Crítica:
El artículo revela la ineficiencia del Gobierno al rescindir un contrato ya firmado, lo que ha llevado a un aumento significativo en el gasto público.
Marlaska pagará 8 millones, un 18% más, por las balas de la Guardia Civil tras vetar al proveedor israelí
Sube precio balas Guardia Civil
Otros artículos
Bildu exige datos Guardia Civil
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las fuerzas políticas vascas, Bildu, el partido liderado por Arnaldo Otegi, ha presentado una serie de preguntas parlamentarias que buscan arrojar luz sobre la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra. El diputado de Bildu, Jon Iñárritu, ha sido el encargado de presentar estas preguntas, que incluyen la solicitud de información detallada sobre los controles policiales realizados por ambos cuerpos en los últimos cinco años, incluyendo la ubicación exacta de dichos controles, el número de personas identificadas, detenidas y sancionadas, así como los motivos de estas acciones. Además, Bildu ha exigido conocer el número de agentes que han sido detenidos en los últimos cinco años por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Esta iniciativa se produce después de que el Gobierno accediera a otra petición de Bildu, proporcionando un listado de muertes ocurridas bajo custodia policial o durante actuaciones policiales en los últimos cinco años. Los datos proporcionados por el Gobierno revelaron que la mayoría de las muertes bajo custodia policial se debieron a causas naturales, mientras que las ocurridas durante actuaciones policiales fueron en su mayoría accidentales. Con estas preguntas, Bildu busca ejercer un mayor control sobre las fuerzas de seguridad del Estado en una región históricamente sensible.
Incoherencia en requisitos penales
El Gobierno de España ha generado controversia al exigir a los becarios de un programa de 'talento' para la internacionalización de la entidad pública ICEX que carezcan de antecedentes penales, mientras que los inmigrantes en situación irregular podrán regularizarse con una simple 'declaración responsable' de no tener antecedentes penales. Esta declaración se dará por buena si el Gobierno no recibe información sobre sus antecedentes en un plazo de dos meses. La Policía Nacional ha alertado sobre los riesgos de fraude en este proceso, ya que los inmigrantes podrían omitir información sobre sus antecedentes penales en otros países. El programa de becas, dotado para 'jóvenes empresarios', busca mejorar su inserción laboral y la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, la contradicción entre los requisitos para los becarios y los inmigrantes ha generado críticas.
Marlaska nombra comisario acusado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha colocado al comisario Óscar San Juan González como alto cargo de la Policía Científica pese a estar acusado de presionar a la víctima de una violación en el DAO. San Juan fue destituido tras conocerse su implicación en el escándalo y ahora asumirá un puesto clave en la Brigada de Coordinación Operativa. Aunque su nuevo cargo tiene un nivel inferior, seguirá cobrando como si fuera el número dos del DAO debido a la 'consolidación de grado' tras 8 años junto a José Ángel González. El sindicato Jupol considera 'un escándalo' que no se le haya abierto un expediente disciplinario. San Juan también recibe una pensión vitalicia por la medalla de plata al mérito policial concedida por Marlaska y el director general de la Policía.
Sánchez gasta poco en presas
Con los embalses españoles al 82,49% de su capacidad, acumulando 46.229 hectómetros cúbicos de agua, el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido solo el 3,2% de lo recomendado por los expertos en mantenimiento de presas. De las 2.400 presas en España, 375 dependen del Estado, y en 2023, se destinaron 16,25 millones de euros para su mantenimiento, una cantidad insuficiente frente a los 500 millones de euros anuales recomendados. La mayoría de las presas grandes tienen más de seis décadas y el 39% se clasifica en situación de riesgo potencial. El Ejecutivo aprobó en 2021 un Real Decreto con normas técnicas de seguridad para presas y embalses, destacando la responsabilidad del titular en su seguridad.
ADIF retira piezas de Adamuz
En un giro inesperado, ADIF ha asegurado que retiró piezas del accidente de Adamuz entre el 22 y 23 de enero para evitar que acabaran en vertederos no autorizados. Según fuentes de la empresa pública, estas piezas, que no habían sido incautadas por la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), fueron trasladadas a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba). ADIF enfatiza que actuó para preservar el material sobrante y mantenerlo a disposición de las autoridades. Sin embargo, esta versión contrasta con un informe de la Guardia Civil que sugiere que ADIF realizó operaciones sin previo aviso ni solicitud. El accidente del 18 de enero resultó en 46 fallecidos y ha generado un intenso escrutinio sobre las acciones posteriores al siniestro.
Reventa citas Extranjería explota
La reventa de citas de Extranjería en Huelva se ha disparado ante la inminente regularización masiva anunciada por el Gobierno de Sánchez, generando un mercado negro que afecta tanto a la administración como a inmigrantes que necesitan estas citas para trabajar o acceder a servicios esenciales. Sindicatos policiales advierten de la saturación del sistema, que ya funcionaba al límite, y de la actuación de mafias que acaparan citas en la plataforma oficial para revenderlas a precios exorbitantes, alcanzando hasta 1.000 euros en algunos casos. La situación se agrava por la falta de medios en la provincia, especialmente en municipios agrícolas con alta presencia de trabajadores extranjeros. La regularización extraordinaria prevista para abril, que busca legalizar a medio millón de personas en todo el país, tensiona aún más el sistema. Fuentes policiales y sindicales coinciden en que, sin un refuerzo de medios humanos y técnicos, el sistema colapsará inevitablemente.
Bono investigado por documentos
El exministro de Defensa José Bono ha sido investigado por sustraer documentos reservados durante su mandato entre 2004 y 2006. Bono presumió de tener un archivo personal de 117.000 documentos, muchos de los cuales procedían de Defensa. La investigación, iniciada en 2017, concluyó que Bono no se llevó originales, sino fotocopias de documentos, algunas de las cuales podrían ser reservadas. Aunque no se pudo probar que Bono cometiera un delito, su proceder dejó un vacío legal, ya que el Código Penal penaliza la sustracción, destrucción o inutilización de documentos oficiales, pero no contempla expresamente la realización de fotocopias. Bono cedió parte de esos documentos a la Fundación Pablo Iglesias, pero conservó muchos otros. El coronel Pardo de Donlebún, entonces jefe del EMAD, relató en un documento que Bono asaltó su despacho y se llevó documentación de manera indiscriminada, contradiciendo la versión de Bono en sus memorias. Cualquier posible delito estaría prescrito en 2026.
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