Crítica:
La noticia presenta un caso complejo donde se mezclan la legítima defensa y el cultivo ilegal de cannabis. Falta profundizar en las motivaciones del acusado y las circunstancias exactas del forcejeo.
La noticia presenta un caso complejo donde se mezclan la legítima defensa y el cultivo ilegal de cannabis. Falta profundizar en las motivaciones del acusado y las circunstancias exactas del forcejeo.
Los hermanos Baca Arbulu, implicados en el caso Plus Ultra, han disuelto su inmobiliaria Lagrundi con efecto desde el 2 de enero de 2026, apenas un mes después de liquidar su consultora Kaimana Capital. Esta maniobra se produce tras las detenciones llevadas a cabo por la Policía el pasado 11 de diciembre, en las que se vio implicado Julio Martínez, supuesto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La operación judicial internacional investiga un posible blanqueo de capitales ligado a la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en 2021 con 53 millones de euros. Los hermanos Arbulu están siendo investigados por una presunta trama de corrupción y lavado de dinero en varios países. La Fiscalía Anticorrupción rastrea el uso indebido de las ayudas concedidas a Plus Ultra, y Manos Limpias ha presentado una querella contra los implicados por organización criminal, apropiación indebida y fraude en las subvenciones. Julio Martínez, amigo de Zapatero, creó más de 15 empresas en los últimos 15 años, algunas de las cuales comparten inmuebles con empresas vinculadas al Gobierno. La investigación apunta a que parte del rescate se destinó a simular préstamos con sociedades en el extranjero para ocultar operaciones de blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.
En un acto que ha generado controversia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó hasta el kilómetro 8,2 de la carretera de Extremadura para presenciar la demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Acompañado por una comitiva de altos cargos de su Gobierno, entre ellos la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Sánchez fue testigo de cómo una excavadora de la empresa AG Demoliciones comenzaba a derribar los muros de ladrillo y ventanas del complejo militar. La visita ha sido criticada por la ausencia de representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, a quienes, según denunció el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín, nadie les invitó. Durante su intervención, Sánchez destacó que con este acto comienza la construcción de un nuevo barrio que contará con 10.700 hogares públicos y blindados frente a la especulación. 'Esta vez no venimos a presentar un plano o a prometer un futuro. Hoy por fin empieza a construirse un nuevo barrio', afirmó el presidente, subrayando el compromiso de su Gobierno con la vivienda pública.
La Moncloa ha sido pillada in fraganti mintiendo en el Senado sobre los vuelos de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en el avión Falcon. Inicialmente, el Gobierno clasificó estos desplazamientos como 'secreto de Estado' amparándose en una ley franquista de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, tras la presión ejercida por El Debate y una demanda interpuesta por sus servicios jurídicos, Moncloa ha reconocido que Begoña Gómez viaja en aeronaves militares acompañando a su marido, y que estos viajes son de 'publicidad activa' a través de la web de La Moncloa. La directora jurídica de Moncloa firmó el 22 de diciembre una resolución que desmonta el bulo del Gobierno: no existe un acuerdo que clasifique estos vuelos como secretos. Los viajes personales de Begoña Gómez en el Falcon incluyen eventos como el concierto de despedida de Serrat y el homenaje a Almodóvar, justificados por Moncloa como actos 'presidenciales' o 'protocolarios'. La demanda sigue adelante debido a que Moncloa aún no ha cumplido totalmente con la resolución del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar los detalles de estos desplazamientos.
En las calles de Irán, miles de mujeres desafían al régimen islámico con valentía, quemando fotos de Alí Jamenei. Mientras tanto, en España, el movimiento feminista guarda silencio. Las mismas voces que en 2022 se solidarizaron con Mahsa Amini cortándose el pelo ahora callan. Ministras socialistas y actrices españolas, antaño activas, hoy brillan por su ausencia. La lucha por la libertad en Irán contrasta con la indiferencia en España. La República Islámica enfrenta protestas desde diciembre, impulsadas por la crisis económica y política. Donald Trump amenazó con intervenir si continuaba la represión.
En un escenario de creciente tensión, las protestas en Irán han tomado un cariz especialmente significativo con la participación activa de mujeres que desafían las restricciones impuestas por el régimen. Desde el 28 de diciembre, las manifestaciones han ido en aumento, impulsadas por la crisis económica y el deterioro del nivel de vida. La represión gubernamental ha sido brutal, con un saldo de al menos 538 fallecidos según la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA). En un gesto simbólico, mujeres iraníes en todo el mundo han encendido cigarrillos con la imagen del ayatolá Alí Jamenei como una forma de protesta contra la opresión. Mientras tanto, en España, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie en apoyo de las mujeres iraníes. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido un silencio ensordecedor, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. La contradicción se acentúa al recordar que Pablo Iglesias, exdirigente de Podemos, recibió pagos de una empresa iraní vinculada al régimen por su trabajo en una cadena de televisión asociada. A pesar de esto, las dirigentes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, han optado por desviar la atención hacia supuestas amenazas externas en lugar de solidarizarse con las mujeres iraníes.
En un giro inesperado, el PSOE balear ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que el Govern de Marga Prohens se implique activamente en la reconstrucción de Gaza y Palestina. La iniciativa, impulsada por el diputado Omar Lamin, busca que el Ejecutivo colabore con organismos internacionales y entidades humanitarias para restablecer servicios esenciales como hospitales, escuelas y redes de agua en los territorios palestinos. La PNL propone la creación de una Comisión Interinstitucional para canalizar fondos de solidaridad y cooperación desde las administraciones públicas del archipiélago. Con más de 67.000 personas asesinadas y miles de familias afectadas por los ataques israelíes, el PSIB argumenta que la comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar para reconstruir y asegurar una paz duradera.
La Unión Europea ha expresado su repudio a la 'Ley Begoña', una normativa propuesta por el PSOE que busca eliminar la acusación popular en causas judiciales, lo que podría frenar investigaciones relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha exigido al Gobierno de Sánchez que refuerce el estatuto del Fiscal General y asegure su independencia antes de cederle la instrucción de causas penales. La UE advierte que revisará en 2026 si se han cumplido sus recomendaciones sobre el Estado de Derecho en España. La ley ha sido criticada por la oposición y diversas asociaciones judiciales y fiscales, que temen que comprometa la independencia judicial y la tutela judicial efectiva. La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha preguntado a la Comisión Europea sobre la compatibilidad de esta ley con los valores del Estado de Derecho y la independencia judicial previstos en el Tratado de la Unión Europea.
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