Crítica:
La noticia podría profundizar más en las implicaciones legales de las contradicciones en el testimonio de Dina Bousselham.
La noticia podría profundizar más en las implicaciones legales de las contradicciones en el testimonio de Dina Bousselham.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una declaración escrita ante el tribunal que investiga los disturbios ocurridos la noche del 31 de diciembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En su testimonio, Sánchez describe los sucesos como una 'manifestación brutal de odio' que incluía 'insinuaciones homicidas' y la destrucción de una figura representativa de su persona. El presidente afirma haber tenido la convicción de que aquello suponía una incitación directa a ejercer violencia física contra él y su familia. La declaración, de cuatro páginas, responde a tres preguntas formuladas por la acusación particular, en la que el propio Sánchez se ha personado. En ella, describe con detalle cómo conoció los hechos, los medios a través de los que accedió a las imágenes y el perjuicio que dice haber sufrido. Los disturbios se produjeron en un momento de alta tensión política en España, semanas después de que el Congreso de los Diputados aprobase la polémica Ley de Amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. La causa judicial por los sucesos del 31 de diciembre ha avanzado lentamente, y la personación del propio presidente como acusación particular es un paso poco habitual en la práctica judicial española para un jefe de Gobierno en ejercicio.
El Tribunal de Cuentas ha detectado una 'amplia discrecionalidad' en la adjudicación de un contrato de 2,3 millones de euros a la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El contrato, gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, consistía en un servicio de apoyo y asesoramiento a la Oficina Acelera Pyme. Aunque Red.es alegó que el contrato no fue financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) sino con fondos europeos FEDER, el Tribunal de Cuentas destacó varias irregularidades, incluyendo la ausencia de ponderación entre los subcriterios de valoración de las ofertas y la falta de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) por parte de las personas que suscribieron el contrato. Además, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) advirtió de irregularidades en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés, señalando una adjudicación 'arbitraria' y 'contraria al principio de igualdad'. Tanto Begoña Gómez como Juan Carlos Barrabés están imputados por corrupción en los negocios y tráfico de influencias en relación a estos contratos.
La activista iraní Nilufar Saberi ha causado un impacto en 'La Hora de La 1' de TVE al cuestionar la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el ataque de Estados Unidos e Israel contra la dictadura ayatolá en Irán. Saberi, exiliada en España desde 1980, ha denunciado la hipocresía internacional al señalar que 'ahora se acuerdan del derecho internacional' cuando durante décadas han ignorado las atrocidades cometidas por la teocracia islamista en Irán. Con un tono contundente, ha criticado la falta de apoyo real a los iraníes, subrayando que 'el pueblo iraní no le importa absolutamente a nadie'. La presentadora Silvia Intxaurrondo ha intentado responder, pero ha sido eclipsada por la vehemencia de Saberi. El debate ha puesto de relieve la complejidad de la situación en Irán y la necesidad de una respuesta internacional más firme contra la represión.
El diario norteamericano Wall Street Journal ha lanzado un ataque directo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificando a España como 'el país rezagado de la OTAN' debido a su negativa a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota para acciones militares contra Irán. El editorial del Wall Street Journal subraya que esta decisión de Sánchez se produce en un contexto en el que la comunidad internacional está uniendo fuerzas frente a las represalias iraníes, que han incluido el lanzamiento de 182 misiles y 689 drones contra los Emiratos Árabes Unidos, ataques a refinerías saudíes y acciones contra bases navales francesas e italianas, así como un ataque de Hezbolá a una base británica en Chipre. El periódico acusa al régimen iraní de seguir contando con 'idiotas útiles' como Sánchez, cuya postura consideran contradictoria con la solidaridad que España debería mostrar con sus aliados de la OTAN. Sánchez, por su parte, ha respondido rescatando el lema del 'no a la guerra' y destacando la solidaridad del pueblo español con los países atacados por Irán, mencionando específicamente a Chipre como miembro de la Unión Europea afectado por las represalias iraníes. El presidente del Gobierno ha enfatizado que 'no se puede responder a una ilegalidad con otra', citando el 'trío de las Azores' en un intento por coger oxígeno electoral en un momento de alta tensión internacional.
En una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por dirigirse a los ciudadanos de tú, rompiendo con el protocolo establecido. Esta decisión se produjo en un contexto de crisis internacional tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta iraní, calificada de 'indiscriminada'. Sánchez buscó mostrar cercanía y ganar oxígeno electoral, pero su acción fue vista como un intento de esquivar al Congreso de los Diputados, asemejándose al líder de una república presidencialista más que al jefe de Gobierno en una monarquía parlamentaria. Durante su discurso, Sánchez expresó la solidaridad de España con los países atacados por Irán y recordó el 'no a la guerra', haciendo referencia al 'trío de las Azores' - José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush - en el contexto de la guerra de Irak. Con esta intervención, Sánchez evitó el debate parlamentario y se dirigió directamente a los españoles, en un gesto que podría interpretarse como una estrategia para conectar con la ciudadanía y eludir la oposición política.
En un contexto geopolítico cada vez más tenso, donde la guerra en Irán ha escalado y las relaciones internacionales se complican, el Gobierno español ha tomado una decisión que ha generado controversia: firmar un acuerdo con Egipto para proteger información clasificada en el ámbito de la defensa. Este movimiento coincide con un momento en el que España, bajo la dirección de su actual presidente, parece estar distanciándose de aliados tradicionales como Estados Unidos. Mientras tanto, en el ámbito interno, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas que incluyen un suplemento de crédito de 26.536.716 euros para la Jefatura Central de Tráfico, destinado a cubrir insuficiencias en gastos corrientes. Además, se han destinado 1.212.000 euros para 'memoria democrática', una partida que se suma a otras cantidades millonarias ya asignadas en semanas anteriores. El Gobierno también ha aprobado el traspaso de cinco competencias al País Vasco, incluyendo seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones sanitarias del seguro escolar y salvamento marítimo, entre otras. En el ámbito internacional, España ha realizado donaciones significativas: 80.000 dólares al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y 80.000 euros al Migration Policy Institute para un estudio no especificado. Estas acciones se producen en un momento en que España enfrenta críticas por su deriva geoestratégica y su relación con potencias como Rusia y China, lo que ha generado preocupación sobre su aislamiento internacional.
El Gobierno ha propuesto a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pese a las directrices europeas que instan a la independencia de estos organismos respecto al Ejecutivo. La decisión ha generado controversia por la cercanía de Olóndriz a la vicepresidenta María Jesús Montero y su papel en asuntos relacionados con la financiación autonómica, lo que podría comprometer la autonomía de la Airef. El reglamento europeo exige «un alto grado de independencia operativa» para estos organismos, lo que podría verse afectado por el nombramiento de alguien procedente del Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por la transposición de la directiva UE 2024/1265, que refuerza la independencia de las autoridades fiscales nacionales y que España aún no ha incorporado a su legislación. Expertos como Francisco de la Torre critican el nombramiento por considerar que Olóndriz no cumple con los requisitos de independencia al provenir de un cargo gubernamental y haber participado en decisiones que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. La ratificación del nombramiento en el Congreso es esperada para las próximas semanas, aunque se prevé que sea un trámite formal dado que el Gobierno cuenta con los números necesarios en la cámara baja.
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