El artículo proporciona una visión detallada de las acciones de Bildu para obtener información sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas de estas acciones y en cómo podrían afectar las relaciones entre el Gobierno y las fuerzas políticas vascas.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha licitado un contrato por 8,1 millones de euros para el suministro de munición de 9 milímetros para la Guardia Civil, un 18% más que el precio anterior. Este aumento se debe a la rescisión del contrato con IMI Systems, empresa israelí que había ganado el concurso anterior por 6,8 millones de euros. La decisión de vetar a IMI Systems se tomó tras la aprobación del embargo de armas a Israel en septiembre de 2025, lo que obligó al Gobierno a buscar un nuevo proveedor. El contrato anterior tenía una vigencia de 27 meses y debía durar hasta 2027, pero se rescindió debido a la imposibilidad legal sobrevenida derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel. El nuevo contrato tiene un precio base de licitación de 8,1 millones de euros, que con impuestos incluidos asciende a 9,1 millones de euros.
El Gobierno de España ha generado controversia al exigir a los becarios de un programa de 'talento' para la internacionalización de la entidad pública ICEX que carezcan de antecedentes penales, mientras que los inmigrantes en situación irregular podrán regularizarse con una simple 'declaración responsable' de no tener antecedentes penales. Esta declaración se dará por buena si el Gobierno no recibe información sobre sus antecedentes en un plazo de dos meses. La Policía Nacional ha alertado sobre los riesgos de fraude en este proceso, ya que los inmigrantes podrían omitir información sobre sus antecedentes penales en otros países. El programa de becas, dotado para 'jóvenes empresarios', busca mejorar su inserción laboral y la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, la contradicción entre los requisitos para los becarios y los inmigrantes ha generado críticas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha colocado al comisario Óscar San Juan González como alto cargo de la Policía Científica pese a estar acusado de presionar a la víctima de una violación en el DAO. San Juan fue destituido tras conocerse su implicación en el escándalo y ahora asumirá un puesto clave en la Brigada de Coordinación Operativa. Aunque su nuevo cargo tiene un nivel inferior, seguirá cobrando como si fuera el número dos del DAO debido a la 'consolidación de grado' tras 8 años junto a José Ángel González. El sindicato Jupol considera 'un escándalo' que no se le haya abierto un expediente disciplinario. San Juan también recibe una pensión vitalicia por la medalla de plata al mérito policial concedida por Marlaska y el director general de la Policía.
Con los embalses españoles al 82,49% de su capacidad, acumulando 46.229 hectómetros cúbicos de agua, el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido solo el 3,2% de lo recomendado por los expertos en mantenimiento de presas. De las 2.400 presas en España, 375 dependen del Estado, y en 2023, se destinaron 16,25 millones de euros para su mantenimiento, una cantidad insuficiente frente a los 500 millones de euros anuales recomendados. La mayoría de las presas grandes tienen más de seis décadas y el 39% se clasifica en situación de riesgo potencial. El Ejecutivo aprobó en 2021 un Real Decreto con normas técnicas de seguridad para presas y embalses, destacando la responsabilidad del titular en su seguridad.
En un giro inesperado, ADIF ha asegurado que retiró piezas del accidente de Adamuz entre el 22 y 23 de enero para evitar que acabaran en vertederos no autorizados. Según fuentes de la empresa pública, estas piezas, que no habían sido incautadas por la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), fueron trasladadas a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba). ADIF enfatiza que actuó para preservar el material sobrante y mantenerlo a disposición de las autoridades. Sin embargo, esta versión contrasta con un informe de la Guardia Civil que sugiere que ADIF realizó operaciones sin previo aviso ni solicitud. El accidente del 18 de enero resultó en 46 fallecidos y ha generado un intenso escrutinio sobre las acciones posteriores al siniestro.
La reventa de citas de Extranjería en Huelva se ha disparado ante la inminente regularización masiva anunciada por el Gobierno de Sánchez, generando un mercado negro que afecta tanto a la administración como a inmigrantes que necesitan estas citas para trabajar o acceder a servicios esenciales. Sindicatos policiales advierten de la saturación del sistema, que ya funcionaba al límite, y de la actuación de mafias que acaparan citas en la plataforma oficial para revenderlas a precios exorbitantes, alcanzando hasta 1.000 euros en algunos casos. La situación se agrava por la falta de medios en la provincia, especialmente en municipios agrícolas con alta presencia de trabajadores extranjeros. La regularización extraordinaria prevista para abril, que busca legalizar a medio millón de personas en todo el país, tensiona aún más el sistema. Fuentes policiales y sindicales coinciden en que, sin un refuerzo de medios humanos y técnicos, el sistema colapsará inevitablemente.
El exministro de Defensa José Bono ha sido investigado por sustraer documentos reservados durante su mandato entre 2004 y 2006. Bono presumió de tener un archivo personal de 117.000 documentos, muchos de los cuales procedían de Defensa. La investigación, iniciada en 2017, concluyó que Bono no se llevó originales, sino fotocopias de documentos, algunas de las cuales podrían ser reservadas. Aunque no se pudo probar que Bono cometiera un delito, su proceder dejó un vacío legal, ya que el Código Penal penaliza la sustracción, destrucción o inutilización de documentos oficiales, pero no contempla expresamente la realización de fotocopias. Bono cedió parte de esos documentos a la Fundación Pablo Iglesias, pero conservó muchos otros. El coronel Pardo de Donlebún, entonces jefe del EMAD, relató en un documento que Bono asaltó su despacho y se llevó documentación de manera indiscriminada, contradiciendo la versión de Bono en sus memorias. Cualquier posible delito estaría prescrito en 2026.
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