además, ha recibido 146.244,41 euros en subvenciones para su negocio editorial privado a través de Iniciativas Editoriales Sistema SA y Fundación Sistema. Tezanos compareció en la comisión de investigación del Senado el 10 de diciembre de 2025 sobre su gestión, marcada por acusaciones de manipulación y malversación de caudales públicos. Desde 2018, Tezanos ha ganado 48.453,18 euros en la segunda mitad de ese año y más de 90.000 euros anuales en los años sucesivos, alcanzando los 101.210 euros en 2023 y 103.252,69 euros en 2024. Su negocio editorial ha recibido subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez para la edición de revistas como 'Temas para el debate' y 'Sistema'. Iniciativas Editoriales Sistema SA obtuvo subvenciones de la Dirección General del Libro por un total de 50.958,65 euros entre 2019 y 2025. La Fundación Sistema recibió ayudas del Ministerio de Cultura por 68.402,76 euros en el mismo periodo. Además, la Fundación Sistema obtuvo 12.000 euros del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2019 para un congreso internacional. Iniciativas Editoriales Sistema SA también fue adjudicataria de un contrato menor de 14.883 euros de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera para un estudio sobre la reforma de la Constitución Española de 1978.
Supremo condena a García Ortiz por filtración
La Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos por filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y difundir una nota informativa de la Fiscalía. La sentencia establece que García Ortiz quebrantó su deber de reserva sin justificación, vulnerando el deber de confidencialidad. El tribunal destacó que el fiscal general no puede responder a noticias falsas cometiendo un delito. La filtración se produjo en un contexto de tensión política, afectando al entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. La Fiscalía General del Estado defendió la difusión de datos para contrarrestar 'burdas falsedades' en medios. Sin embargo, el Supremo consideró que esto no justificaba la vulneración de obligaciones legales de confidencialidad. Dos magistradas emitieron un voto particular discrepante, propugnando la absolución de García Ortiz al no considerar probado que él filtrase el correo electrónico ni que existiera delito en la difusión de la nota informativa.
PSOE pagaba salarios en efectivo hasta 2021
José Luis Ábalos afirma que hasta 2021 todos en el PSOE cobraban en efectivo. Describe un sistema institucionalizado de pagos en metálico que considera una 'larga cultura' en el partido. El exministro rebate a quienes niegan esos pagos, asegurando que todos cobraban de la misma forma. La UCO y el juez Ismael Moreno investigan estos pagos entre 2017 y 2024. Ábalos menciona que el cambio a pagos por transferencia ocurrió en 2021, decisión tomada por la gerencia del partido. El escándalo salpica a figuras como Koldo García, mano derecha de Ábalos, y al presidente Pedro Sánchez. Ábalos asegura tener comprobado en sus cuentas que las transferencias a Koldo García se realizaron después de haber sido adelantadas por éste.
Subvenciones millonarias a partidos y sindicatos
La Administración General del Estado publicó en 2024 una vista con 30.000 registros de subvenciones públicas superiores a 100.000€. Los datos muestran que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales recibieron cerca de 400 millones de euros en subvenciones directas. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) recibió 7,2 millones, seguido del PP con 5,9 millones y el PSOE con 5,5 millones. Sindicatos como UGT recibieron más de 50 millones y CCOO unos 32 millones. Organizaciones empresariales como la CEOE obtuvieron más de 12 millones y sus confederaciones territoriales otros 30 millones. Las fundaciones vinculadas a estos grupos también recibieron fondos públicos significativos, como la Fundación Laboral de la Construcción con 23 millones y la Fundación Insular Canaria con 7 millones. La información no está consolidada y faltan datos de subvenciones menores a 100.000€. La falta de transparencia y control en la concesión y seguimiento de estas subvenciones genera críticas.
Narcotráfico se dispara 8,4% en Cataluña.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado el desmantelamiento de los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta situación se produce a pesar de que Cataluña ha registrado 2.657 infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas en el primer semestre de 2025, un incremento del 8,4% respecto a 2024, superando a Andalucía (2.116 casos, reducción del 8,1%). Durante los siete años de mandato de Marlaska, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Barcelona ha sufrido una reducción del 30% en sus grupos, pasando de seis a cuatro, y los agentes se han reducido a la mitad, de 14 a siete. Esta información fue proporcionada a OKDIARIO por Rocío Caballero Martínez, secretaria general del sindicato CEP en Cataluña. Los grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, con base en La Verneda, operan en toda la comunidad autónoma, combatiendo el narcotráfico a gran escala. Fuentes policiales de la Udyco en Cataluña afirman sentirse "abandonados", una situación confirmada por el comité regional de la CEP Cataluña, que advierte cómo esta merma "está favoreciendo el incremento de esta lacra y el asentamiento de más grupos de narcotraficantes en la zona". La reducción de efectivos implica que cada grupo ahora asume una o dos investigaciones, frente a las cuatro que manejaban antes, dejando otras sin investigar. La CEP ha solicitado urgentemente refuerzos de personal y material, criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está haciendo sus deberes" en la lucha contra el crimen organizado, mientras mafias como la Mocro Mafia, la mafia albanesa y la dominicana se asientan en España con material de guerra y vehículos superiores. La reducción de personal también afecta a las unidades de inmigración y terrorismo, con plantillas mermadas casi a la mitad, lo que, según la CEP, "supone un grave riesgo para la seguridad nacional" y obedece a una estrategia para "contentar al independentismo". Asimismo, Marlaska no está reemplazando a los comisarios jubilados en Cataluña, lo que resulta en comisarías gestionadas por inspectores jefes o inspectores, considerados "mano de obra barata". La secretaria general de la CEP en Cataluña señala que el objetivo del Gobierno es que, en dos años, las funciones de la Policía Nacional en la comunidad se limiten a gestión de documentación y Extranjería (DNI, pasaportes, control de Extranjería), "vaciando de competencias" a la Policía Nacional. Esta política contrasta con otros territorios donde los mandos son reemplazados rápidamente. La CEP denuncia que la Brigada Provincial de Información de Barcelona también está siendo desatendida para que los Mossos d’Esquadra asuman su trabajo en el futuro, incluyendo las brigadas de Policía Judicial y Extranjería. El sindicato también se opone a la pretensión del Gobierno de declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como lugar de memoria democrática, considerándolo "un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo" y una "hoja de ruta marcada por el independentismo cuyo fin no es otro que echar a los policías nacionales de Cataluña". La CEP atribuye a Marlaska el desmantelamiento de brigadas por no ofrecer incentivos, como un complemento retributivo o un sistema de puntuación similar al del País Vasco, lo que fomenta la marcha de agentes. Rocío Caballero critica el uso de la seguridad como "moneda de cambio" para mantenerse en el poder, previendo la "extinción" del Cuerpo en Cataluña y exigiendo la dimisión de Marlaska.
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