El artículo ofrece detalles precisos sobre la investigación y sus implicados, aunque podría profundizar más en las posibles consecuencias legales y financieras para la SEPI y sus participadas. La inclusión de testimonios directos de fuentes internas podría enriquecer el contenido.
La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de España en un rescate que podría haber sido utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana. La UDEF investiga la trama que involucra a sociedades pantalla en Reino Unido, Suiza y Panamá. El mecanismo consistía en que Plus Ultra recibiera préstamos de estas sociedades vinculadas al chavismo y, tras el rescate, utilizara el dinero público para devolver esos préstamos, 'limpiando' así el dinero sucio. Figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama relataron presión de Zapatero para salvar la aerolínea. El préstamo del Gobierno se estructuró en dos partes: un préstamo participativo y otro ordinario, con un total de 53 millones de euros y un plazo de devolución de 7 años, incluyendo un periodo de carencia. La empresa ya ha pagado intereses pero deberá devolver el principal en 2026. La investigación sugiere que parte del dinero se usó para pagar deudas turbias a tramas venezolanas. La empresa, que perdía dinero desde 2015, podría quebrar sin poder devolver el préstamo, dejando al Estado español como acreedor sin garantía real. El caso ha destapado una posible financiación indirecta al régimen chavista y la creación de un corredor VIP para la narcodictadura venezolana.
Leire Díez fue nombrada consejera de Cistec el 7 de julio de 2021, mismo día que SEPI adquirió el 25,5% de la empresa. Permaneció como consejera hasta mayo de 2023. Durante su mandato, Cistec recibió cuatro ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 960.000 euros y cuatro millones de euros en contratos públicos. La empresa facturó alrededor de ocho millones de euros durante su período. Díez fue detenida el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La Guardia Civil también detuvo a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, y Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Las pesquisas giran en torno a contrataciones públicas y varias empresas, incluida Cistec. La facturación de Cistec bajó considerablemente en 2021 y 2022, pero tras la salida de SEPI y Díez, la empresa logró volver a la rentabilidad. En 2023, las ventas superaron los 8,4 millones de euros. Díez compaginó su trabajo en Correos con su puesto en Cistec, lo que podría ser incompatible según la Ley de Incompatibilidades. El artículo 14 de esta ley requiere el previo reconocimiento de compatibilidad para actividades fuera de las Administraciones Públicas. Correos tiene un código de conducta que no acepta conflictos de interés entre sus empleados.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a Julio Martínez Martínez, un empresario español con intereses en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el rescate del Gobierno con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Martínez forma parte de la cartera de clientes de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba Zapatero. La investigación también revela que Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela. Julio Martínez Martínez es el tercer detenido en la operación contra Plus Ultra, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, después de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Martínez Martínez habría actuado de enlace entre la compañía aérea y sus intereses con la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad Análisis Relevante S.L., relacionada con las hijas de Zapatero, figura en la cartera de clientes que han hecho trabajos de consultoría y diseño para Julio Martínez Martínez. Zapatero se encuentra 'nervioso' tras la detención del dueño de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez Sola.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el reparto de un millón de euros entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El dinero se usó para comprar un chalet en La Línea de la Concepción por 585.000 euros, disfrutado por Ábalos sin pagar la totalidad. Aldama recibió 292.416 euros por su intermediación, pagados por Have Got Time, la sociedad de Carmen Pano, en dos transferencias: 181.500 euros el 15 de junio de 2021 y 110.916 euros el 9 de julio de 2021. Koldo García percibió su parte mediante un contrato de trabajo con Instalibero District, vinculada a Claudio Rivas, cobrando 1.950 euros el 3 de marzo de 2022 y 5.000 euros seis días después. La Guardia Civil destaca reuniones entre Koldo García y Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Reyes Maroto, y Marc Pons, director de gabinete de Teresa Ribera, en fechas cercanas a la presentación de documentación por Villafuel para obtener la licencia de operador de hidrocarburos. El 21 de diciembre de 2020, Koldo García se reunió con Díaz Bidart y Aldama en el restaurante 'La Tragantía'. El Ministerio de Industria, dirigido por Maroto, no tenía competencia en el otorgamiento de autorizaciones de operador mayorista. El 8 de abril de 2021, Koldo García conversó con Marc Pons, dos días después de que Villafuel presentara documentación complementaria. La UCO encontró indicios de otra reunión entre Koldo y Pons el 8 de julio de 2021, coincidiendo con la espera de la resolución administrativa.
Indra ha entregado 38 correos electrónicos al juez Juan Carlos Peinado relacionados con Cristina Álvarez, asesora de Moncloa investigada en el caso Begoña Gómez. La compañía invirtió 120.000 euros en el software de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Los correos corresponden a comunicaciones con dos cuentas de correo de la asesora en las que figura como emisora, destinataria o en copia. Indra no almacena información relacionada con teléfonos asociados a Álvarez ni mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de uso no profesional. El juez Peinado solicitó todas las comunicaciones desde julio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. La investigación busca esclarecer si la asesora cometió delito con trabajos personales para Begoña Gómez, especialmente en gestiones del software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El juez ha dado traslado a la Guardia Civil para analizar los correos tras expurgar los de índole personal. Además, el juez ha requerido nuevamente a Amazon para que aporte información sobre los dominios relacionados con la cátedra TSC. El juez cita como testigos para el 22 de diciembre a Héctor Flórez Crespo, Juan Pedro Gravel García y Carmen Sánchez Tenorio, altos cargos de Deloitte, que colaboró en el desarrollo del software de la cátedra.
El ex ministro José Luis Ábalos vincula al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra. El rescate se aprobó en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La operación fue polémica por los vínculos de Plus Ultra con Venezuela. Ábalos autorizó declarar a Plus Ultra como empresa estratégica, lo que permitió la inyección pública. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por María Jesús Montero, concedió los millones. El rescate se formalizó con 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo. La investigación actual incluye registros en la sede de Plus Ultra y detenciones de sus máximos responsables. Zapatero niega las acusaciones. El caso revela una red de intereses detrás de los rescates públicos durante la pandemia. El hijo de Ábalos, Víctor, también criticó las presiones sufridas por su padre. El empresario Víctor de Aldama confirmó que Zapatero presionó para el rescate. La juez Esperanza Collazos detectó irregularidades y reabrió la investigación por presunto delito de malversación y prevaricación. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, se asoció con directivos de Globalia en empresas inmobiliarias tras el rescate de Air Europa. La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con la SEPI. Fernández Guerrero fue detenido junto a Leire Díez en una operación dirigida por la UCO. Las empresas involucradas son Goloso 25, Allies & Altera SL y La Bola Innovación SL. Globalia recibió 475 millones de euros en ayudas públicas en 2020. Los directivos de Globalia vinculados a Fernández Guerrero son Raúl David Rincón Feliu y José Joaquín Martínez Mariscal. La investigación incluye registros en el bar La Bola y está bajo secreto de sumario ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La causa permanece reservada y no se conocen los hechos atribuidos a cada detenido. Las sociedades de Fernández Guerrero son pocas, pero su composición administrativa y proximidad temporal a la ayuda pública las hacen relevantes para la transparencia institucional.
Comentarios