Crítica:
El artículo presenta un relato detallado del incidente, aunque podría profundizar más en las motivaciones del agresor y en la respuesta de las autoridades. La comparación de Pablo Iglesias con el nazismo resulta controvertida.
La taberna de Pablo Iglesias, vandalizada por un individuo que se presentó como «miembro de la Fiscalía»
Vandalizan taberna de Pablo Iglesias
Otros artículos
Montero y Puente: cobros de vivienda bajo lupa
La polémica arde en los pasillos del poder: dos figuras clave del Gobierno, María Jesús Montero y Óscar Puente, se han embolsado, cada uno, la friolera de 29.104,88 euros anuales, exentos de impuestos, del Congreso de los Diputados. El concepto: indemnización por vivienda en Madrid. Lo sangrante es que ambos ministros residen en inmuebles oficiales, sufragados íntegramente por el Estado, un "chollo" revelado este martes por ABC. Montero, vicepresidenta primera, y Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, mantienen sus actas de diputados. Ella por Sevilla, él por Valladolid. Aunque su sueldo como parlamentarios queda en suspenso al ser miembros del Ejecutivo, no renuncian a la dieta mensual que la Cámara Baja abona a los diputados elegidos fuera de Madrid. Esta compensación, de 2.078,92 euros al mes distribuidos en catorce pagas, teóricamente busca cubrir los gastos de alojamiento en la capital. Pero aquí, la teoría y la práctica bailan al son de una controvertida sinfonía. La duplicidad de beneficios públicos es flagrante. Montero habita una vivienda habilitada dentro del Ministerio de Hacienda, curiosamente el mismo departamento que gestiona Patrimonio del Estado. Puente, por su parte, disfruta de un ático de lujo, también propiedad de Patrimonio del Estado, a tiro de piedra del Congreso. Y ojo al dato: este ático fue reformado con una inversión pública que superó el millón de euros. No hablamos de un modesto piso; las fuentes conocedoras de la obra cifran en 1.067.082,59 euros el coste de su reforma integral, con posibles sobrecostes, incluyendo una climatización valorada en 200.000 euros y materiales de alta gama. La base legal de esta indemnización se ancla en el artículo 17.2 b) de la Ley del IRPF, que la blinda como "compensación por gastos" y, por ende, exenta de tributación. La única vía para no percibirla sería una renuncia expresa. Ni Montero ni Puente han dado ese paso, a diferencia de otros compañeros del Ejecutivo que sí entregaron su acta de diputado. Desde el gabinete de Óscar Puente, lejos de la autocrítica, defienden la legalidad: "Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid", señalaron a ABC, restando importancia a la polémica y aludiendo a precedentes. Esta controversia sobre las dietas parlamentarias no es nueva. Hace años que se critica que el Congreso abone compensaciones por alojamiento a diputados que, elegidos en provincia, residen permanentemente en Madrid. Sin embargo, el caso de Montero y Puente adquiere una resonancia particular. No solo no afrontan gastos de alojamiento, sino que viven en residencias oficiales gestionadas por el propio Estado. Su patrimonio personal, que incluye inmuebles en Sevilla para Montero y en Valladolid y Alicante para Puente, tampoco parece ser un impedimento para beneficiarse de la vivienda oficial, las dietas parlamentarias y los servicios asociados al cargo ministerial, como vehículos y viajes oficiales. María Jesús Montero, en total, percibe 123.994,70 euros brutos anuales (94.889,82€ como vicepresidenta y ministra, más los 29.104,88€ de indemnización). Óscar Puente, por su parte, ingresa 110.941,72 euros anuales, sumando su salario ministerial y las dietas exentas, según Newtral. Todo este engranaje vuelve a poner en la picota el sistema de indemnizaciones del Congreso y la imperiosa necesidad de mecanismos que impidan el cobro de compensaciones por gastos que, a todas luces, no se están produciendo.
TVE en crisis por Irán
La presentadora Silvia Intxaurrondo desató una tormenta mediática al calificar al régimen de Irán como 'ultraderecha' en La hora de La 1. La controversia evidenció la delgada línea entre información y opinión en la televisión pública. Analistas y usuarios cuestionaron la imprecisión del término, sugiriendo que responde más a un marco ideológico que a un análisis riguroso. Irán, regido por la Sharía y un liderazgo clerical absoluto, es conocido por su apoyo a grupos como Hamás y Hezbolá, y por restringir libertades individuales. La polémica reavivó críticas a RTVE por falta de neutralidad y tono editorial en sus programas informativos.
