El artículo muestra la crisis interna del PSOE por el caso Paco Salazar, pero podría profundizar más en las implicaciones legales de las denuncias de acoso sexual. La búsqueda del 'topo' añade intriga, pero falta claridad en las motivaciones detrás de las filtraciones.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró en el Senado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una excepción promovida por el rector Joaquín Goyache. Doadrio se sintió obligado a cumplir la orden pese a no tener título universitario. La cátedra se creó en octubre de 2020 con un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Doadrio reconoció que algunos patrocinadores jamás habían colaborado con la UCM hasta ese momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 121 correos electrónicos que mencionaban a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, negociando adendas, donaciones y patrocinios. Doadrio afirmó que Begoña Gómez no cobró por la cátedra pero sí por los másteres, unos 15.000 euros anuales. Begoña Gómez está investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La UCM certificó que Gómez tenía experiencia previa y relaciones con empresas pese a no tener titulación superior.
La Guardia Civil detuvo el miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Trabajó para Enusa y Correos entre 2018 y febrero de 2023. Fernández fue presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2019 tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se centra en una operación bajo secreto ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Díez está acusada de liderar un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación incluye audios donde Díez ofrece favores a cambio de información sensible sobre investigaciones en curso. El juez Arturo Zamarriego tomó declaración a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El 9 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron un mecanismo que permite a los países con mayor presión migratoria, incluyendo a España, reubicar hasta 21.000 inmigrantes en otros países europeos durante 2026. Este programa tendrá un coste total de 420 millones de euros. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba 30.000 inmigrantes y 600 millones de euros en su borrador de Pacto Migratorio. Una cláusula clave de este Pacto establece que los países con menor presión migratoria pueden reducir el número de personas que acojan a cambio de realizar una contribución económica al fondo de inmigración. En este contexto, Bélgica anunció el 10 de diciembre de 2025 su decisión de pagar 12,9 millones de euros para evitar recibir inmigrantes adicionales, más allá de los que ya residen en su territorio, según declaró Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y nacionalista valona. Estos 12,9 millones de euros se distribuirán entre los cuatro países identificados por la Comisión Europea como los que experimentan mayor presión migratoria: España, Grecia, Italia y Chipre. Fuentes diplomáticas informaron a EFE que, tras la reunión de ministros del Interior, existe una mayor disposición entre los Estados miembros a contribuir financieramente al fondo en lugar de acoger directamente a inmigrantes. La Comisión Europea designará un coordinador para trabajar con los Estados miembros afectados y asegurar que el fondo de solidaridad se distribuya según las necesidades. En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya había determinado que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria, lo que les permite beneficiarse de este mecanismo. Además, se identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países afectados por la presión migratoria acumulada en años anteriores, lo que les abre la posibilidad de solicitar deducciones en sus aportaciones. El acuerdo político alcanzado este lunes deberá ser formalmente aprobado antes del 31 de diciembre de 2025 para su implementación efectiva.
