Crítica:
El artículo destaca la hipocresía de la izquierda feminista española al no pronunciarse sobre la represión en Irán mientras que uno de sus líderes recibió pagos de una empresa vinculada al régimen iraní.
El silencio de la izquierda feminista ante la crisis en un Irán que ayudó mediáticamente a Pablo Iglesias
Feminismo silenciado en Irán
Otros artículos
Sánchez pillado en mentira
La Moncloa ha sido pillada in fraganti mintiendo en el Senado sobre los vuelos de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en el avión Falcon. Inicialmente, el Gobierno clasificó estos desplazamientos como 'secreto de Estado' amparándose en una ley franquista de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, tras la presión ejercida por El Debate y una demanda interpuesta por sus servicios jurídicos, Moncloa ha reconocido que Begoña Gómez viaja en aeronaves militares acompañando a su marido, y que estos viajes son de 'publicidad activa' a través de la web de La Moncloa. La directora jurídica de Moncloa firmó el 22 de diciembre una resolución que desmonta el bulo del Gobierno: no existe un acuerdo que clasifique estos vuelos como secretos. Los viajes personales de Begoña Gómez en el Falcon incluyen eventos como el concierto de despedida de Serrat y el homenaje a Almodóvar, justificados por Moncloa como actos 'presidenciales' o 'protocolarios'. La demanda sigue adelante debido a que Moncloa aún no ha cumplido totalmente con la resolución del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar los detalles de estos desplazamientos.
Feministas españolas callan Irán
En las calles de Irán, miles de mujeres desafían al régimen islámico con valentía, quemando fotos de Alí Jamenei. Mientras tanto, en España, el movimiento feminista guarda silencio. Las mismas voces que en 2022 se solidarizaron con Mahsa Amini cortándose el pelo ahora callan. Ministras socialistas y actrices españolas, antaño activas, hoy brillan por su ausencia. La lucha por la libertad en Irán contrasta con la indiferencia en España. La República Islámica enfrenta protestas desde diciembre, impulsadas por la crisis económica y política. Donald Trump amenazó con intervenir si continuaba la represión.
PSOE exige ayuda para Gaza
En un giro inesperado, el PSOE balear ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que el Govern de Marga Prohens se implique activamente en la reconstrucción de Gaza y Palestina. La iniciativa, impulsada por el diputado Omar Lamin, busca que el Ejecutivo colabore con organismos internacionales y entidades humanitarias para restablecer servicios esenciales como hospitales, escuelas y redes de agua en los territorios palestinos. La PNL propone la creación de una Comisión Interinstitucional para canalizar fondos de solidaridad y cooperación desde las administraciones públicas del archipiélago. Con más de 67.000 personas asesinadas y miles de familias afectadas por los ataques israelíes, el PSIB argumenta que la comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar para reconstruir y asegurar una paz duradera.
UE reprueba Ley Begoña España
La Unión Europea ha expresado su repudio a la 'Ley Begoña', una normativa propuesta por el PSOE que busca eliminar la acusación popular en causas judiciales, lo que podría frenar investigaciones relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha exigido al Gobierno de Sánchez que refuerce el estatuto del Fiscal General y asegure su independencia antes de cederle la instrucción de causas penales. La UE advierte que revisará en 2026 si se han cumplido sus recomendaciones sobre el Estado de Derecho en España. La ley ha sido criticada por la oposición y diversas asociaciones judiciales y fiscales, que temen que comprometa la independencia judicial y la tutela judicial efectiva. La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha preguntado a la Comisión Europea sobre la compatibilidad de esta ley con los valores del Estado de Derecho y la independencia judicial previstos en el Tratado de la Unión Europea.
Sánchez evita crisis con Ábalos
La noche del Delcygate, Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya contactaron a José Luis Ábalos para evitar una crisis diplomática con la UE tras la visita de Delcy Rodríguez a España. Ábalos, entonces ministro de Transportes, recibió instrucciones para impedir que Rodríguez pisara suelo español, ya que tenía sanciones de la UE por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Aunque se intentó crear una zona de seguridad en el aeropuerto y se le pidió que regresara en el avión, Rodríguez finalmente bajó y fue llevada a una sala del aeropuerto. La situación se resolvió enviándola de vuelta a Venezuela. El Gobierno dio versiones contradictorias sobre el incidente y ocultó detalles clave.
Gobierno financia baliza V16
La empresa gallega Netun Solutions SL, inventora de la baliza V16 obligatoria para vehículos según la DGT, ha recibido más de 2,2 millones en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2022. Entre las ayudas figuran subvenciones directas y avales del ICO vinculados a programas gubernamentales como el Plan de Respuesta a la guerra en Ucrania. La empresa, cofundada por ex guardias civiles y presidida actualmente por Francesc Minoves, defiende que los avales no son subvenciones sino garantías sobre préstamos bancarios que deben devolverse. Sin embargo, fuentes oficiales consideran estos avales como 'ayudas públicas'. Mientras tanto, el PP denuncia que la obligatoriedad de la baliza V16 podría generar al Gobierno más de 300 millones en IVA, calificándolo de 'impuesto indirecto' injustificado. Vox también se opone a la medida por considerarla un 'gasto adicional sin justificación técnica'.
Gobierno invierte 329 millones contra fake news
Con un presupuesto de 329.492.816,49 euros, el Gobierno ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra la desinformación y las 'fake news' a través de campañas de 'alfabetización mediática'. El informe de la CNMC detalla 580 medidas desarrolladas entre 2022 y 2025, con Radio Televisión Española (RTVE) a la cabeza en número de iniciativas. Además de esta inversión, otros 10 millones de euros se destinaron a campañas institucionales para 'reafirmar la democracia' y concienciar sobre libertades y derechos fundamentales.
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