El artículo revela un entramado de corrupción que involucra a figuras políticas de alto nivel, pero la falta de pruebas concluyentes y el archivo del caso dejan un sabor agridulce. La mención de Hugo 'El Pollo' Carvajal añade un elemento de complejidad que requiere mayor esclarecimiento.
Con un precio de 131.000 euros por dos años de colaboración, Pablo Iglesias se estrena como productor en Colombia con el programa 'La minga', un espacio de análisis y coyuntura política que se emite en Señal Colombia desde el 25 de febrero. El programa, producido por el Canal Red de Iglesias, se inspira en el formato de 'La base' y busca ofrecer una lectura crítica de la actualidad colombiana y global. La emisión del programa supone un salto cualitativo para el grupo mediático de Iglesias, que ya ha alcanzado un acuerdo para sumarse a la parrilla de Movistar+ después de un periodo de prueba. El Canal Red de Iglesias, lanzado para 'construir una televisión latinoamericana para resistir la ofensiva cultural e ideológica del trumpismo', ha logrado beneficios de 81.269 euros en 2024 y 50.518 euros en 2023. El acuerdo con RTVC confirma una relación que empezó en noviembre de 2024 con la emisión en diferido de 'La Base'. La oposición al Gobierno de Gustavo Petro ya criticó la primera alianza con el Canal Red, acusando a Petro de usar dinero público para financiar a Iglesias. Sin embargo, el gerente de RTVC, Hollman Morris, defendió que Iglesias es 'una de las voces más influyentes y críticas del pensamiento progresista en Iberoamérica'.
La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, está en el ojo del huracán por unos supuestos gastos millonarios en protocolo, propaganda y 'regalitos'. El Partido Popular denuncia que Hernández ha gastado 'cerca de 3,5 millones de euros' en estos conceptos, una cifra que el PP calcula a partir de la duplicación de los presupuestos anuales. Concretamente, en 2024 se destinaron 130.000 euros a protocolo y representación, mientras que en 2025 la cantidad ascendió a 200.000 euros. Entre los gastos más llamativos se encuentran 14.500 euros en 2.200 botellas de aceite de oliva virgen extra para los trabajadores del Ayuntamiento, 14.500 euros en 160 'corazones de metacrilato' como reconocimientos a deportistas, y 10.942,86 euros en 4.500 bolsas de regalo con el logo del Ayuntamiento para un programa educativo. El PP critica la falta de transparencia y acusa a Hernández de ocultar información y negarse a mostrar las facturas. El PSOE responde que la cifra es 'inventada' y que los populares están sumando conceptos distintos para inflar las cifras. Defienden que los regalos son parte de programas educativos y reconocimientos institucionales. El líder del PP en Getafe, Antonio José Mesa, arremete contra la alcaldesa, acusándola de 'derrochar' en protocolo y autobombo mientras impone tasas abusivas a los ciudadanos.
La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros ha destapado un presunto entramado de corrupción que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba. Según ha podido acreditar THE OBJECTIVE, las hijas de Zapatero ofrecían acceso a su padre y sus contactos a cambio de una suscripción mensual a sus servicios de consultoría a través de su agencia de comunicación, Whathefav. Esta empresa, que tenía entre sus clientes al presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ofrecía un servicio integral de comunicación y 'consultoría estratégica' por varios miles de euros al mes. Empresarios han relatado a TO que recibieron ofertas de Whathefav para acceder a Zapatero y sus contactos en Latinoamérica, especialmente en Colombia y México, donde el exmandatario tiene influencia a través del Grupo de Puebla. Aunque algunas empresas dudaron de la efectividad de estos servicios y decidieron no contratarlos, los pagos de Análisis Relevante SL, la empresa vinculada a Julio Martínez, a Whathefav y a Zapatero están siendo investigados. La cantidad pagada a Zapatero asciende a unos 450.000 euros, mientras que a la empresa de sus hijas se le han abonado alrededor de 200.000 euros. Tras la detención de Martínez, las hijas de Zapatero eliminaron gran parte del contenido de sus redes sociales y borraron el rastro de algunas colaboraciones empresariales.
