Crítica:
La noticia es explosiva, pero falta más contexto sobre la investigación y las pruebas que vinculan a Zapatero con el rescate de Plus Ultra. El título puede ser considerado sensacionalista.
La trama Plus Ultra comenzó a liquidar sus empresas en cuanto TO señaló a Zapatero
Zapatero implicado en Plus Ultra
Otros artículos
Soborno millonario Forestalia en Aragón
La Guardia Civil investiga un presunto soborno de cuatro millones de euros de Forestalia a Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente de Aragón durante el gobierno de Marcelino Iglesias. La investigación se centra en la venta de la empresa Viadós, constituida por Boné y sus colaboradores en 2015, a Forestalia en 2018 por entre cuatro y 4,5 millones de euros. Los investigadores sospechan que el pago encubría un soborno por supuestos servicios prestados con anterioridad. Los implicados niegan las acusaciones, argumentando que el precio de venta fue ajustado al valor real de la empresa, que contaba con 28 empleados y gestionaba gran parte de la tramitación de Forestalia. La investigación se enmarca en una pesquisa más amplia sobre posibles tratos de favor a Forestalia en proyectos eólicos en Aragón, incluyendo el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo. La UCO ha encontrado indicios de que Viadós se creó con el objetivo de servir como vehículo para el soborno. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, con el apoyo de un informe de la UCO.
Guerra Vivienda Madrid Ayuso
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha generado controversia al amenazar con aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Comunidad de Madrid debido a su negativa a implementar la Ley de Vivienda. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha respondido con dureza, acusando a Rodríguez de 'acoplarse' a eventos de la Comunidad de Madrid porque no tiene viviendas propias que inaugurar. En los últimos meses, Rodríguez se ha autoinvitado a cinco actos organizados por la Comunidad de Madrid, aunque solo ha asistido a dos: en Velilla de San Antonio el 15 de enero de 2025 y en Navalcarnero el 10 de abril de 2025. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha recibido 16.056.751,30 euros en fondos Next Generation del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que representa solo el 24,83% de la inversión total. El Gobierno de Ayuso destaca que Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España, con el 53% de las calificaciones provisionales otorgadas en 2024, y que han entregado 3.823 pisos del Plan VIVE, con otros 4.547 en edificación o comercialización. Además, el Ayuntamiento de Madrid, bajo José Luis Martínez-Almeida, ha construido 9.290 viviendas con una inversión de 1.456 millones de euros. La tensión subraya la discrepancia entre las promesas de vivienda del Gobierno central y la realidad sobre el terreno en Madrid.
Gobierno acelera nacionalización nietos
El Gobierno ha puesto en marcha un sistema digital en los consulados para agilizar las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Nietos, aprobada en 2022. Con esta medida, se pretende resolver los 1,3 millones de expedientes pendientes y facilitar la nacionalización de los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. La digitalización de los trámites permitirá a los consulados gestionar de manera más eficiente los expedientes, evitando el colapso burocrático que hasta ahora ha lastrado el proceso. La Ley de Nietos reconoce el derecho a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas fueran originariamente españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual. Esta iniciativa se suma a la polémica regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que ha generado críticas desde el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien acusa al Ejecutivo de intentar ampliar el censo electoral por la puerta de atrás. La regularización masiva de inmigrantes y la Ley de Nietos podrían aumentar significativamente el número de votantes en las próximas elecciones generales.
UE advierte sobre línea AVE
La Unión Europea advirtió en 2020 que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba 'al final de su vida útil'. A pesar de esta advertencia y de la concesión de un préstamo de 90 millones de euros por el Banco Europeo de Inversiones en marzo de 2022, un tren Alvia descarriló el 18 de enero en Adamuz, causando 46 muertos y cientos de heridos. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha cuestionado a la Comisión Europea sobre el uso de los fondos europeos destinados a renovar la línea, que incluían también 111 millones de euros adicionales en 2024. La renovación de la línea, inaugurada en 1992, abarcaba 471 kilómetros y comprendía trabajos en obra civil, vía, electrificación, señalización y telecomunicaciones, así como el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario. El PP exige transparencia y responsabilidades claras sobre la inversión de estos fondos.
Guardias civiles denuncian al Gobierno
Cerca de 2.000 guardias civiles, apoyados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por someterlos a guardias de 16 horas sin descanso ni compensación adecuada en centrales nucleares. Los agentes, pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), permanecen 24 horas bajo restricciones que 'imposibilitan la desconexión y vulneran el concepto de descanso efectivo' definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La AUGC denuncia una vulneración sistemática del régimen de jornada y descansos, así como la incorrecta catalogación del servicio y la falta de transparencia en la compensación económica. El responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, califica la situación de 'régimen de esclavitud' y advierte que 'no pararán hasta que acabe esta injusticia'. La Comisión Europea deberá pronunciarse sobre la denuncia y, si da la razón a los guardias civiles, podría obligar al Gobierno a subsanar el problema y compensar a los agentes.
Desalojo Guardia Civil sin alternativa
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el desalojo inminente de ocho familias de guardias civiles, incluyendo bebés y niños, del cuartel de Torrelaguna (Madrid) ordenado por la Dirección General de la Guardia Civil, dirigida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. La medida se fundamenta en un informe técnico que declara el edificio inseguro debido a grietas, aunque los afectados cuestionan esta evaluación y solicitan una valoración externa. Mientras el Gobierno extiende la suspensión de desahucios hasta 2026 para proteger a la población vulnerable, la Guardia Civil expulsa a sus propios agentes sin ofrecerles alternativas de vivienda dignas. La AUGC califica la acción de 'absoluta falta de empatía' y 'profundo desprecio a los Derechos de los trabajadores', subrayando que los guardias civiles son tratados como 'ciudadanos de segunda'. Los afectados planean recurrir la decisión.
Nacionalización masiva por Ley Nietos
Con la 'Ley de Nietos', impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y apoyada por Bildu, se estima que más de 2,3 millones de descendientes de exiliados o emigrantes podrían obtener la nacionalidad española. Hasta la fecha, más de un millón de personas han iniciado el trámite a través de los consulados del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otros 1,3 millones han solicitado cita para comenzar el proceso. La ley, que amplía la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, ahora permite que bisnietos de españoles exiliados puedan solicitar la nacionalidad, extendiendo el plazo hasta el 28 de diciembre de 1978. El principal obstáculo es el colapso burocrático en los consulados. Argentina es el país con mayor número de solicitudes, a través de sus cinco consulados. El ministro Ángel Víctor Torres reconoció que los trámites no están siendo fáciles debido a la complejidad del proceso.
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