La noticia revela la tensión política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, pero omite detalles sobre la efectividad real de la Ley de Vivienda propuesta. ¿Es esta ley la solución a la crisis de vivienda o solo un instrumento político?
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado una orden ministerial secreta que afecta a dos altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), prorrogándolos en sus puestos más allá de los 65 años, la edad obligatoria de jubilación para los militares en el servicio secreto. Esta decisión se produce ante la posibilidad de un adelanto electoral y busca mantener la estabilidad en la cúpula del CNI. La orden no será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni comunicada internamente a los 3.500 miembros del servicio de espionaje. La medida se enmarca en un contexto de cambios en el Ministerio de Defensa, donde Robles ha mantenido a varios altos cargos militares más allá de la edad de retiro. El estatuto del personal del CNI, vigente desde 2013, establece la edad de jubilación en 65 años, pero permite excepciones. La decisión de Robles se justifica por la incertidumbre política y el riesgo de que nuevos directores generales sean destituidos tras solo unos meses en sus puestos. Esta medida afecta a la cúpula del CNI, compuesta por tres direcciones: Recursos y Servicios Generales, Inteligencia, y Tecnológica y Operativa. Los dos directores generales afectados están entre los números tres, cuatro y cinco del servicio secreto, por debajo de la directora, Esperanza Casteleiro, y del secretario general, Luis García Terán. La orden ministerial se suma a otras decisiones recientes en el Ministerio de Defensa, donde se han prorrogado los mandatos de varios altos cargos más allá de la edad de retiro. La medida ha generado cierto malestar dentro de los servicios secretos, especialmente después de la destitución del anterior secretario general, Arturo Relanzón, en diciembre de 2024, por llegar a los 65 años. El CNI cuenta con 3.500 miembros y su organigrama incluye tres direcciones bajo la Secretaría General. La decisión de Robles busca evitar la inestabilidad en el CNI ante un posible cambio de gobierno tras las elecciones.
La Guardia Civil investiga un presunto soborno de cuatro millones de euros de Forestalia a Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente de Aragón durante el gobierno de Marcelino Iglesias. La investigación se centra en la venta de la empresa Viadós, constituida por Boné y sus colaboradores en 2015, a Forestalia en 2018 por entre cuatro y 4,5 millones de euros. Los investigadores sospechan que el pago encubría un soborno por supuestos servicios prestados con anterioridad. Los implicados niegan las acusaciones, argumentando que el precio de venta fue ajustado al valor real de la empresa, que contaba con 28 empleados y gestionaba gran parte de la tramitación de Forestalia. La investigación se enmarca en una pesquisa más amplia sobre posibles tratos de favor a Forestalia en proyectos eólicos en Aragón, incluyendo el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo. La UCO ha encontrado indicios de que Viadós se creó con el objetivo de servir como vehículo para el soborno. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, con el apoyo de un informe de la UCO.
La investigación sobre la trama Plus Ultra ha destapado una red de conexiones entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la aerolínea rescatada con 53 millones de euros de dinero público. Los hermanos Baca Arbulu, empresarios peruanos detenidos en diciembre de 2025, han estado liquidando sus empresas en España desde julio de 2025, justo después de que THE OBJECTIVE revelara la reunión entre Zapatero y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes para acelerar el rescate. La primera empresa en ser liquidada fue Atitlan Capital, dedicada a la mediación empresarial internacional, seguida de Kaimana Capital y la inmobiliaria Lagrundi. Los investigadores sospechan que los hermanos Baca Arbulu recibieron parte del dinero público entregado a Plus Ultra en marzo de 2021 como devolución de un préstamo concedido en septiembre de 2020. La investigación también ha descubierto que la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, empezó a trabajar con la agencia de comunicación Whathefav SL, propiedad de las hijas de Zapatero, en septiembre de 2020.
El Gobierno ha puesto en marcha un sistema digital en los consulados para agilizar las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Nietos, aprobada en 2022. Con esta medida, se pretende resolver los 1,3 millones de expedientes pendientes y facilitar la nacionalización de los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. La digitalización de los trámites permitirá a los consulados gestionar de manera más eficiente los expedientes, evitando el colapso burocrático que hasta ahora ha lastrado el proceso. La Ley de Nietos reconoce el derecho a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas fueran originariamente españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual. Esta iniciativa se suma a la polémica regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que ha generado críticas desde el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien acusa al Ejecutivo de intentar ampliar el censo electoral por la puerta de atrás. La regularización masiva de inmigrantes y la Ley de Nietos podrían aumentar significativamente el número de votantes en las próximas elecciones generales.
La Unión Europea advirtió en 2020 que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba 'al final de su vida útil'. A pesar de esta advertencia y de la concesión de un préstamo de 90 millones de euros por el Banco Europeo de Inversiones en marzo de 2022, un tren Alvia descarriló el 18 de enero en Adamuz, causando 46 muertos y cientos de heridos. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha cuestionado a la Comisión Europea sobre el uso de los fondos europeos destinados a renovar la línea, que incluían también 111 millones de euros adicionales en 2024. La renovación de la línea, inaugurada en 1992, abarcaba 471 kilómetros y comprendía trabajos en obra civil, vía, electrificación, señalización y telecomunicaciones, así como el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario. El PP exige transparencia y responsabilidades claras sobre la inversión de estos fondos.
Cerca de 2.000 guardias civiles, apoyados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por someterlos a guardias de 16 horas sin descanso ni compensación adecuada en centrales nucleares. Los agentes, pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), permanecen 24 horas bajo restricciones que 'imposibilitan la desconexión y vulneran el concepto de descanso efectivo' definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La AUGC denuncia una vulneración sistemática del régimen de jornada y descansos, así como la incorrecta catalogación del servicio y la falta de transparencia en la compensación económica. El responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, califica la situación de 'régimen de esclavitud' y advierte que 'no pararán hasta que acabe esta injusticia'. La Comisión Europea deberá pronunciarse sobre la denuncia y, si da la razón a los guardias civiles, podría obligar al Gobierno a subsanar el problema y compensar a los agentes.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el desalojo inminente de ocho familias de guardias civiles, incluyendo bebés y niños, del cuartel de Torrelaguna (Madrid) ordenado por la Dirección General de la Guardia Civil, dirigida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. La medida se fundamenta en un informe técnico que declara el edificio inseguro debido a grietas, aunque los afectados cuestionan esta evaluación y solicitan una valoración externa. Mientras el Gobierno extiende la suspensión de desahucios hasta 2026 para proteger a la población vulnerable, la Guardia Civil expulsa a sus propios agentes sin ofrecerles alternativas de vivienda dignas. La AUGC califica la acción de 'absoluta falta de empatía' y 'profundo desprecio a los Derechos de los trabajadores', subrayando que los guardias civiles son tratados como 'ciudadanos de segunda'. Los afectados planean recurrir la decisión.
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