Crítica:
El artículo destaca la falta de concreción en los plazos de ejecución y la insuficiencia de la medida ante el déficit de viviendas existente y el aumento previsto de la inmigración.
Nuevo truco de Sánchez con la promesa de las 15.000 casas al año
Sánchez promete 15.000 viviendas
Otros artículos
Sueldo millonario de amigo Sánchez
Borja Cabezón, íntimo amigo y colaborador de Pedro Sánchez, ha declarado prácticamente los mismos ahorros en sus cuentas corrientes en 2020 y 2025, pese a haber ocupado varios cargos públicos con retribuciones elevadas durante ese periodo. En 2020, declaró 17.600,83 euros en depósitos, mientras que en 2025 la cifra fue de 17.506,50 euros, apenas 94 euros menos en cinco años. Durante este tiempo, Cabezón acumuló salarios que superaron los 300.000 euros brutos. Su carrera política incluye puestos como director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y consejero delegado de ENISA, con retribuciones anuales de hasta 98.474 euros y previsiblemente más de 100.000 euros en ejercicios posteriores. Pese a estos ingresos, el saldo en sus cuentas corrientes permaneció prácticamente congelado. La declaración de 2025 refleja cambios en otros apartados, como un aumento en el valor declarado de bienes inmuebles de 184.960,15 euros a 579.272 euros y un pasivo de 295.840,97 euros. Fuentes fiscales explican que la cifra declarada en depósitos no necesariamente refleja el total del patrimonio financiero, sino solo el saldo en cuentas corrientes o de ahorro. La estabilidad de sus ahorros coincide con una polémica sobre el posible uso de empresas y testaferros para eludir impuestos, lo que el PSOE niega. La coincidencia temporal entre la publicación de su declaración de bienes y la polémica sitúa a Cabezón en el centro del foco político.
Sánchez manipula primarias PSOE 2017
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría manipulado las primarias del PSOE en 2017 junto a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, según revelaciones de El Español basadas en el contenido del teléfono de Koldo. Los mensajes de WhatsApp muestran instrucciones para intervenir en votaciones en Navarra y otras comunidades autónomas. La expareja de Koldo, Patricia Úriz, habría introducido papeletas falsas y modificado actas. Los mensajes también señalan la implicación de otros colaboradores en Valencia, Madrid y Andalucía. La manipulación incluyó suplantación de votantes y alteración de censos. El escándalo se suma a denuncias previas de irregularidades en las primarias de 2014 y 2017. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ya había cuestionado la legitimidad de la elección de Sánchez en 2017. Los hechos revelan una red de colaboradores y una posible trama de corrupción en el seno del PSOE.
Polémica en Más Madrid por LGTBI
El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha generado un intenso debate en la izquierda madrileña al sugerir que el movimiento LGTBI no debe 'invisibilizar' a los 'chicos varones'. Sus declaraciones en eldiario.es fueron recibidas con críticas feroces por parte de compañeros de partido, como Jimena González y Carla Antonelli, quienes las calificaron de 'completo disparate' y 'torpeza inmensa'. El propio Más Madrid se desvinculó de sus palabras a través de redes sociales, afirmando que 'la mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros'. El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas, argumentando que la visibilidad LGTBIQ+ no implica la invisibilización de otros grupos. Finalmente, Delgado pidió disculpas, admitiendo que estuvo 'muy poco fino' en sus declaraciones y que tratará de explicarse mejor en el futuro.
Cabezón y Ferraz: evasión fiscal
La noticia revela que Borja Cabezón y Ferraz mintieron sobre su estructura empresarial y el uso de testaferros para eludir impuestos. Documentos de la Agencia Tributaria acreditan la existencia de un entramado mercantil con ramificaciones en Costa Rica, vinculado a Cabezón y a la sociedad británica Glengrove Limited. Estos documentos, intervenidos en abril de 2016, muestran que Cabezón continuó usando los servicios de Nummaria, un despacho dirigido por el fiscalista Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel en julio de 2025 por crear estructuras para eludir impuestos. La Audiencia Nacional detalló que Nummaria facilitó sociedades opacas en varios países, permitiendo a clientes como Cabezón evadir impuestos sin ser detectados. Cabezón y Ferraz desmintieron estos hechos, pero los documentos prueban que mintieron sobre la existencia de empresas en el extranjero y el uso de testaferros. El caso evidencia la complejidad de las redes de evasión fiscal y la implicación de figuras públicas.
Burka y feminismo en España
En un tenso enfrentamiento dialéctico y digital, la diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, ha corregido públicamente las informaciones que circulaban sobre las intenciones de su formación y Vox respecto al uso del velo integral en España. Muñoz lanzó un ataque frontal contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusándola de 'mentir' para proteger una prenda que, según Muñoz, oprime a la mujer. La polémica gira en torno al burka, una túnica integral que cubre todo el cuerpo, incluso los ojos con una rejilla, y que es vista por Muñoz como una 'cárcel' para las mujeres, mientras que Díaz considera que prohibirlo vulnera la libertad religiosa. El debate ha llevado a aclaraciones sobre las diferencias entre hiyab, niqab y burka, prendas islámicas que han generado controversia. Muñoz subrayó que defender la libertad de la mujer es incompatible con normalizar el burka, y aclaró que su partido no busca distorsionar la realidad sobre estas prendas. La discusión se intensificó cuando Díaz vinculó la prohibición del burka con una vulneración de derechos constitucionales, específicamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad ideológica y religiosa. Muñoz respondió con contundencia, acusando a Díaz de mentir y de no ser feminista. El intercambio de acusaciones y aclaraciones ha puesto de relieve la complejidad del debate sobre la libertad religiosa, la igualdad de género y los límites de la libertad de expresión en España.
Cataluña restringe compra pisos
El gobierno de Salvador Illa ha encargado un informe para limitar la compra de viviendas en Cataluña, restringiéndola solo a quienes vayan a habitarlas, siguiendo una estrategia impulsada por los Comunes y su líder, Jéssica Albiach. Este movimiento, que cuenta con el respaldo de figuras como Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera y Carles Viver i Pi-Sunyer, pretende dar marco legal para impedir compras con fines de inversión en 'zonas tensionadas', que en la práctica abarcan casi toda la trama urbana catalana. Expertos consultados advierten que esta medida es anticonstitucional, ya que restringe la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada. La propuesta podría avanzar en el Parlament con el apoyo del PSC y ERC, lo que supondría el fin del mercado inmobiliario en Cataluña. La medida se produce en un contexto en el que el sector inmobiliario ya está en declive: en 2025, las viviendas visadas en Barcelona cayeron un 20,15% respecto al año anterior, y en la capital catalana la caída fue del 39,22%, alcanzando el mínimo de la década con solo 1.195 viviendas visadas.
Marlaska traslada 126 inmigrantes
En un movimiento sin precedentes, 126 inmigrantes ilegales subsaharianos han sido trasladados desde el CETI de Ceuta a la península este martes. La mayoría de los trasladados son varones naturales de Sudán y solicitan protección internacional. Este traslado masivo se produce en medio de un contexto de colapso en el CETI, que alberga más de 800 personas pese a tener una capacidad máxima de 512 plazas. Desde enero, ya han salido 468 residentes hacia otras comunidades autónomas. La Delegación del Gobierno ha confirmado que se intensificarán los traslados, con 130 personas previstas para ser reubicadas entre martes y miércoles. La situación en Ceuta es crítica, con ingresos continuos de inmigrantes irregulares y denuncias de partidos políticos locales sobre las condiciones de hacinamiento y falta de recursos en el CETI.
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