Crítica:
La promesa de Sánchez llega tarde y sin cumplir compromisos previos. ¿Será esta vez diferente?
Sánchez promete ahora a los jóvenes en paro y sin casa 17.000 fincas rústicas para que trabajen el campo
Sánchez lanza plan agrícola
Otros artículos
Querella contra directora Guardia Civil
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por un ciudadano madrileño contra Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno en Madrid, junto con otros tres altos cargos de la Delegación. La querella acusa a estos cuatro cargos públicos de delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, relacionados con una sanción de 600 euros impuesta en 2022 por una manifestación celebrada en septiembre de 2021 contra la Agenda 2030. La manifestación, que incluyó cánticos homófobos por parte de un grupo minoritario de asistentes, generó controversia y llevó a la Delegación del Gobierno a abrir un expediente sancionador contra el denunciante, a quien se consideró coorganizador del acto pese a no haber firmado la comunicación oficial de la marcha. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid anuló la sanción en diciembre de 2023, apreciando irregularidades procedimentales y causantes de indefensión. La querella sostiene que Mercedes González Fernández anunció públicamente la imposición de sanciones antes de recibir el informe policial y que hubo filtración de datos personales del denunciante a medios de comunicación. La juez ha acordado oficiar a los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno para que informen sobre los motivos y resolución del expediente, y ha solicitado la declaración de varios testigos, incluidos el primer instructor del caso y miembros del gabinete de prensa de la Delegación. El procedimiento se encuentra ahora en fase de instrucción.
Regades impulsa baliza V16 en Vigo
David Regades, secretario general del PSOE en Pontevedra y delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, jugó un papel clave en el despegue de Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16. En 2018, Regades firmó el contrato de alquiler de una nave industrial en Nigrán con la empresa, lo que permitió un crecimiento exponencial de su facturación, pasando de 963.000 euros en 2018 a 4 millones en 2019, un incremento del 315%. Netun Solutions recibió 2,2 millones en ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez y facturó 10,6 millones en 2024, un aumento del 1.004,9% respecto a 2018. La baliza V16, obligatoria en España desde enero de 2026, sustituye a los triángulos de emergencia. Regades, considerado el delfín de Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha tenido un rol destacado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que apoyó a Netun Solutions a través de aceleradoras de empresas.
Nepotismo en Defensa: Ascenso
El cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa ha alcanzado un hito controvertido con el ascenso a general auditor de María Dolores Plaza, esposa del general auditor Francisco Javier Granados y cuñada del general consejero togado Alberto Granados. Esta situación ha generado un escenario inédito, donde la familia Granados-Plaza representa casi el 30% de los generales en un cuerpo con solo once miembros en su generalato. Los tres han ascendido en los últimos dos años, lo que ha provocado críticas internas y acusaciones de nepotismo. El ascenso de Plaza se produce después de que el coronel auditor José Miguel Alía, quien quedó primero en la puntuación objetiva para el ascenso, fuera relegado y decidiera pasar a la reserva de forma anticipada. La decisión ha generado división entre los miembros del cuerpo jurídico, con algunos defendiendo la carrera y capacidades de Plaza, mientras que otros critican su falta de experiencia en misiones internacionales y su ascenso considerado favorecido por su relación con políticos del PSOE. La nueva general auditor ocupará probablemente la vacante en la Fiscalía Militar del Supremo, mientras que su cuñado Alberto Granados dirige la Asesoría Jurídica General. La llegada de Plaza al generalato ha sido polémica, con debates sobre su falta de experiencia como asesora, fiscal o juez titular, y la ausencia de un doctorado en su perfil.