En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizaron un enfrentamiento verbal por las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que alertaba de que personal de Adif retiró piezas clave de la vía sin autorización judicial. Marlaska acusó a Puente de actuar 'por su cuenta' y cuestionó la labor de la Guardia Civil, mientras que Puente defendió la actuación de Adif y criticó la construcción de un relato que, según él, no se ajusta a los hechos. Este choque refleja las tensiones internas del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dos de sus ministros más destacados gestionan conflictos que afectan directamente a sus ámbitos sin lograr coordinar un relato común. La investigación del accidente sigue en curso en el juzgado de Montoro, pero el efecto político ya se ha hecho notar.
El Govern de Salvador Illa se gastó cerca de un millón de euros, exactamente 973.665 euros, en una campaña contra el machismo digital el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña 'Si sembla violencia masclista, és violencia masclista' buscaba visibilizar las múltiples formas de violencia machista, especialmente aquellas ejercidas a través de las redes sociales y los móviles. El Ejecutivo catalán distribuyó este gasto entre tres departamentos: Igualdad y Feminismos, Presidencia, e Interior y Seguridad Pública. La empresa Two Small, SL recibió 170.747 euros por 'creatividad gráfica y adaptaciones', mientras que Carat España SAU ingresó 287.474 euros por 'inserciones de publicidad institucional'. Además, el departamento de Interior y Seguridad Pública destinó 409.321 euros a inserciones publicitarias y 17.545 euros a 'Creatividad para el segmento de cuerpos de seguridad y emergencias'. Estas cifras han generado polémica, especialmente tras la reciente controversia sobre los cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional en Gaza para promover el feminismo. El Govern defiende que la campaña era necesaria para combatir la creciente violencia machista digital, que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
En plena pandemia, un grupo de empresarios dominicanos vinculados al exministro de Defensa José Bono adquirió una sociedad limitada en Almansa, Albacete, a la que posteriormente transfirieron 450.000 euros. La operación, realizada en 2021, involucró a la mercantil Ebirac Prescriptores, creada meses antes y que, desde su constitución hasta su último ejercicio cerrado en 2024, no ha registrado actividad comercial alguna. El administrador de Ebirac, Williams Alberto Jiménez Villafaña, abogado especializado en compañías aseguradoras, transfirió el dinero como parte de un préstamo al 3% hasta 2026. Jiménez Villafaña comparte sociedad en República Dominicana, Atitlan, con Juan Segovia, exdiputado del PSOE y cercano a Bono. Esta conexión se extiende a otras empresas creadas por Bono en el país caribeño, todas inscritas en la misma dirección y con la misma gestora, Esther Patricia Fernández Bernard. La adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Bono, facilitada por el presidente Luis Abinader, con quien mantiene una relación de amistad, se produjo justo antes de constituir estas sociedades. Además, Bono estuvo cerca de ser nombrado cónsul de República Dominicana en Albacete, lo que le habría permitido seguir tributando en la isla. La República Dominicana, conocida por su discreción bancaria al no haber suscrito tratados internacionales de transparencia financiera, se presenta como un escenario atractivo para operaciones financieras opacas. La conexión entre estos empresarios y políticos se refuerza con la creación de Medcap Energy en 2021, empresa que obtuvo concesiones para proyectos multimillonarios de energía solar en el país caribeño.
Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha descubierto que alrededor de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El informe, fechado el 12 de febrero de 2026, revela que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España. La delegación, encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, analizó la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida en Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades canarias informaron que se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad, de las cuales 'alrededor de la mitad' resultaron en adultos. El Gobierno autonómico destacó que había destinado 192 millones de euros a la gestión migratoria sin recibir fondos directos de los 560 millones transferidos por la UE a España. El informe también subraya la falta de cooperación de Marruecos en las repatriaciones, rechazando la mayoría de las devoluciones iniciadas por España. Frontex indicó que no tiene medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria, limitándose a tareas de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
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