El Ministerio de Igualdad ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Cuentas debido a su uso indebido de contratos públicos para financiar actividades privadas. Según el informe del Tribunal, correspondiente al ejercicio de 2024 y analizado por THE OBJECTIVE, el ministerio utilizó la figura del contrato menor para adjudicar directamente servicios o suministros por importes inferiores a 15.000 euros, sin necesidad de licitación pública, cuando en realidad debería haber tramitado esas ayudas como subvenciones.
Entre los casos examinados se encuentran la organización de premios, congresos, jornadas y seminarios vinculados al ámbito competencial del Ministerio de Igualdad, organizados por entidades privadas que recibieron financiación pública mediante adjudicación directa. El Tribunal de Cuentas advirtió que 'prima el apoyo a actividades privadas de carácter social sobre la obtención de un retorno publicitario' y concluyó que 'en realidad no hay contrato, sino subvención'.
Esto implica que el ministerio utilizó contratos públicos no para recibir servicios, sino para financiar actividades externas. El informe identificó expedientes cuyo objeto formal era el patrocinio de iniciativas externas vinculadas a la actividad institucional del Ministerio de Igualdad, como eventos divulgativos, encuentros profesionales, certámenes y jornadas públicas relacionadas con la igualdad y la sensibilización social.
El análisis también detectó que una parte significativa de los contratos se adjudicó por importes próximos al límite máximo permitido para el contrato menor, lo que refleja un recurso generalizado a esta fórmula. Además, se encontraron deficiencias en la justificación de los contratos analizados, ya que en numerosos casos la documentación aportada se limitaba a señalar que el importe estaba dentro del límite legal, sin explicar por qué se recurrió al contrato menor en lugar de utilizar procedimientos ordinarios.
Entre los casos destacados figura un contrato adjudicado a Santiago Antonio Yerga Cobos, exdirector general de Migraciones, para la elaboración de un texto normativo, y otro para elaborar un análisis sobre la acreditación de entidades especializadas en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El Tribunal recordó que el contrato menor es una figura excepcional y advirtió de que su uso no debe sustituir los procedimientos ordinarios previstos en la normativa.
Crítica:
El informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve la falta de transparencia en la adjudicación de contratos menores por parte del Ministerio de Igualdad. La crítica se centra en el uso indebido de esta figura para financiar actividades privadas sin el debido procedimiento de subvenciones.
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