Sesgo político en TVE destapado
El Consejo de Informativos de TVE ha destapado un escándalo de sesgo político en dos de sus programas estrella, 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas', presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente. Tras analizar más de 100 quejas de trabajadores, el Consejo concluyó que ambos programas incumplen las normas básicas de información en RTVE al mostrar un sesgo político favorable al Gobierno de Pedro Sánchez. El informe, de 144 páginas, detalla cómo los programas emiten noticias falsas, como el bulo sobre un supuesto atentado contra el presidente Sánchez por parte de un guardia civil de la UCO, o la clasificación errónea del Partido Feminista Español como organización ultraderechista. Además, se critica el lenguaje agresivo y la falta de pluralidad en los debates, con colaboradores que suelen defender tesis afines al Gobierno. El Consejo también denuncia la opacidad en la responsabilidad editorial de estos programas, externalizados a productoras como La Cometa, Big Bang Media y LaOsa Producciones. Los presentadores y colaboradores son acusados de no ejercer su rol con neutralidad ni imparcialidad, y de usar un lenguaje insultante contra adversarios políticos. El informe se ha enviado a la Dirección de Magacines de TVE y a los responsables de los programas, aunque las respuestas recibidas han sido vagas y sin aclarar las decisiones editoriales. Este escándalo pone en jaque la credibilidad de RTVE y su compromiso con la información imparcial.
Diputados izquierdas sueldo exento impuestos
La polémica entre el PSOE y sus socios de izquierdas por la propuesta de bonificar el 100% en el IRPF a los caseros que no suban el alquiler ha tomado un giro inesperado. Resulta que los diputados de izquierdas que se oponen a esta medida, como Yolanda Díaz e Ione Belarra, cobran parte de su sueldo libre de impuestos gracias a una prebenda recogida en la Ley del IRPF de 2006. Esta ley excluye las dietas de los rendimientos de trabajo, lo que afecta a la indemnización que cobran los parlamentarios para gastos de actividad. En el caso de los diputados de circunscripciones distintas a Madrid, la cantidad asciende a 2.078,92 euros libres de impuestos al mes, mientras que para los diputados electos por Madrid son 992,31 euros. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha llegado a llamar a los caseros «sanguijuelas», mientras que el portavoz de ERC, Oriol Junqueras, se ha preguntado qué pensará un trabajador sin casa al ver que alguien paga cero impuestos por tener casas. La ministra de Vivienda defiende que la propuesta del presidente busca un abordaje integral para bajar los precios y dar estabilidad a los contratos. El PSOE está dispuesto a negociar con Sumar, pero advierte que aprobará la norma con o sin el beneplácito de los socios de izquierdas.
Zapatero viaja en jets de PDVSA
El empresario Julio Martínez, detenido por la UDEF por el caso Plus Ultra, confesó a Javier de Paz, hombre de confianza de Telefónica y estrecho colaborador de José Luis Rodríguez Zapatero, que el expresidente utilizaba aviones de PDVSA para viajar a Venezuela sin dejar rastro. La conversación, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2022 en un descampado aislado de El Pardo, reveló que Martínez organizaba los viajes de Zapatero utilizando un vuelo comercial a República Dominicana y luego un Falcon de PDVSA hasta Caracas, evitando así controles aéreos convencionales. Zapatero ha reconocido públicamente viajar a Venezuela unas veinte veces al año, pero fuentes de El Debate indican que la cifra real podría triplicar esa cantidad gracias a este método. Javier de Paz, considerado el hombre de Zapatero en Telefónica desde 2008, ha cobrado más de diez millones de euros en retribuciones durante su estancia en el consejo. Mientras tanto, la Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias por el caso Plus Ultra y no se descarta que Zapatero sea citado como testigo.
Ley de Rectificación Afecta a Sánchez
El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, que afectará a personalidades como Óscar Puente, Mónica García y Pedro Sánchez debido a su gran número de seguidores en redes sociales. La ley extiende el deber de rectificación a medios digitales y a 'usuarios de especial relevancia', definidos como aquellos con más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en todas las que utilicen. Esto podría tener un impacto significativo en cómo estos individuos gestionan la información que comparten en línea. Óscar Puente, con casi 287.000 seguidores en X, ha sido criticado por difundir información falsa o engañosa, especialmente sobre la Comunidad de Madrid. La ministra Mónica García, con más de 218.000 seguidores, también ha sido mencionada como potencialmente afectada. Mientras tanto, Pedro Sánchez, aunque supera las cifras establecidas, suele utilizar sus redes de manera institucional, excepto en TikTok, donde tiene más de 3,5 millones de seguidores y comparte recomendaciones de música y libros. El ministro Félix Bolaños bromeó sobre alcanzar el estatus de 'usuario de especial relevancia' en el futuro.
Sánchez ata pensiones e inquiokupas
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un nuevo decreto 'ómnibus' que vincula la revalorización de las pensiones con ayudas a los inquiokupas, forzando al PP a apoyar o responsabilizarlo de la congelación de las pensiones. El decreto, que se votará el 27 de enero en el Congreso, incluye medidas como la prórroga de ayudas al transporte público y la moratoria del bono social eléctrico. Con esta estrategia, Sánchez busca ganar el relato a la oposición y proyectar que el PP se opone a medidas de amplio consenso, beneficiando a más de 6,4 millones de pensionistas en España. Fuentes de la Mesa del Congreso confirman que el decreto se votará íntegro o será 'troceado' si es rechazado. El PP califica el decreto de 'chantaje parlamentario' y 'trampa', argumentando que el Gobierno intenta colar medidas que no superarían un debate por separado debido a la debilidad parlamentaria.
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