El artículo muestra cómo Sumar intenta redefinir la narrativa histórica sobre el colonialismo español en Marruecos, aunque podría profundizar más en las posibles reacciones de los sectores conservadores. La conexión entre el pasado colonial y el racismo actual resulta convincente.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para implementar una cobertura que sufrague los impagos de alquileres por parte de jóvenes y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. La cobertura cubrirá impagos de rentas, daños y costes de suministros. Será aplicable a contratos vigentes hasta el 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda anunció una futura línea presupuestaria para financiar esta medida. Además, el Consejo de Ministros aprobó la transformación de Sepes en CASA 47, una entidad pública que gestionará el parque público de vivienda estatal. CASA 47 tendrá una cartera de inmuebles de construcción propia y de otros ministerios y de la Sareb, con más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos recuperados. Los contratos de alquiler de CASA 47 podrán durar hasta 75 años con prórrogas continuas. El Gobierno ya había implementado medidas de ayuda al alquiler en 2020 que resultaron ser un fracaso según Libre Mercado.
Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero fueron detenidos en una operación judicial secreta contra la corrupción. Díez trabajó en ENUSA, empresa dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cobrando 106.204 euros de salario y 1.626 euros en dietas. Fernández Guerrero presidió la SEPI entre 2018 y 2019. ENUSA está presidida actualmente por Mariano Moreno, ex tesorero del PSOE, con un sueldo anual de 245.000 euros. Moreno fue nombrado en diciembre de 2021, tras dejar su cargo en el PSOE. La SEPI omitió mencionar su paso por la gerencia del PSOE en el comunicado de su nombramiento. Díez entró en ENUSA meses después de que Pedro Sánchez llegara al poder y luego se trasladó a Correos para llevar las relaciones institucionales del Grupo. ENUSA es una empresa especializada en uranio y forma parte del Grupo SEPI, que gestiona fondos y ayudas a empresas como Air Europa. El informe de la UCO reveló pagos en efectivo durante la gestión de Moreno en el PSOE.
La Presidencia del Gobierno incumple el Real Decreto de 2024 que obliga a tener un protocolo antiacoso sexual. De 22 ministerios, solo uno lo ha implementado. Más del 90% de los 300 entes públicos estatales tampoco lo han adoptado. El protocolo establece un procedimiento de denuncia y protección para víctimas de acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Define acoso sexual como comportamiento de naturaleza sexual que crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La falta de implementación priva a empleados de centros oficiales del derecho a protección. Casos como el de Francisco Salazar se tramitaron en el PSOE en lugar de seguir el procedimiento establecido. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la obligación de informar casos de acoso sexual. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es el único que ha implementado el protocolo entre los ministerios. Otros organismos que sí lo han adoptado incluyen la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La no implementación se considera un incumplimiento grave de la normativa vigente.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante la comisión del Senado que se sintió 'obligado' a poner en marcha la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La cátedra se tramitó mediante una 'excepción' prevista en el reglamento universitario. Doadrio afirmó que la asesoría jurídica de la UCM avaló que Gómez no tuviera licenciatura o grado universitario para dirigir la cátedra. Entre 2014 y 2020, Gómez impartió clases en un máster adscrito a la Escuela de Gobierno de la Complutense, cobrando 15.000 euros por su actividad docente. Doadrio también relató que recibió una llamada de Cristina, asesora de Gómez, para pedirle un modelo de convenio, y que en 5 días estaba todo hecho. El exvicerrector insistió en distinguir entre sentir la obligación institucional de tramitar la cátedra y haber recibido presiones para ello. La declaración se produce en el marco de la investigación del caso Koldo en el Senado.
El Consejo de Estado francés ha confirmado la prohibición del uso del catalán en los plenos municipales de cinco ayuntamientos del sur de Francia: Elna, Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Saint-André y Tarerach. Estos municipios habían introducido en 2022 la posibilidad de emplear el catalán en sus sesiones plenarias con traducción posterior. La decisión se produce pese al esfuerzo de entidades catalanas como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural por promover el catalán en Francia. Los alcaldes de estos municipios, apoyados por Òmnium Cultural, han perdido la batalla jurídica en Francia y planean acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). La alcaldesa de Amélie-les-Bains-Palalda, Marie Costa, se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. La sentencia permite la traducción al catalán después del francés como formalidad. El Tratado de los Pirineos, hace más de 250 años, estableció la soberanía francesa sobre estos territorios.
Francisco Salazar, dirigente socialista y asesor de Pedro Sánchez, pactó su salida del PSOE a cambio de encargos de estudios y encuestas a través de una consultora creada por él. El acuerdo se produjo en un momento en que afloraban denuncias de acoso sexual contra Salazar. La consultora, denominada Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales SL, fue constituida el 1 de septiembre de 2023. Salazar figura como administrador único de la compañía. El PSOE ha encargado a esta consultora sondeos internos, informes de clima político y análisis territoriales. La salida de Salazar se produjo tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por una trabajadora de La Moncloa y una voluntaria del PSOE. Salazar había ocupado varios cargos en el Gobierno y en el PSOE desde 2020, siempre con periodos de menos de un año. Su relación estrecha con Pedro Sánchez llevó al PSOE a buscar una salida pactada para evitar un escándalo público.
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda i Montcusí, ha presentado la primera denuncia ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reclamando 48.000€ por bienes municipales incautados durante el franquismo. La reclamación se basa en la Ley de Memoria Democrática y ha sido apoyada por ERC y el diputado Francesc Marc Álvaro. El ayuntamiento de Caldes de Montbui calcula que las 70.000 pesetas incautadas en 1939 equivalen a 48.000€ actuales. La investigación ha sido realizada con la colaboración de dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la historiadora Neus Moran. El alcalde afirma que la represión franquista en la localidad fue dura y que el expolio de las cuentas municipales fue otra forma de represión. Si el Gobierno no indemniza, recurrirán a la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, está al corriente de las acciones emprendidas. La Directora General del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdizán, será informada próximamente.
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