Crítica:
El artículo denuncia la falta de mantenimiento de las carreteras españolas y la insuficiente inversión pública, pero podría profundizar en las medidas concretas que el Gobierno debería tomar para abordar el problema.
El artículo denuncia la falta de mantenimiento de las carreteras españolas y la insuficiente inversión pública, pero podría profundizar en las medidas concretas que el Gobierno debería tomar para abordar el problema.
La enfermera Susana Hernández, colocada por Pedro Sánchez en octubre de 2020 como presidenta de Sainsel Sistemas Navales, ha generado un escándalo por sus emolumentos. Desde su nombramiento, ha cobrado un total de 636.866,48 euros brutos. La empresa, vinculada a Navantia e Indra, se dedica a la ingeniería naval y ha registrado pérdidas coincidiendo con su mandato. Susana Hernández pasó de ser concejala socialista en Murcia a senadora del PSOE antes de asumir el cargo en Sainsel. A pesar de carecer de experiencia en ingeniería naval, su retribución ha aumentado progresivamente: 21.390,01 euros en 2020, 94.767,93 en 2021, 126.924,58 en 2022, 127.504,71 en 2023, y 131.265,20 en 2024, con una previsión de 135.014,05 euros para 2025. Además, ha gastado 35.748,96 euros en dietas y desplazamientos, con viajes a destinos como Colombia, Perú y Chile. La empresa ha acumulado pérdidas entre 2021 y 2023, aunque en 2024 mejoró gracias a una subvención europea de 373.000 euros.
El Gobierno ha defendido la incorporación de cuatro ex cargos del Ministerio de Transportes en puestos directivos de Renfe, argumentando que están 'capacitados' para sus nuevos roles. Entre los nombrados se encuentran Álvaro Fernández Heredia, actual presidente de Renfe, y Roser Obrer, exdirectora general de Transporte por Carretera, ahora gerente del área de Servicio Público en Renfe Viajeros. La mitad de estos directivos provienen del sector del autobús, lo que ha generado críticas internas entre los ferroviarios, quienes cuestionan su falta de experiencia en el sector ferroviario. Estos movimientos coinciden con la propuesta de jubilación forzosa de 1.300 trabajadores veteranos de Renfe, un plan que finalmente se paralizó. El Ejecutivo justificó los nombramientos basándose en 'criterios de oportunidad y capacitación' determinados por el Consejo de Ministros. Además, el Gobierno ha defendido otros movimientos corporativos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes, como el ascenso de Almudena Hernando en ADIF, pareja de un alto cargo de la misma empresa.
Borja Cabezón, íntimo amigo y colaborador de Pedro Sánchez, ha declarado prácticamente los mismos ahorros en sus cuentas corrientes en 2020 y 2025, pese a haber ocupado varios cargos públicos con retribuciones elevadas durante ese periodo. En 2020, declaró 17.600,83 euros en depósitos, mientras que en 2025 la cifra fue de 17.506,50 euros, apenas 94 euros menos en cinco años. Durante este tiempo, Cabezón acumuló salarios que superaron los 300.000 euros brutos. Su carrera política incluye puestos como director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y consejero delegado de ENISA, con retribuciones anuales de hasta 98.474 euros y previsiblemente más de 100.000 euros en ejercicios posteriores. Pese a estos ingresos, el saldo en sus cuentas corrientes permaneció prácticamente congelado. La declaración de 2025 refleja cambios en otros apartados, como un aumento en el valor declarado de bienes inmuebles de 184.960,15 euros a 579.272 euros y un pasivo de 295.840,97 euros. Fuentes fiscales explican que la cifra declarada en depósitos no necesariamente refleja el total del patrimonio financiero, sino solo el saldo en cuentas corrientes o de ahorro. La estabilidad de sus ahorros coincide con una polémica sobre el posible uso de empresas y testaferros para eludir impuestos, lo que el PSOE niega. La coincidencia temporal entre la publicación de su declaración de bienes y la polémica sitúa a Cabezón en el centro del foco político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría manipulado las primarias del PSOE en 2017 junto a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, según revelaciones de El Español basadas en el contenido del teléfono de Koldo. Los mensajes de WhatsApp muestran instrucciones para intervenir en votaciones en Navarra y otras comunidades autónomas. La expareja de Koldo, Patricia Úriz, habría introducido papeletas falsas y modificado actas. Los mensajes también señalan la implicación de otros colaboradores en Valencia, Madrid y Andalucía. La manipulación incluyó suplantación de votantes y alteración de censos. El escándalo se suma a denuncias previas de irregularidades en las primarias de 2014 y 2017. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ya había cuestionado la legitimidad de la elección de Sánchez en 2017. Los hechos revelan una red de colaboradores y una posible trama de corrupción en el seno del PSOE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo plan para construir 15.000 viviendas al año mediante un fondo soberano de 23.000 millones de euros. Sin embargo, esta promesa se suma a una larga lista de anuncios similares que no se han materializado en nuevas construcciones. La iniciativa 'España Crece' pretende dar prioridad a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible y social, combinando financiación a largo plazo con soluciones de inversión en capital. El anuncio se produce en un contexto de inmigración masiva e irregular, lo que podría aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda. Según Funcas, la regularización masiva anunciada por PSOE y Podemos podría beneficiar a casi un millón de personas, lo que podría generar un efecto llamada y aumentar el flujo migratorio en otros 212.000 inmigrantes anuales. El déficit de viviendas en España es de unos 700.000 inmuebles, según el Banco de España.
El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha generado un intenso debate en la izquierda madrileña al sugerir que el movimiento LGTBI no debe 'invisibilizar' a los 'chicos varones'. Sus declaraciones en eldiario.es fueron recibidas con críticas feroces por parte de compañeros de partido, como Jimena González y Carla Antonelli, quienes las calificaron de 'completo disparate' y 'torpeza inmensa'. El propio Más Madrid se desvinculó de sus palabras a través de redes sociales, afirmando que 'la mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros'. El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas, argumentando que la visibilidad LGTBIQ+ no implica la invisibilización de otros grupos. Finalmente, Delgado pidió disculpas, admitiendo que estuvo 'muy poco fino' en sus declaraciones y que tratará de explicarse mejor en el futuro.
La noticia revela que Borja Cabezón y Ferraz mintieron sobre su estructura empresarial y el uso de testaferros para eludir impuestos. Documentos de la Agencia Tributaria acreditan la existencia de un entramado mercantil con ramificaciones en Costa Rica, vinculado a Cabezón y a la sociedad británica Glengrove Limited. Estos documentos, intervenidos en abril de 2016, muestran que Cabezón continuó usando los servicios de Nummaria, un despacho dirigido por el fiscalista Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel en julio de 2025 por crear estructuras para eludir impuestos. La Audiencia Nacional detalló que Nummaria facilitó sociedades opacas en varios países, permitiendo a clientes como Cabezón evadir impuestos sin ser detectados. Cabezón y Ferraz desmintieron estos hechos, pero los documentos prueban que mintieron sobre la existencia de empresas en el extranjero y el uso de testaferros. El caso evidencia la complejidad de las redes de evasión fiscal y la implicación de figuras públicas.
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