El artículo presenta una crítica mordaz hacia José Félix Tezanos por los cobros percibidos tanto en su cargo público como en su negocio privado, sugiriendo una posible falta de ética. La información detallada sobre las subvenciones recibidas refuerza la percepción de que Tezanos se ha beneficiado del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos por filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y difundir una nota informativa de la Fiscalía. La sentencia establece que García Ortiz quebrantó su deber de reserva sin justificación, vulnerando el deber de confidencialidad. El tribunal destacó que el fiscal general no puede responder a noticias falsas cometiendo un delito. La filtración se produjo en un contexto de tensión política, afectando al entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. La Fiscalía General del Estado defendió la difusión de datos para contrarrestar 'burdas falsedades' en medios. Sin embargo, el Supremo consideró que esto no justificaba la vulneración de obligaciones legales de confidencialidad. Dos magistradas emitieron un voto particular discrepante, propugnando la absolución de García Ortiz al no considerar probado que él filtrase el correo electrónico ni que existiera delito en la difusión de la nota informativa.
José Luis Ábalos afirma que hasta 2021 todos en el PSOE cobraban en efectivo. Describe un sistema institucionalizado de pagos en metálico que considera una 'larga cultura' en el partido. El exministro rebate a quienes niegan esos pagos, asegurando que todos cobraban de la misma forma. La UCO y el juez Ismael Moreno investigan estos pagos entre 2017 y 2024. Ábalos menciona que el cambio a pagos por transferencia ocurrió en 2021, decisión tomada por la gerencia del partido. El escándalo salpica a figuras como Koldo García, mano derecha de Ábalos, y al presidente Pedro Sánchez. Ábalos asegura tener comprobado en sus cuentas que las transferencias a Koldo García se realizaron después de haber sido adelantadas por éste.
La Administración General del Estado publicó en 2024 una vista con 30.000 registros de subvenciones públicas superiores a 100.000€. Los datos muestran que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales recibieron cerca de 400 millones de euros en subvenciones directas. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) recibió 7,2 millones, seguido del PP con 5,9 millones y el PSOE con 5,5 millones. Sindicatos como UGT recibieron más de 50 millones y CCOO unos 32 millones. Organizaciones empresariales como la CEOE obtuvieron más de 12 millones y sus confederaciones territoriales otros 30 millones. Las fundaciones vinculadas a estos grupos también recibieron fondos públicos significativos, como la Fundación Laboral de la Construcción con 23 millones y la Fundación Insular Canaria con 7 millones. La información no está consolidada y faltan datos de subvenciones menores a 100.000€. La falta de transparencia y control en la concesión y seguimiento de estas subvenciones genera críticas.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado el desmantelamiento de los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta situación se produce a pesar de que Cataluña ha registrado 2.657 infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas en el primer semestre de 2025, un incremento del 8,4% respecto a 2024, superando a Andalucía (2.116 casos, reducción del 8,1%). Durante los siete años de mandato de Marlaska, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Barcelona ha sufrido una reducción del 30% en sus grupos, pasando de seis a cuatro, y los agentes se han reducido a la mitad, de 14 a siete. Esta información fue proporcionada a OKDIARIO por Rocío Caballero Martínez, secretaria general del sindicato CEP en Cataluña. Los grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, con base en La Verneda, operan en toda la comunidad autónoma, combatiendo el narcotráfico a gran escala. Fuentes policiales de la Udyco en Cataluña afirman sentirse "abandonados", una situación confirmada por el comité regional de la CEP Cataluña, que advierte cómo esta merma "está favoreciendo el incremento de esta lacra y el asentamiento de más grupos de narcotraficantes en la zona". La reducción de efectivos implica que cada grupo ahora asume una o dos investigaciones, frente a las cuatro que manejaban antes, dejando otras sin investigar. La CEP ha solicitado urgentemente refuerzos de personal y material, criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está haciendo sus deberes" en la lucha contra el crimen organizado, mientras mafias como la Mocro Mafia, la mafia albanesa y la dominicana se asientan en España con material de guerra y vehículos superiores. La reducción de personal también afecta a las unidades de inmigración y terrorismo, con plantillas mermadas casi a la mitad, lo que, según la CEP, "supone un grave riesgo para la seguridad nacional" y obedece a una estrategia para "contentar al independentismo". Asimismo, Marlaska no está reemplazando a los comisarios jubilados en Cataluña, lo que resulta en comisarías gestionadas por inspectores jefes o inspectores, considerados "mano de obra barata". La secretaria general de la CEP en Cataluña señala que el objetivo del Gobierno es que, en dos años, las funciones de la Policía Nacional en la comunidad se limiten a gestión de documentación y Extranjería (DNI, pasaportes, control de Extranjería), "vaciando de competencias" a la Policía Nacional. Esta política contrasta con otros territorios donde los mandos son reemplazados rápidamente. La CEP denuncia que la Brigada Provincial de Información de Barcelona también está siendo desatendida para que los Mossos d’Esquadra asuman su trabajo en el futuro, incluyendo las brigadas de Policía Judicial y Extranjería. El sindicato también se opone a la pretensión del Gobierno de declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como lugar de memoria democrática, considerándolo "un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo" y una "hoja de ruta marcada por el independentismo cuyo fin no es otro que echar a los policías nacionales de Cataluña". La CEP atribuye a Marlaska el desmantelamiento de brigadas por no ofrecer incentivos, como un complemento retributivo o un sistema de puntuación similar al del País Vasco, lo que fomenta la marcha de agentes. Rocío Caballero critica el uso de la seguridad como "moneda de cambio" para mantenerse en el poder, previendo la "extinción" del Cuerpo en Cataluña y exigiendo la dimisión de Marlaska.
