El artículo presenta un caso concreto de reclamación de indemnización por expolio franquista, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas de la Ley de Memoria Democrática. El tono es informativo, pero con un ligero sesgo hacia la perspectiva de ERC.
El Consejo de Estado francés ha confirmado la prohibición del uso del catalán en los plenos municipales de cinco ayuntamientos del sur de Francia: Elna, Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Saint-André y Tarerach. Estos municipios habían introducido en 2022 la posibilidad de emplear el catalán en sus sesiones plenarias con traducción posterior. La decisión se produce pese al esfuerzo de entidades catalanas como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural por promover el catalán en Francia. Los alcaldes de estos municipios, apoyados por Òmnium Cultural, han perdido la batalla jurídica en Francia y planean acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). La alcaldesa de Amélie-les-Bains-Palalda, Marie Costa, se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. La sentencia permite la traducción al catalán después del francés como formalidad. El Tratado de los Pirineos, hace más de 250 años, estableció la soberanía francesa sobre estos territorios.
Francisco Salazar, dirigente socialista y asesor de Pedro Sánchez, pactó su salida del PSOE a cambio de encargos de estudios y encuestas a través de una consultora creada por él. El acuerdo se produjo en un momento en que afloraban denuncias de acoso sexual contra Salazar. La consultora, denominada Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales SL, fue constituida el 1 de septiembre de 2023. Salazar figura como administrador único de la compañía. El PSOE ha encargado a esta consultora sondeos internos, informes de clima político y análisis territoriales. La salida de Salazar se produjo tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por una trabajadora de La Moncloa y una voluntaria del PSOE. Salazar había ocupado varios cargos en el Gobierno y en el PSOE desde 2020, siempre con periodos de menos de un año. Su relación estrecha con Pedro Sánchez llevó al PSOE a buscar una salida pactada para evitar un escándalo público.
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. La sentencia sostiene que la pena conlleva la privación definitiva del cargo. Sin embargo, la decisión de expulsarle de la carrera fiscal queda en manos de la Fiscalía. García Ortiz fue condenado por filtrar un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia incluye un voto particular de dos magistradas que discrepan de la condena. Los magistrados consideran que la inhabilitación especial para empleo o cargo público sería excesiva. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, deberá abordar el futuro de García Ortiz en su primer consejo fiscal. La Inspección Fiscal determinará las consecuencias internas de la inhabilitación.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró en el Senado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una excepción promovida por el rector Joaquín Goyache. Doadrio se sintió obligado a cumplir la orden pese a no tener título universitario. La cátedra se creó en octubre de 2020 con un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Doadrio reconoció que algunos patrocinadores jamás habían colaborado con la UCM hasta ese momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 121 correos electrónicos que mencionaban a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, negociando adendas, donaciones y patrocinios. Doadrio afirmó que Begoña Gómez no cobró por la cátedra pero sí por los másteres, unos 15.000 euros anuales. Begoña Gómez está investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La UCM certificó que Gómez tenía experiencia previa y relaciones con empresas pese a no tener titulación superior.
La Guardia Civil detuvo el miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Trabajó para Enusa y Correos entre 2018 y febrero de 2023. Fernández fue presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2019 tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se centra en una operación bajo secreto ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Díez está acusada de liderar un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación incluye audios donde Díez ofrece favores a cambio de información sensible sobre investigaciones en curso. El juez Arturo Zamarriego tomó declaración a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Pedro Sánchez ordena una resolución sobre Paco Salazar en una semana tras su cese como mano derecha por denuncias de acoso sexual. El PSOE emitirá una 'resolución terrible' sobre dos militantes que trabajaron con él en Moncloa. Antonio Hernández Espinal fue cesado este martes. Fuentes socialistas admiten errores en el protocolo antiacoso al no contactar a las denunciantes en cuatro meses. La portavoz Pilar Alegría reconoció que fue un 'error' comer con Salazar el 3 de noviembre. El núcleo de Sánchez niega encubrimiento, afirmando que se cortó toda relación tras frustrarse la incorporación de Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE en julio. Mientras, se busca al 'topo' dentro del partido que filtra información. La entrada de Antonio Hernando como vocal estaba prevista una semana antes de la salida de Salazar. El secretario de Estado de Telecomunicaciones es considerado uno de los personajes más 'peligrosos' por posibles filtraciones. Pedro Sánchez enfrenta una crisis tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, y la investigación sobre Santos Cerdán.
El 9 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron un mecanismo que permite a los países con mayor presión migratoria, incluyendo a España, reubicar hasta 21.000 inmigrantes en otros países europeos durante 2026. Este programa tendrá un coste total de 420 millones de euros. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba 30.000 inmigrantes y 600 millones de euros en su borrador de Pacto Migratorio. Una cláusula clave de este Pacto establece que los países con menor presión migratoria pueden reducir el número de personas que acojan a cambio de realizar una contribución económica al fondo de inmigración. En este contexto, Bélgica anunció el 10 de diciembre de 2025 su decisión de pagar 12,9 millones de euros para evitar recibir inmigrantes adicionales, más allá de los que ya residen en su territorio, según declaró Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y nacionalista valona. Estos 12,9 millones de euros se distribuirán entre los cuatro países identificados por la Comisión Europea como los que experimentan mayor presión migratoria: España, Grecia, Italia y Chipre. Fuentes diplomáticas informaron a EFE que, tras la reunión de ministros del Interior, existe una mayor disposición entre los Estados miembros a contribuir financieramente al fondo en lugar de acoger directamente a inmigrantes. La Comisión Europea designará un coordinador para trabajar con los Estados miembros afectados y asegurar que el fondo de solidaridad se distribuya según las necesidades. En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya había determinado que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria, lo que les permite beneficiarse de este mecanismo. Además, se identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países afectados por la presión migratoria acumulada en años anteriores, lo que les abre la posibilidad de solicitar deducciones en sus aportaciones. El acuerdo político alcanzado este lunes deberá ser formalmente aprobado antes del 31 de diciembre de 2025 para su implementación efectiva.
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