El artículo denuncia que la DGT desvía la atención de los problemas reales de seguridad vial con la implementación de la baliza V16. La crítica se centra en la falta de acción sobre los problemas estructurales como el mal estado de las carreteras y el parque móvil obsoleto.
La ministra Teresa Ribera autorizó en 2023 la instalación de 48 molinos eólicos en la sierra de Teruel a Forestalia, pese a la alta sensibilidad medioambiental de la zona. Sin embargo, en 2025, su sucesora denegó permisos a Green Capital para 86 molinos en la misma área por impacto en especies protegidas como el águila perdicera y el buitre leonado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la concesión de permisos a Forestalia, que recibió ayudas públicas por 17 millones de euros a través de la trama SEPI. El proyecto de Forestalia incluía medidas preventivas para reducir el impacto en especies vulnerables. La zona afectada alberga especies en peligro de extinción como la alondra ricotí y el milano real. La investigación se centra en la gestión de permisos ambientales durante el mandato de Ribera y su posible favoritismo hacia Forestalia, una de las principales empresas de energías renovables en España. El caso revela discrepancias en la evaluación ambiental entre administraciones sucesivas y pone en cuestión la consistencia de las políticas de protección medioambiental. La tramitación de permisos para proyectos de más de 50 megavatios quedó bajo competencia estatal, facilitando a Forestalia el desarrollo de proyectos con alto grado de madurez administrativa.
Tres personas fallecieron en una avalancha mientras realizaban esquí de fondo cerca del balneario de Panticosa. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescató a los supervivientes. Pilar Alegría, ex ministra de Educación, expresó su solidaridad con las familias afectadas. Sin embargo, su reacción fue criticada por la asociación profesional Justicia Civil (JUCIL) debido a que su partido votó en contra de reconocer la profesión de riesgo de guardias civiles y policías nacionales en más de 25 ocasiones. La tragedia ocurrió el 28 de diciembre de 2025. El dispositivo de rescate estuvo compuesto por especialistas del GREIM, una unidad aérea y facultativos del 061. Los supervivientes alertaron a los servicios de emergencia tras la avalancha.
César Martínez Sánchez y Félix Vega Borrego, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, elaboraron una auditoría para el PSOE concluyendo que no hay indicios de financiación ilegal pese a gastos no justificados. Martínez Sánchez fue asesor en la Oficina Económica de Pedro Sánchez y en el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid. Vega Borrego fue propuesto por Pablo Iglesias para el Consejo General del Poder Judicial en 2018. La auditoría de 108 páginas analizó pagos en efectivo entre 2017 y 2024 y fondos en metálico del partido. Aunque reconoció gastos 'llamativos', como una comida de Navidad para nueve personas en Valencia y recibos en una marisquería de Madrid, el informe concluyó que el sistema de caja del PSOE era 'coherente, cerrado y verificable'. Actualmente, hay una investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre posibles irregularidades en las cuentas del PSOE relacionadas con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos investigados por presunta financiación ilegal.
El PSOE ha encargado y pagado una auditoría a dos expertos afines, Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez, para analizar la financiación del partido entre 2017 y 2024. El informe concluye que no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, aunque señala algunos gastos 'llamativos' como una comida de 332 euros en La Chalana y gastos en centollo y ostras que superan los 60 euros por comensal. El análisis se basa en los apuntes de caja del PSOE, liquidaciones de gastos y comprobantes de la Secretaría de Organización. Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria del partido en BBVA y 7.283 euros de operaciones 'esporádicas y plenamente identificadas'. El informe considera el sistema de caja 'coherente, cerrado y verificable'. El PSOE ha utilizado este informe para descartar la financiación ilegal, aunque todavía tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización. La Audiencia Nacional, dirigida por el juez Ismael Moreno, sigue investigando los pagos en efectivo efectuados por el PSOE ante la sospecha de blanqueo de dinero.
La UCO investiga pagos a la 'trama SEPI' desde tres empresas vinculadas al PNV que exigieron rescates públicos. Tubos Reunidos pagó 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez. Vicinay Marine recibió 32 millones y Celsa solicitó 550 millones. La SEPI concedió 30 rescates entre noviembre de 2020 y junio de 2022 por un total de 2.681 millones. Tubos Reunidos fue rescatada en 2021 por 112,8 millones. El PNV exigió al Gobierno de Pedro Sánchez rescatar estas empresas a cambio de apoyo político. La investigación apunta a una red de cobro por gestiones para rescates públicos. El 'grupo Hirurok', compuesto por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, podría haber actuado entre 2021 y 2023. La trama SEPI cobraba comisiones a cambio de rescates y contratos públicos. Air Europa pagó 164.000 euros por su rescate de 475 millones. Hay sospechas sobre la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra por 53 millones.
El presidente Pedro Sánchez ha cuestionado la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. El Gobierno defiende la inocencia de García Ortiz y apunta al Tribunal Constitucional como vía de recurso. La decisión del Supremo ha generado controversia, con el voto particular de dos magistradas respaldando la interpretación del Gobierno. Sánchez ha reivindicado la labor de García Ortiz y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha pedido que pida perdón. La tensión entre el Ejecutivo y el Supremo se ha intensificado tras la sentencia.
El teatro 'Periferia Cimarronas' de Barcelona, considerado el primer 'teatro negro' de España, cierra tras perder subvenciones por no cumplir con el mínimo de obras en catalán. La compañía 'Teatro sin papeles', formada por mujeres inmigrantes latinoamericanas, denunció la discriminación lingüística en Cataluña. En julio, tras un acto en el Ayuntamiento de Barcelona, el independentismo catalán se escandalizó por una representación que consideraron un 'escarnio' contra el catalán. Como consecuencia, el teatro perdió las subvenciones públicas, incluyendo 50.000 euros de la Consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat en 2024. La actriz Silvia Albert Sopale, directora del teatro, explicó que 'la gente racializada no utiliza el catalán para expresar sus emociones'. El Ministerio de Cultura también denegó la subvención solicitada. El cierre se produce después de que la compañía teatral fuera objeto de señalamiento por parte del separatismo catalán.
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