La Agencia Tributaria investiga desde hace meses una declaración formal que detalla un presunto pago de 2,4 millones de euros a Leticia Lauffer, empresaria cercana a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este pago se habría realizado por la intervención de Lauffer para acelerar el rescate de Air Europa durante la pandemia. La investigación cobra relevancia tras las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, quienes, bajo prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, han vinculado a Gómez con los beneficiarios del rescate de 475 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros. La declaración, a la que "El Debate" tuvo acceso, afirma que Lauffer percibió 2,4 millones de euros por sus "gestiones para acelerar el rescate de Air Europa", presuntamente a través de un familiar o testaferro. Hacienda está contrastando esta información con elementos documentales, movimientos económicos y relaciones societarias. La conexión entre Lauffer y Gómez se inició en septiembre de 2019, durante un viaje a San Petersburgo para un congreso de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde coincidieron también Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, y Víctor de Aldama. En esa ocasión, Gómez consultó a su marido sobre la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela con Air Europa, un asunto mencionado por la UCO en sus informes, que destacaban la intermediación previa de José Luis Rodríguez Zapatero. La relación entre Lauffer y Gómez se profundizó, viajando juntas a Londres en marzo de 2020 para actividades turísticas y de innovación. Lauffer dirigía Wakalua, una filial de Globalia creada en enero de 2019 con la OMT, cuya sede estaba ligada a Juan Carlos Barrabés, empresario que obtuvo contratos por casi 20 millones de euros tras una recomendación de Gómez. Ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Lauffer reconoció una "relación muy cercana" con Gómez. Javier Hidalgo, antes de la aprobación del rescate, buscó la intervención de Gómez, según un mensaje de Aldama a Koldo García que decía: "Está muy jodido… Acaba de llamar a Begoña". Este hecho es clave para los investigadores. Lauffer ha negado el cobro de cualquier cantidad investigada por Hacienda. La Agencia Tributaria sigue cruzando datos del caso Koldo, examinando el testimonio, la cronología de contactos y las conexiones empresariales de Wakalua para determinar si los 2,4 millones corresponden a una operación opaca o a relaciones comerciales lícitas. La investigación explora la intersección de intereses económicos, vínculos personales y decisiones políticas en una de las operaciones financieras más sensibles de la pandemia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gastó 44.975,19 euros en sus vacaciones de verano en La Mareta (Canarias), según documentos obtenidos por El Debate. El gasto incluye 11.322,65 euros en alojamiento, 22.711,41 euros en manutención y 10.941,13 euros en locomoción. Moncloa se negó a revelar los nombres de los invitados y las facturas correspondientes por razones de Seguridad Nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a Moncloa revelar la lista de invitados y el importe de las dietas de la Guardia Civil. Sánchez estuvo acompañado por su familia, incluyendo su mujer Begoña Gómez y sus hijas. La Guardia Civil desplegó un importante dispositivo de seguridad con casi medio centenar de agentes. El cierre del espacio marítimo de La Mareta durante las vacaciones también ha generado controversia.
José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha cobrado más de 700.000 euros por dirigir el ente público desde 2018. Además, ha recibido 146.244,41 euros en subvenciones para su negocio editorial privado a través de Iniciativas Editoriales Sistema SA y Fundación Sistema. Tezanos compareció en la comisión de investigación del Senado el 10 de diciembre de 2025 sobre su gestión, marcada por acusaciones de manipulación y malversación de caudales públicos. Desde 2018, Tezanos ha ganado 48.453,18 euros en la segunda mitad de ese año y más de 90.000 euros anuales en los años sucesivos, alcanzando los 101.210 euros en 2023 y 103.252,69 euros en 2024. Su negocio editorial ha recibido subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez para la edición de revistas como 'Temas para el debate' y 'Sistema'. Iniciativas Editoriales Sistema SA obtuvo subvenciones de la Dirección General del Libro por un total de 50.958,65 euros entre 2019 y 2025. La Fundación Sistema recibió ayudas del Ministerio de Cultura por 68.402,76 euros en el mismo periodo. Además, la Fundación Sistema obtuvo 12.000 euros del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2019 para un congreso internacional. Iniciativas Editoriales Sistema SA también fue adjudicataria de un contrato menor de 14.883 euros de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera para un estudio sobre la reforma de la Constitución Española de 1978.
La Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos por filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y difundir una nota informativa de la Fiscalía. La sentencia establece que García Ortiz quebrantó su deber de reserva sin justificación, vulnerando el deber de confidencialidad. El tribunal destacó que el fiscal general no puede responder a noticias falsas cometiendo un delito. La filtración se produjo en un contexto de tensión política, afectando al entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. La Fiscalía General del Estado defendió la difusión de datos para contrarrestar 'burdas falsedades' en medios. Sin embargo, el Supremo consideró que esto no justificaba la vulneración de obligaciones legales de confidencialidad. Dos magistradas emitieron un voto particular discrepante, propugnando la absolución de García Ortiz al no considerar probado que él filtrase el correo electrónico ni que existiera delito en la difusión de la nota informativa.
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