Influencers denuncian censura gubernamental
El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido al Congreso un Proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación que obliga a influencers con más de 100.000 seguidores a rectificar informaciones en un plazo de tres días si la persona afectada lo solicita. La medida afecta a más de 12.000 influencers españoles y ha generado recelo entre aquellos críticos con el Ejecutivo, quienes ven en esta iniciativa un intento de 'censura'. El abogado Jesús Santorio, conocido como Sr. Liberal en X, y el influencer Isaac Parejo, alias Infovlogger, consideran que la norma busca silenciar a voces críticas y equipara injustamente a influencers con grandes medios de comunicación sin otorgarles los mismos derechos ni capacidad de defensa. La ley establece diferentes plazos para rectificaciones: tres días para influencers, diez para prensa tradicional y veinte para medios online. Además, facilita procedimientos judiciales contra quienes se nieguen a rectificar, permitiendo demandas sucintas sin necesidad de abogado ni procurador. Los influencers críticos argumentan que esta ley es una forma de censura y autocensura que busca frenar su capacidad de denuncia contra la corrupción y abusos de poder.
DGT cambia carnet conducir España
La Unión Europea ha aprobado una directiva que cambiará el carnet de conducir español. La Comisión Europea aprobó la Directiva (UE) 2025/2205 el 5 de noviembre de 2025, estableciendo normas comunes para los permisos de conducción en todos los países miembros. España tiene tres años para adaptar estas normas a su legislación. Entre los cambios previstos se encuentran la ampliación de la validez de los permisos de conducción a 15 años para los carnets A y B, la reducción de la edad para obtener el carnet de conducir B a 17 años con ciertas condiciones, y el acceso a los permisos C y D a los 18 y 21 años respectivamente. Además, se espera una mayor homogeneización en la retirada de puntos y la comunicación entre países sobre las infracciones cometidas por conductores. La directiva también busca paliar la escasez de conductores profesionales en la Unión Europea, que actualmente supera los 100.000 para autobuses y los tres millones para camiones.
Funcionarios: 35 horas semanales
La Administración General del Estado (AGE) está a punto de implementar la jornada laboral de 35 horas semanales para sus funcionarios, una medida que podría entrar en vigor entre febrero y marzo. Según UGT, uno de los sindicatos involucrados en las negociaciones, la AGE se ha comprometido a adaptar la instrucción de jornada y horarios para hacer efectivo este cambio. Esta decisión se enmarca en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. La implantación de las 35 horas semanales había quedado pendiente tras la firma del acuerdo, que incluía una subida salarial del 11,4% para los funcionarios durante los próximos tres años. Además de la jornada laboral, se espera que en futuras reuniones se aborden otras cuestiones como la regulación del teletrabajo, la actualización de indemnizaciones y la clasificación profesional. El teletrabajo, en particular, se basará en el acuerdo alcanzado en abril de 2021 con el entonces ministro Miguel Iceta, aunque su implementación podría llevar más tiempo. La decisión de reducir la jornada laboral es un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales en la AGE, siguiendo el ejemplo de algunas administraciones autonómicas y locales que ya han adoptado esta medida.
RTVE: Informativos sesgados al Gobierno
El Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un demoledor informe de 144 páginas criticando duramente los programas 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas', presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente. Según el informe, ambos programas presentan un contenido sesgado favorable al Gobierno y al PSOE, mientras que tratan de forma discreta o ignoran temas que podrían poner en aprietos al Ejecutivo. Además, se denuncia la emisión de noticias falsas y la falta de rigor periodístico, lo que afecta la credibilidad de los informativos de RTVE. El informe también cuestiona la externalización de la producción de estos programas a productoras como La Osa Producciones, cuya dirección ha sido condenada por la justicia en ocasiones. El Consejo de Informativos reclama el refuerzo de los mecanismos de control editorial y la internalización de la producción informativa para garantizar la independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor. Con un precio de producción que supera los 2 millones de euros anuales, la externalización de estos programas supone un gasto significativo para RTVE. El informe ha sido elaborado tras meses de análisis y recomienda al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente, José Pablo López, que se tomen medidas para corregir estas deficiencias y garantizar la calidad y objetividad de los contenidos informativos. La credibilidad de RTVE se ve afectada por estas prácticas, lo que provoca que algunas fuentes y expertos se nieguen a colaborar con los informativos de la cadena pública.
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