En 2019, año crucial para las operaciones de una trama liderada por Santos Cerdán, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó varias partidas de ayuda a Marruecos, simultáneamente al refuerzo de las relaciones entre Sánchez y Mohamed VI. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documenta en su informe el interés de esta trama en una adjudicación de obras en Marruecos, específicamente un proyecto de puerto industrial en Kenitra. El primer viaje de Sánchez a Marruecos, en noviembre de 2018, cinco meses después de la moción de censura, incluyó una reunión con el Rey marroquí, donde ya se abordó la inversión de empresas españolas. En 2019, el Consejo de Ministros destinó 32,3 millones de euros para el "control de la inmigración irregular", apoyando el despliegue de autoridades marroquíes contra el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. Adicionalmente, se asignaron 26 millones de euros para la adquisición de vehículos para el Ministerio del Interior de Marruecos. En abril de ese año, se aprobó un crédito de 190 millones de euros para financiar el suministro de material rodante para dos líneas del tranvía de Casablanca, condicionado a la adjudicación a una empresa española. Además, en febrero de 2019, España donó el Teatro Cervantes de Tánger a Marruecos, gesto de gran valor cultural. Las conversaciones interceptadas por la UCO entre los integrantes de la trama del PSOE, datadas desde diciembre de 2018 y extendiéndose por 2019, revelan su interés en la adjudicación marroquí. En noviembre de 2018, Sánchez destacó la inversión de empresas españolas y el compromiso de celebrar una reunión de alto nivel y un foro empresarial hispano-marroquí en 2019. En diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo García los contactos de dos ministros marroquíes, sugiriéndole contactar con "el 1" (Ábalos) durante su estancia en el país. El 29 de diciembre de 2018, Ábalos informó a Koldo sobre un viaje el 2 de enero a Kenitra para ver un proyecto de puerto industrial, identificándolo como el de Acciona. El 14 de enero de 2019, Cerdán remitió a Koldo documentos sobre el proyecto del nuevo puerto de Kenitra, al que aspiraba un consorcio liderado por Acciona. La UCO confirma el regreso de Ábalos de Fez el 3 de enero de 2019 y sus planes de otra visita a finales de mes, para la cual Cerdán pidió la agenda. Cerdán se unió a Ábalos en un viaje a Marruecos entre el 25 y el 26 de enero de 2019, con el objetivo de favorecer la participación de empresas españolas en proyectos como el puerto de Kenitra. Sin embargo, el proyecto de Kenitra no prosperó, lo que generó preocupación entre los implicados, según una conversación del 10 de diciembre de 2019 entre Antxon Alonso y Manuel José García de Acciona.
Paco Salazar, exadjunto de Rebeca Torró en el PSOE, fue destituido en julio de 2025 tras conocerse sus presuntas conductas de acoso sexual. La prensa afín a Pedro Sánchez ha vuelto a publicar la noticia con nuevos detalles sobre sus denuncias perdidas y su contratación como asesor externo por el marido de Begoña Gómez, la recaudadora de Pedro Sánchez, con dinero público. El autor del artículo, Eduardo Inda, considera que esta maniobra es una cortina de humo para desviar la atención del 'caso Begoña Gómez' y otros escándalos relacionados con Pedro Sánchez, como los casos de José Luis Ábalos y Koldo García. La Fiscalía no ha tomado medidas contra Salazar hasta la fecha. El artículo critica la estrategia de la prensa afín al Gobierno para manipular la información y desviar la atención de los escándalos de corrupción y acoso. Paco Salazar cobró como técnico del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin trabajar, mientras que su cargo real era en Moncloa. El autor predice que el Gobierno intentará sacar más 'salazares' de la manga para distraer la atención de los escándalos en curso.
Begoña Gómez participó en noviembre de 2019 en un evento de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Accra (Ghana). La OMT presentó la UNWTO Online Academy con el Instituto de Empresa (IE). Gómez intervino en una mesa redonda sobre educación y tecnología para el avance socioeconómico de las mujeres en turismo. La OMT había recibido la sede en Madrid gratis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2019 por 75 años, tras una reforma que costó más de 25 millones. Koldo García afirmó que Gómez intervino en la cesión gratuita de la sede. La OMT ha apoyado institucionalmente al Africa Center del IE dirigido por Gómez. Sánchez se reunió con el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, en septiembre de 2018 para impulsar el turismo sostenible. En enero de 2022, Gómez se reunió con el embajador de Ghana, Muhammad Adam, y el Africa Center firmó un acuerdo con la Ghana Enterprises Agency por 25.350 euros. La embajadora de España en Ghana, Alicia Rico Pérez, asistió al evento de 2019.
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