El artículo presenta una visión crítica de la política energética del Gobierno, pero podría profundizar más en las alternativas propuestas por la Comunidad de Madrid. El lenguaje utilizado es contundente, calificando la situación de 'crítica' y la política del Gobierno de 'elefante en la habitación'.
La Guardia Civil ha actuado contra un matrimonio por delito de usurpación y otro de urbanismo después de que estuvieran ejecutando obras en el Hacho, en un territorio de Defensa cedido a la Ciudad de Ceuta. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA), se inició tras un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local en noviembre pasado. Los agentes municipales habían sido alertados por ciudadanos que localizaron una obra en ejecución en la zona forestal del Monte Hacho, donde varias personas levantaban muros de bloque y estructuras metálicas. La inspección ocular conjunta y las posteriores gestiones de investigación confirmaron que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa, catalogada como suelo rústico y de especial protección, y que las obras carecían de cualquier tipo de licencia o autorización. El dictamen pericial indicó que las obras no eran legalizables dada la clasificación del terreno. Por ello, se procedió a la lectura de derechos en calidad de investigadas a dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción ilegal. Este caso se suma a otros similares en la zona, como el caso de octubre de 2025 donde el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dictó sentencia condenatoria contra tres personas por hechos similares cometidos en 2024.
El juez Arturo Zamarriego, que investiga las cloacas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional toda la documentación relacionada con la operación Leire. Esta petición se produce en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en la que figura como investigada Leire Díez Castro, exmilitante socialista detenida en diciembre junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso. La operación Leire ha generado gran expectación debido a las presuntas maniobras de Díez Castro para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. En este contexto, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró el 2 de febrero ante el juez Zamarriego, admitiendo haberse reunido con Díez en dos ocasiones para recibir audios relacionados con la 'policía patriótica' y supuestas escuchas en las saunas del padre de Begoña Gómez. Además, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, también reconoció haber mantenido una reunión con Díez, acompañado de Cerdán y su mano derecha, Juanfran Serrano, quien permanece en la secretaría de Organización del partido.
La Administración General del Estado (AGE) se prepara para implementar una jornada laboral de 35 horas semanales a partir de marzo, según lo aprobado por la comisión permanente. Esta medida, respaldada por sindicatos como UGT y CCOO, busca mejorar la productividad sin afectar la contratación. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, destacó que la reducción horaria no impactará en la Oferta de Empleo Público y que prácticamente el 90% de las administraciones locales ya han adoptado esta jornada. Sin embargo, ciertos colectivos como trabajadores de instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla requerirán un ajuste adicional, previsto para abril. La implementación será adaptada por cada departamento, con una reducción diaria de media hora para quienes actualmente trabajan 37,5 horas de lunes a viernes. Araque también criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su anterior negativa a implementar las 35 horas hasta que el Estado lo hiciera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024, que también incluye otros pendientes como la recuperación de la jubilación parcial y la reclasificación profesional.
El Tribunal Supremo ha cuantificado en 79.942,70 euros las costas del juicio que resultó en la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, estaba siendo representado por el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, quien justificó sus honorarios argumentando la complejidad del caso y la falta de precedentes en la filtración de información reservada por parte de un fiscal general. García Ortiz fue condenado por revelar secretos y deberá pagar esta cuantiosa suma además de una multa de 17.200 euros. La minuta del abogado de González Amador asciende a 64.778,78 euros, a lo que se suman 13.603,32 euros de IVA y 1.560,38 euros por los honorarios de la procuradora. El letrado defendió que nunca antes un fiscal general había protagonizado una filtración semejante, involucrando a un representante público de un partido rival. Rodríguez Ramos detalló sus honorarios, cobrando 250 euros por la preparación de cada interrogatorio y 750 euros por cada recurso de apelación.
La red viaria española se encuentra en un estado penoso según la plataforma para la defensa del sector del transporte. Manuel Hernández, su presidente, denunció en el programa 'El Cascabel' de TRECE la peligrosidad insostenible que enfrentan los conductores, agravada por los últimos temporales. La plataforma presentó un escrito al Ministerio de Transporte el 11 de febrero detallando los tramos en peor estado, pero aún no han obtenido respuesta. Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, explicó que las carreteras se deterioran 'de arriba a abajo' por falta de mantenimiento. El proceso comienza con fisuras en la capa de rodadura debido al tráfico pesado. Si no se sellan, el problema se agrava. El agua es otro factor clave, ya que al entrar y aumentar la presión intersticial, daña la capa estructural. Los simples parcheos son ineficaces si no se sanea la base. Contreras criticó la inversión pública de 1.500 millones en la red estatal cuando debería ser de 5.000 millones. La carretera genera 30.000 millones anuales en impuestos, pero solo se destina un 0,75% al mantenimiento. Hernández destacó que el sector del transporte aporta 52.000 millones anuales en impuestos y tasas. La DGT registró 554 siniestros por reventones de neumáticos en 2024, con 1.017 víctimas y 39 muertos. Hernández vinculó estos incidentes al mal estado de las carreteras y denunció la falta de interlocución con el Gobierno.
La enfermera Susana Hernández, colocada por Pedro Sánchez en octubre de 2020 como presidenta de Sainsel Sistemas Navales, ha generado un escándalo por sus emolumentos. Desde su nombramiento, ha cobrado un total de 636.866,48 euros brutos. La empresa, vinculada a Navantia e Indra, se dedica a la ingeniería naval y ha registrado pérdidas coincidiendo con su mandato. Susana Hernández pasó de ser concejala socialista en Murcia a senadora del PSOE antes de asumir el cargo en Sainsel. A pesar de carecer de experiencia en ingeniería naval, su retribución ha aumentado progresivamente: 21.390,01 euros en 2020, 94.767,93 en 2021, 126.924,58 en 2022, 127.504,71 en 2023, y 131.265,20 en 2024, con una previsión de 135.014,05 euros para 2025. Además, ha gastado 35.748,96 euros en dietas y desplazamientos, con viajes a destinos como Colombia, Perú y Chile. La empresa ha acumulado pérdidas entre 2021 y 2023, aunque en 2024 mejoró gracias a una subvención europea de 373.000 euros.
El Gobierno ha defendido la incorporación de cuatro ex cargos del Ministerio de Transportes en puestos directivos de Renfe, argumentando que están 'capacitados' para sus nuevos roles. Entre los nombrados se encuentran Álvaro Fernández Heredia, actual presidente de Renfe, y Roser Obrer, exdirectora general de Transporte por Carretera, ahora gerente del área de Servicio Público en Renfe Viajeros. La mitad de estos directivos provienen del sector del autobús, lo que ha generado críticas internas entre los ferroviarios, quienes cuestionan su falta de experiencia en el sector ferroviario. Estos movimientos coinciden con la propuesta de jubilación forzosa de 1.300 trabajadores veteranos de Renfe, un plan que finalmente se paralizó. El Ejecutivo justificó los nombramientos basándose en 'criterios de oportunidad y capacitación' determinados por el Consejo de Ministros. Además, el Gobierno ha defendido otros movimientos corporativos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes, como el ascenso de Almudena Hernando en ADIF, pareja de un alto cargo de la misma empresa.
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