Crítica:
El artículo presenta un análisis detallado de la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz, aunque podría profundizar más en las implicaciones políticas de la decisión. La información proporcionada es precisa y relevante.
El Supremo abre la puerta a que García Ortiz sea expulsado de la carrera fiscal
Supremo condena a García Ortiz
Otros artículos
PSOE encarga estudios a consultora de Salazar
Francisco Salazar, dirigente socialista y asesor de Pedro Sánchez, pactó su salida del PSOE a cambio de encargos de estudios y encuestas a través de una consultora creada por él. El acuerdo se produjo en un momento en que afloraban denuncias de acoso sexual contra Salazar. La consultora, denominada Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales SL, fue constituida el 1 de septiembre de 2023. Salazar figura como administrador único de la compañía. El PSOE ha encargado a esta consultora sondeos internos, informes de clima político y análisis territoriales. La salida de Salazar se produjo tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por una trabajadora de La Moncloa y una voluntaria del PSOE. Salazar había ocupado varios cargos en el Gobierno y en el PSOE desde 2020, siempre con periodos de menos de un año. Su relación estrecha con Pedro Sánchez llevó al PSOE a buscar una salida pactada para evitar un escándalo público.
ERC pide indemnización por expolio franquista
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda i Montcusí, ha presentado la primera denuncia ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reclamando 48.000€ por bienes municipales incautados durante el franquismo. La reclamación se basa en la Ley de Memoria Democrática y ha sido apoyada por ERC y el diputado Francesc Marc Álvaro. El ayuntamiento de Caldes de Montbui calcula que las 70.000 pesetas incautadas en 1939 equivalen a 48.000€ actuales. La investigación ha sido realizada con la colaboración de dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la historiadora Neus Moran. El alcalde afirma que la represión franquista en la localidad fue dura y que el expolio de las cuentas municipales fue otra forma de represión. Si el Gobierno no indemniza, recurrirán a la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, está al corriente de las acciones emprendidas. La Directora General del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdizán, será informada próximamente.
Exvicerrector UCM revela trato de favor
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró en el Senado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una excepción promovida por el rector Joaquín Goyache. Doadrio se sintió obligado a cumplir la orden pese a no tener título universitario. La cátedra se creó en octubre de 2020 con un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Doadrio reconoció que algunos patrocinadores jamás habían colaborado con la UCM hasta ese momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 121 correos electrónicos que mencionaban a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, negociando adendas, donaciones y patrocinios. Doadrio afirmó que Begoña Gómez no cobró por la cátedra pero sí por los másteres, unos 15.000 euros anuales. Begoña Gómez está investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La UCM certificó que Gómez tenía experiencia previa y relaciones con empresas pese a no tener titulación superior.
Detenciones por corrupción en la SEPI
La Guardia Civil detuvo el miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Trabajó para Enusa y Correos entre 2018 y febrero de 2023. Fernández fue presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2019 tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se centra en una operación bajo secreto ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Díez está acusada de liderar un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación incluye audios donde Díez ofrece favores a cambio de información sensible sobre investigaciones en curso. El juez Arturo Zamarriego tomó declaración a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
PSOE actúa contra acoso de Salazar
Pedro Sánchez ordena una resolución sobre Paco Salazar en una semana tras su cese como mano derecha por denuncias de acoso sexual. El PSOE emitirá una 'resolución terrible' sobre dos militantes que trabajaron con él en Moncloa. Antonio Hernández Espinal fue cesado este martes. Fuentes socialistas admiten errores en el protocolo antiacoso al no contactar a las denunciantes en cuatro meses. La portavoz Pilar Alegría reconoció que fue un 'error' comer con Salazar el 3 de noviembre. El núcleo de Sánchez niega encubrimiento, afirmando que se cortó toda relación tras frustrarse la incorporación de Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE en julio. Mientras, se busca al 'topo' dentro del partido que filtra información. La entrada de Antonio Hernando como vocal estaba prevista una semana antes de la salida de Salazar. El secretario de Estado de Telecomunicaciones es considerado uno de los personajes más 'peligrosos' por posibles filtraciones. Pedro Sánchez enfrenta una crisis tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, y la investigación sobre Santos Cerdán.
