El artículo presenta una visión crítica de la regularización masiva y destaca la preocupación de los sindicatos policiales por la posible explotación de la situación por parte de las mafias. Sin embargo, no ofrece una visión equilibrada de la política migratoria del Gobierno.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado formalmente a Presidencia del Gobierno que entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde 2018, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción. El magistrado ha concedido un plazo de 10 días para la entrega de esta información y ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice dichos mensajes en relación con la investigación por malversación. Además, ha pedido al Ministerio del Interior que informe sobre los viajes en avión realizados por Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, a países como República Dominicana, Congo, Guinea y Rusia desde 2018, recabando los datos de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP). La investigación se centra en determinar si los correos electrónicos y los viajes están relacionados con actividades privadas o si se han utilizado recursos públicos de manera inapropiada. El juez ha defendido que sus peticiones son necesarias y proporcionadas, criticando la escasa colaboración previa de Gómez y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión del juez llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en diciembre su investigación por un delito de malversación de fondos, revocando inicialmente la solicitud de los correos electrónicos por una cuestión de forma. Begoña Gómez acompañó a Pedro Sánchez a la XXVIII Cumbre Iberoamericana en República Dominicana en marzo de 2023, donde se reunieron líderes de América Latina, España y Portugal. Aunque su presencia en la cumbre fue sin agenda oficial, posteriormente impulsó 'alianzas' de su cátedra en Iberoamérica.
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, testificó ante el juez Arturo Zamarriego el 2 de febrero de 2026, confirmando dos reuniones en abril de 2024 con Leire Díez y Javier Pérez Dolset en la sede del PSOE. En esos encuentros se discutieron audios del comisario Villarejo relacionados con los prostíbulos del suegro del presidente Pedro Sánchez. Cerdán aseguró que no informó a Sánchez sobre las reuniones y que la información no era novedosa. También negó cualquier vínculo con Leire Díez como su 'mano derecha' y con otras figuras investigadas. La declaración de Cerdán se produjo en el marco de una investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. El juez intervino para frenar los intentos de las acusaciones de cuestionar a Cerdán, afirmando que no había sospechas contra él en ese tema.
Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y mano derecha de Pedro Sánchez, compareció en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo. Allí reconoció haber sido apoderada de la empresa familiar Sumelzo S.A. durante cinco meses hace 17 años, aunque aseguró no haber utilizado nunca el poder notarial. La empresa de su familia ha sido relacionada con pagos a Servinabar, una de las firmas investigadas por amañar obras públicas. Sumelzo negó cualquier vinculación con los negocios familiares y rechazó que se le pidiera mediar con alguien del partido. La sesión fue tensa, con el senador del PP Salvador Foronda cuestionando su posible conflicto de intereses al ser apoderada mientras trabajaba en la Diputación de Zaragoza. La dirigente socialista advirtió que las insinuaciones sin pruebas podían constituir un delito contra su honor y reputación. La investigación también ha sacado a la luz que la empresa de su familia y Forestalia, otra compañía investigada, han mantenido complejas relaciones societarias y han recibido importantes ayudas públicas. En 2022, el Gobierno financió un proyecto de Forestalia con 17,3 millones de euros a través de Sepides. Los registros mercantiles muestran una red de sociedades vinculadas a los Sumelzo y Forestalia, con pagos a Servinabar y una serie de transacciones sospechosas en proyectos energéticos en Aragón. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa coincidió con un incremento del 153% en la facturación de Sumelzo S.A., que pasó de 6,4 millones en 2018 a 16,2 millones en 2020. Sus principales clientes han sido administraciones públicas, especialmente la Confederación Hidrográfica del Ebro, que le otorgó 11 contratos por 16 millones de euros durante el mandato de Teresa Ribera.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido a Pedro Sánchez que revele los nombres y sueldos de los 380 asesores y cargos de confianza en la Presidencia del Gobierno. La decisión se produce tras una reclamación por falta de respuesta administrativa y sitúa la responsabilidad en la Presidencia, que debe remitir la información o recurrir la resolución. Los 380 puestos identificados incluyen 143 asesores dedicados a labores de asesoramiento directo, 51 plazas de secretaría y apoyo, y 186 perfiles técnicos y administrativos. Los niveles superiores concentran complementos retributivos elevados, alcanzando hasta 41.000 euros anuales para algunos puestos. La exigencia de transparencia cobra relevancia en un contexto político marcado por investigaciones y controversias alrededor de figuras del entorno gubernamental.
En 2005, Muface vendió un piso de lujo en Madrid a Comercial Ferrica S.A. por 549.266,68 euros, muy por debajo de su valor de mercado estimado en 900.000 euros. Cuatro años después, el inmueble fue heredado por Miguel Ángel Gómez Fernández, hermano de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El piso, ubicado en la calle San Bernardo 38, cerca de la Gran Vía, tiene actualmente un valor de alrededor de 1,5 millones de euros. La operación inicial generó dudas debido a la falta de subasta competitiva y justificación del precio. La conexión con la familia Gómez es evidente, ya que el edificio ha estado vinculado a sus negocios, incluyendo la sauna Adán, regentada por su padre, Sabiniano Gómez. Además, otros inmuebles del mismo edificio fueron alquilados por la familia a precios muy por debajo del mercado. La productora audiovisual Picture Lock, de la que Miguel Ángel Gómez es administrador, tiene actualmente su sede en el inmueble.
La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha invertido 667.500 euros en un cambio de imagen implementado el 7 de enero de 2026, coincidiendo con su 70º aniversario. Dirigida por José Pablo López, la actualización 'refresca' elementos visuales y gráficos sin alterar la esencia de la identidad actual. A pesar de la inversión, muchos usuarios han calificado el cambio como 'imperceptible'. Con un presupuesto de 1.200 millones de euros para 2025 y una plantilla de 7.000 empleados, RTVE ha sido objeto de críticas en redes sociales tanto por la estética del cambio como por su elevado coste. El cambio se centró en actualizar la tipografía, continuidades, grafismos y otros elementos visuales, manteniendo los colores corporativos. La decisión de actualizar la imagen coincide con una etapa de 'colonización' política de instituciones públicas por parte del gobierno de Pedro Sánchez desde 2018, período durante el cual RTVE ha visto incrementado su presupuesto año tras año.
La Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para una mossa d'esquadra que presuntamente falsificó un certificado de catalán C2 para ascender a cabo en septiembre de 2020. La acusada subió el documento a la intranet de la policía catalana desde la comisaría de Vilafranca del Penedès (Barcelona), utilizando un pantallazo de un título publicado por otra agente en X. La defensa alega que no fue ella quien manipuló el certificado y que, en cualquier caso, el engaño no se consumó porque la falsificación fue detectada. La investigación reveló que la acusada no se había examinado nunca y que el número de registro no correspondía a la fecha de emisión. El fiscal subraya la relación causal entre la falsificación y la participación en el concurso días después.
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