Crítica:
El artículo presenta un debate candente y polarizado. Falta una visión más neutral que equilibre las posturas de ambos lados.
El artículo presenta un debate candente y polarizado. Falta una visión más neutral que equilibre las posturas de ambos lados.
El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha generado un intenso debate en la izquierda madrileña al sugerir que el movimiento LGTBI no debe 'invisibilizar' a los 'chicos varones'. Sus declaraciones en eldiario.es fueron recibidas con críticas feroces por parte de compañeros de partido, como Jimena González y Carla Antonelli, quienes las calificaron de 'completo disparate' y 'torpeza inmensa'. El propio Más Madrid se desvinculó de sus palabras a través de redes sociales, afirmando que 'la mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros'. El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas, argumentando que la visibilidad LGTBIQ+ no implica la invisibilización de otros grupos. Finalmente, Delgado pidió disculpas, admitiendo que estuvo 'muy poco fino' en sus declaraciones y que tratará de explicarse mejor en el futuro.
La noticia revela que Borja Cabezón y Ferraz mintieron sobre su estructura empresarial y el uso de testaferros para eludir impuestos. Documentos de la Agencia Tributaria acreditan la existencia de un entramado mercantil con ramificaciones en Costa Rica, vinculado a Cabezón y a la sociedad británica Glengrove Limited. Estos documentos, intervenidos en abril de 2016, muestran que Cabezón continuó usando los servicios de Nummaria, un despacho dirigido por el fiscalista Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel en julio de 2025 por crear estructuras para eludir impuestos. La Audiencia Nacional detalló que Nummaria facilitó sociedades opacas en varios países, permitiendo a clientes como Cabezón evadir impuestos sin ser detectados. Cabezón y Ferraz desmintieron estos hechos, pero los documentos prueban que mintieron sobre la existencia de empresas en el extranjero y el uso de testaferros. El caso evidencia la complejidad de las redes de evasión fiscal y la implicación de figuras públicas.
El gobierno de Salvador Illa ha encargado un informe para limitar la compra de viviendas en Cataluña, restringiéndola solo a quienes vayan a habitarlas, siguiendo una estrategia impulsada por los Comunes y su líder, Jéssica Albiach. Este movimiento, que cuenta con el respaldo de figuras como Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera y Carles Viver i Pi-Sunyer, pretende dar marco legal para impedir compras con fines de inversión en 'zonas tensionadas', que en la práctica abarcan casi toda la trama urbana catalana. Expertos consultados advierten que esta medida es anticonstitucional, ya que restringe la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada. La propuesta podría avanzar en el Parlament con el apoyo del PSC y ERC, lo que supondría el fin del mercado inmobiliario en Cataluña. La medida se produce en un contexto en el que el sector inmobiliario ya está en declive: en 2025, las viviendas visadas en Barcelona cayeron un 20,15% respecto al año anterior, y en la capital catalana la caída fue del 39,22%, alcanzando el mínimo de la década con solo 1.195 viviendas visadas.
En un movimiento sin precedentes, 126 inmigrantes ilegales subsaharianos han sido trasladados desde el CETI de Ceuta a la península este martes. La mayoría de los trasladados son varones naturales de Sudán y solicitan protección internacional. Este traslado masivo se produce en medio de un contexto de colapso en el CETI, que alberga más de 800 personas pese a tener una capacidad máxima de 512 plazas. Desde enero, ya han salido 468 residentes hacia otras comunidades autónomas. La Delegación del Gobierno ha confirmado que se intensificarán los traslados, con 130 personas previstas para ser reubicadas entre martes y miércoles. La situación en Ceuta es crítica, con ingresos continuos de inmigrantes irregulares y denuncias de partidos políticos locales sobre las condiciones de hacinamiento y falta de recursos en el CETI.
La reciente subida salarial de 4.000 euros anuales para los Mossos d'Esquadra ha generado una brecha salarial de 970 euros mensuales respecto a policías nacionales y guardias civiles. El aumento, celebrado por sindicatos como SAP, SME y FEPOL, sitúa el salario bruto mensual de un mosso en 3.058 euros, un 19,6% más que un policía nacional y un 19,9% más que un guardia civil. La diferencia se acentúa en las pensiones, donde los mossos cobran un 48% más. Jusapol denuncia discriminación y anuncia movilizaciones.
Una inspección municipal en abril de 1998 reveló graves irregularidades en un prostíbulo vinculado a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El local, ubicado en el Paseo de la Castellana 180, había suprimido un servicio higiénico público para instalar una sauna adicional y funcionaba 24 horas sin autorización. Los inspectores también encontraron salidas de emergencia inoperativas, elementos no autorizados en el sótano, como una cama, y un vestuario sin equipamiento reglamentario. El titular del establecimiento era Conrado Gómez Serrano, hermano de Sabiniano Gómez y tío de Begoña Gómez. El local operaba bajo la sociedad San Bernardo 36 SL, una de las empresas del entramado familiar dedicado a la industria del sexo. El Tribunal Supremo ya había sentenciado en 2001 que en otro de sus locales, la Sauna Princesa, se ejercía la prostitución. La familia también intentó instalar máquinas tragaperras en sus establecimientos, pero la solicitud fue denegada. Las irregularidades acumuladas y la presencia de mobiliario destinado a la prostitución en el sótano desvelan un negocio que trascendía la actividad amparada por la licencia.
En una votación celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, las diputadas del PSOE y sus socios han votado en contra de la Proposición de Ley (PL) presentada por Vox para prohibir el uso del burka y otros velos integrales en espacios públicos. La propuesta, que fue secundada por el PP, no salió adelante debido a la falta de consenso, obteniendo 170 votos a favor, 177 en contra y una abstención. La diputada del PSOE, Andrea Fernández, defendió que cualquier atuendo que oculte la identidad de las mujeres por serlo parte de lógicas machistas, incluyendo el niqab y el burka. Por su parte, Vox argumentó que la prohibición era necesaria por razones de seguridad, convivencia y defensa de la dignidad de las mujeres que lo portan. El PP, liderado por Ester Muñoz, también se mostró a favor de la medida, criticando la postura de la izquierda progresista al respecto.
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