El artículo proporciona una visión detallada de la decisión del Gobierno, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y sociales de la abolición de la prostitución. El título podría considerarse tendencioso al enfatizar el gasto sin contextualizar suficientemente la motivación detrás de la campaña.
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con Bildu para eliminar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Esta decisión llega tras años de peticiones por parte de España para mantener a ETA en dicha lista, creada en 2001 tras el atentado del 11 de septiembre. La inclusión de ETA en el listado se revisaba periódicamente, al menos cada semestre, para asegurar que su permanencia estaba justificada. Ahora, gracias a la mediación de Sánchez y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Bildu busca borrar el legado de una organización responsable de más de 800 asesinatos y miles de heridos en España. Este entendimiento entre el Ejecutivo y Bildu se produce en un contexto de acercamiento del PSOE a sus socios de investidura, tras la revalidación de la presidencia por parte de Sánchez. Recientemente, el presidente se ha reunido con Oriol Junqueras para pactar la financiación autonómica y con el lendakari Pradales para avanzar en el traspaso de competencias. La decisión de eliminar a ETA de la lista no implica necesariamente una desclasificación de su naturaleza terrorista, pero sí supone un cambio significativo en la política de España y la UE hacia esta organización.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado solo el 10,5% de las órdenes de expulsión contra inmigrantes ilegales en 2025, un total de 4.365 de 41.315. Desde 2022, más de 170.000 inmigrantes han quedado sin ser deportados. La cifra refleja una brecha significativa entre las órdenes dictadas y las expulsiones efectivas. El Partido Popular ha criticado esta política, argumentando que el incumplimiento de las leyes fomenta el 'efecto llamada' para futuras oleadas de inmigración ilegal. La Secretaría de Estado de Seguridad informó de solo 2.156 expulsiones entre enero y noviembre de 2025, lo que contrasta con los datos de Eurostat. El Gobierno de Sánchez se enfrenta a críticas por su manejo de la inmigración ilegal y la falta de ejecución de las órdenes de expulsión.
El Gobierno de La Rioja, liderado por Gonzalo Capellán del PP, ha generado controversia al destinar 100.000 euros mensuales para alojar a 12 menores no acompañados (menas) en un chalet de lujo con piscina en Villamediana de Iregua. La decisión se justifica por la saturación de los servicios sociales y el riesgo de no atender adecuadamente a los menores. El chalet, valorado entre 650.000 y un millón de euros, está gestionado por una entidad especializada en menores conflictivos. El coste total para ocho meses asciende a 796.579,18 euros, lo que supone 66.666 euros por menor, o 8.333 euros mensuales por cada uno. La medida ha sido criticada por Vox, que ha denunciado el elevado coste y ha cuestionado la decisión del Gobierno regional. El PP ha respondido que la medida es necesaria debido a la contingencia migratoria y que no recurrió el Real Decreto ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional, a diferencia de otros gobiernos regionales del PP. La polémica se enmarca en un contexto de tensiones entre el PP y Vox en La Rioja, donde el presidente Capellán ha afirmado que vetaría a Vox por considerarlo xenófobo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Egipto el 13 de octubre de 2025 para la firma del acuerdo de paz de la guerra de Gaza. Un mes después, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) otorgó tres subvenciones por un total de 700.000 euros a entidades egipcias. Estas subvenciones, sin contraprestación, se destinaron a proyectos como la innovación digital para mejorar la productividad agrícola, la inclusión económica de mujeres en El Cairo histórico y la capacitación de trabajadores de la salud comunitaria. Este patrón de comportamiento se repite desde 2021, con un total de 500 millones de euros destinados a Egipto bajo la coartada de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre las partidas más destacadas se encuentran tres subvenciones en 2024 por un total de más de 3 millones de euros para el 'empoderamiento socioeconómico de las mujeres del alto Egipto con soluciones digitales y ecológicas'. Además, el Fondo de Internacionalización de la Empresa ha aprobado créditos reembolsables por más de 450 millones de euros para la construcción de las líneas uno y dos del metro de El Cairo, que serán ejecutados por empresas españolas como CAF.
La regularización exprés de inmigrantes en situación irregular pactada por el Gobierno y Podemos podría incluir a delincuentes en determinados supuestos debido a una modificación en el Reglamento de Extranjería. La nueva normativa permite que los solicitantes declaren no tener antecedentes penales si no pueden obtener el certificado de sus países de origen, lo que podría suponer una vía para que delincuentes se regularicen. Los abogados consultados se debaten entre la tranquilidad y la inquietud, ya que algunos argumentan que el sistema no es más laxo que otros procedimientos de extranjería, mientras que otros ven un riesgo de regularización de delincuentes. Además, se exime a aquellos que hayan cometido delitos menores 'por necesidad'. La regularización podría beneficiar a más de 500.000 personas, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a casi 850.000. Los regularizados podrán votar en elecciones municipales bajo ciertos supuestos. El PP y Vox han criticado el real decreto, anunciando un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender su aplicación.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado un macrocontrato de casi 750.000 euros para el suministro de balizas V16 conectadas a Blu Castle Iberia SL, una empresa cuyo administrador único, Harold Charles Christian Fitch, figura en los Papeles de Panamá. La Guardia Civil necesita un mínimo de 17.000 dispositivos para distintas unidades. De las 15 empresas que se presentaron al proceso de licitación, Blu Castle Iberia SL fue la adjudicataria con un importe de 619.650 euros sin impuestos. La empresa, constituida en 2012 inicialmente como Agrupados Nectar 6 SL para promoción inmobiliaria, cambió su nombre y se reorientó hacia las telecomunicaciones y fabricación de equipos tecnológicos. Blu Castle Iberia SL declara solo dos trabajadores en plantilla y tiene apoderados chinos con amplios poderes. Fitch fue administrador de Galadreil International Ltd, sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas y disuelta en 2015. La adjudicación ha generado debate sobre los criterios de la Administración para contratos estratégicos.
La Guardia Civil investiga una conversación entre José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García sobre la repatriación de material ferroviario excedente de América Latina a España a través de Bolivia. La grabación, fechada el 23 de noviembre de 2023, revela cómo García presenta la operación como «perfectamente» cerrada y propone activar contratos de emergencia por 5 o 10 millones en ADIF y Transportes para ayudar a empresas afines. Aunque Ábalos había cesado como ministro en julio de 2021, ambos seguían hablando como si tuvieran influencia en decisiones de contratación pública. Meses después, empresas vinculadas acumularon contratos de emergencia ferroviarios. La investigación no establece una relación causal directa, pero la correspondencia temporal es relevante. El material excedente procedía de proyectos internacionales en América Latina, donde grandes constructoras españolas tienen una fuerte presencia. La contratación de emergencia permite adjudicar sin procedimiento competitivo, lo que levanta sospechas de favoritismo.
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