Bélgica pagará 12,9M€ para no acoger inmigrantes
El 9 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron un mecanismo que permite a los países con mayor presión migratoria, incluyendo a España, reubicar hasta 21.000 inmigrantes en otros países europeos durante 2026. Este programa tendrá un coste total de 420 millones de euros. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba 30.000 inmigrantes y 600 millones de euros en su borrador de Pacto Migratorio. Una cláusula clave de este Pacto establece que los países con menor presión migratoria pueden reducir el número de personas que acojan a cambio de realizar una contribución económica al fondo de inmigración. En este contexto, Bélgica anunció el 10 de diciembre de 2025 su decisión de pagar 12,9 millones de euros para evitar recibir inmigrantes adicionales, más allá de los que ya residen en su territorio, según declaró Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y nacionalista valona. Estos 12,9 millones de euros se distribuirán entre los cuatro países identificados por la Comisión Europea como los que experimentan mayor presión migratoria: España, Grecia, Italia y Chipre. Fuentes diplomáticas informaron a EFE que, tras la reunión de ministros del Interior, existe una mayor disposición entre los Estados miembros a contribuir financieramente al fondo en lugar de acoger directamente a inmigrantes. La Comisión Europea designará un coordinador para trabajar con los Estados miembros afectados y asegurar que el fondo de solidaridad se distribuya según las necesidades. En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya había determinado que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria, lo que les permite beneficiarse de este mecanismo. Además, se identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países afectados por la presión migratoria acumulada en años anteriores, lo que les abre la posibilidad de solicitar deducciones en sus aportaciones. El acuerdo político alcanzado este lunes deberá ser formalmente aprobado antes del 31 de diciembre de 2025 para su implementación efectiva.
Hacienda investiga 2,4M€ a amiga de Begoña Gómez
La Agencia Tributaria investiga desde hace meses una declaración formal que detalla un presunto pago de 2,4 millones de euros a Leticia Lauffer, empresaria cercana a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este pago se habría realizado por la intervención de Lauffer para acelerar el rescate de Air Europa durante la pandemia. La investigación cobra relevancia tras las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, quienes, bajo prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, han vinculado a Gómez con los beneficiarios del rescate de 475 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros. La declaración, a la que "El Debate" tuvo acceso, afirma que Lauffer percibió 2,4 millones de euros por sus "gestiones para acelerar el rescate de Air Europa", presuntamente a través de un familiar o testaferro. Hacienda está contrastando esta información con elementos documentales, movimientos económicos y relaciones societarias. La conexión entre Lauffer y Gómez se inició en septiembre de 2019, durante un viaje a San Petersburgo para un congreso de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde coincidieron también Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, y Víctor de Aldama. En esa ocasión, Gómez consultó a su marido sobre la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela con Air Europa, un asunto mencionado por la UCO en sus informes, que destacaban la intermediación previa de José Luis Rodríguez Zapatero. La relación entre Lauffer y Gómez se profundizó, viajando juntas a Londres en marzo de 2020 para actividades turísticas y de innovación. Lauffer dirigía Wakalua, una filial de Globalia creada en enero de 2019 con la OMT, cuya sede estaba ligada a Juan Carlos Barrabés, empresario que obtuvo contratos por casi 20 millones de euros tras una recomendación de Gómez. Ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Lauffer reconoció una "relación muy cercana" con Gómez. Javier Hidalgo, antes de la aprobación del rescate, buscó la intervención de Gómez, según un mensaje de Aldama a Koldo García que decía: "Está muy jodido… Acaba de llamar a Begoña". Este hecho es clave para los investigadores. Lauffer ha negado el cobro de cualquier cantidad investigada por Hacienda. La Agencia Tributaria sigue cruzando datos del caso Koldo, examinando el testimonio, la cronología de contactos y las conexiones empresariales de Wakalua para determinar si los 2,4 millones corresponden a una operación opaca o a relaciones comerciales lícitas. La investigación explora la intersección de intereses económicos, vínculos personales y decisiones políticas en una de las operaciones financieras más sensibles de la pandemia.
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