Crítica:
El título puede ser engañoso al sugerir que el 'escudo social' es ineficaz, cuando en realidad la exclusión de propietarios de uno o dos inmuebles lo que hace es proteger a la mayoría de los pequeños propietarios.
El nuevo «escudo social» del Gobierno solo protegerá al 6,6 % de los inquilinos
Nuevo escudo social limitado
Otros artículos
Begoña Gómez: Pasaporte y Justicia
El magistrado Jesús Villegas ha analizado en profundidad el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha negado a entregar su pasaporte al juez que investiga sus actividades. Villegas ha explicado que, aunque Gómez no está obligada a entregar pruebas que puedan incriminarla, el juez dispone de mecanismos alternativos para obtener la información necesaria. Entre ellos, pedir a la policía judicial que reconstruya sus movimientos a través de registros policiales y administrativos. Villegas ha destacado que el juez puede oficiar a la policía para recabar información existente en registros, lo que podría ser clave para avanzar en la investigación. Además, ha planteado dos hipótesis sobre la negativa de Gómez a entregar su pasaporte: que contenga elementos inculpatorios o que haya detalles de su vida privada que quiera preservar. Para resolver este dilema, Villegas sugiere que el juez podría ordenar la extracción de solo los elementos relevantes para la investigación, manteniendo ocultos los detalles privados. El magistrado también ha criticado la falta de colaboración del matrimonio Sánchez-Gómez con la justicia, mencionando las querellas por prevaricación contra el juez instructor, que fueron desestimadas, y la negativa de Pedro Sánchez a declarar como testigo. Villegas ha calificado la 'ley Begoña', una proposición de ley del PSOE que buscaba restringir la acusación popular, como una 'auténtica barbaridad' que pretende crear privilegios defensivos para proteger a delincuentes. Finalmente, ha concluido con una reflexión: 'Por favor, los inocentes no tienen nada que temer'.
RTVE logra superávit 2025
Con un gasto total de 1.220 millones de euros en 2025, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido ante el Congreso que la Corporación ha logrado un superávit de 45 millones de euros, poniendo fin a dos años de resultados negativos. López destacó que, pese al elevado gasto, la Corporación generó ingresos comerciales propios récord y redujo sus gastos financieros. Además, subrayó que la compensación de servicio público se redujo en un 6%, de 589 millones a 552 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 37 millones para el Estado respecto al año anterior. López también negó que RTVE tenga una deuda con Hacienda o que haya solicitado un rescate a la SEPI, aunque reconoció una contingencia por IVA de 821 millones de euros. El presidente resaltó el éxito de programas como 'La Revuelta' de David Broncano, que ha contribuido al cambio de tendencia en La 1 y ha atraído a un nuevo público en prime time. López felicitó al equipo del programa por su trabajo y justificó el incremento de 3,4 millones en su presupuesto debido al tamaño del equipo y la calidad de su contenido.
Gobierno limita uso de X
La ministra Sira Rego ha declarado que el siguiente paso del Gobierno será «limitar y prohibir» el uso de X a todos los españoles. Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno y sus entes dependientes abandonen la red social X, propiedad de Elon Musk. Rego considera que X vulnera derechos fundamentales y que es necesario encontrar alternativas como Bluesky o Mastodon. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado medidas para prohibir las redes sociales a menores de 16 años y perseguir a las plataformas que no retiren contenidos ilegales. Elon Musk ha respondido acusando a Sánchez de ser un «tirano» y traicionar a España. La Moncloa ha reprochado a Pável Dúrov, fundador de Telegram, por instar a los españoles a mantenerse «vigilantes» y luchar por sus derechos. El Gobierno aún no tiene intención de cerrar sus cuentas en X y Telegram, pero ya han abierto cuentas en Bluesky.
UE investiga regularización España
En un movimiento inesperado, el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido de Giorgia Meloni, ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que investigue la regularización masiva de inmigrantes en España acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La carta, firmada por los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, argumenta que esta medida podría socavar la credibilidad del control migratorio de la UE y desencadenar un flujo de llegadas a Europa. El grupo conservador pide a la Comisión que elabore una evaluación formal de los efectos previsibles de esta regularización sobre el espacio Schengen y sus implicaciones operativas. Esta petición llega justo antes de un debate en el Parlamento Europeo sobre la misma cuestión, respaldado por Patriots for Europe y el mismo ECR. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ya se pronunció sobre el tema, afirmando que la responsabilidad del estatus de los inmigrantes recae en cada Estado miembro. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca...
Sánchez, el peor de Europa
El diario británico The Telegraph ha lanzado una crítica feroz contra el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo como uno de los peor gobernados de Europa debido a sus políticas migratorias y exteriores. Según el rotativo, la decisión de regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular responde más a una estrategia electoral que a una cuestión de justicia social. La medida ha generado polémica, con acusaciones de 'ingeniería electoral' por parte de la oposición, ya que podría favorecer al partido gobernante. Además, The Telegraph critica la postura de Sánchez hacia Israel, su rechazo a aumentar el gasto en defensa y su enfrentamiento con Estados Unidos, lo que ha provocado reproches incluso de Donald Trump. El artículo destaca que, mientras otros países europeos refuerzan su capacidad militar ante la amenaza rusa, España prioriza el gasto social sobre la defensa. La popularidad de Sánchez ha caído al 36% según YouGov, y su gobierno enfrenta críticas por presuntos casos de corrupción y la amnistía a separatistas catalanes. Elon Musk resumió la polémica con un escueto 'wow', al que Sánchez respondió en tono desafiante. Estas políticas, según The Telegraph, están alimentando el crecimiento de la derecha en España, especialmente entre los jóvenes.
PSOE asusta a jubilados
En un giro inesperado de la campaña electoral en Aragón, el PSOE ha lanzado una serie de llamadas telefónicas automatizadas utilizando la voz del expresidente Marcelino Iglesias para alertar a los jubilados sobre supuestas intenciones del PP de recortar las pensiones. Estas llamadas, que han generado controversia, presentan a Iglesias criticando duramente al actual líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, acusándolo de votar en contra del aumento de las pensiones. El PP ha respondido denunciando estas prácticas ante la Junta Electoral, calificándolas de 'desleales' y 'falsas'. La secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós, ha destacado que algunas de estas llamadas provienen del mismo sistema automático y han acusado a Azcón de querer recortar 400 euros anuales a los pensionistas. Además, se han reportado otras llamadas que simulan ser de niños que aseguran sufrir recortes en sus derechos y responsabilizan a Azcón. Alós ha vinculado directamente estas tácticas al PSOE y a su líder, Pilar Alegría, y ha denunciado un supuesto pago de hasta 800 euros a influencers para desacreditar a Azcón. La controversia ha escalado rápidamente, poniendo de relieve la intensa batalla electoral en la región.
Gobierno compra 35.300 urnas electorales
El Ministerio del Interior ha licitado la compra de 35.300 urnas electorales adicionales con cuatro años de antelación, pese a que el contrato vigente expira en julio de 2026. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para asegurar la logística electoral, que incluye la contratación anticipada de cabinas de votación, papeletas y sobres. El objetivo es evitar tensiones y garantizar la disponibilidad de material en caso de un calendario político acelerado. La medida se produce en un contexto de crecimiento sostenido del censo electoral y una distribución territorial más compleja, especialmente en áreas urbanas. El nuevo contrato tiene un presupuesto base de 1.722.013 euros y estará vigente durante cuatro años. Las ofertas para el suministro de urnas podrán presentarse hasta el 20 de marzo.
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