Con la llegada del verano de 1992, un tren de billetes se deslizó por las estrechas calles de Andorra, cargando el peso de la ambición y la sombra de la ilegalidad. Entre 1992 y 2004, la familia Pujol, encabezada por Josep Pujol Ferrusola, depositó en cuentas del Andbank y el BPA casi 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros, todo en efectivo.
La cifra se esconde tras una red de subcuentas: una en pesetas, otra de tránsito, una en euros y otra en dólares americanos, cada una con su propio patrón de movimientos. El inspector de la UDEF, segundo testigo ante la Audiencia Nacional, reveló que de 1993 a 2000 se registraron 25 ingresos en efectivo de 204 millones de pesetas, de origen desconocido, y que en la subcuenta en euros se detectaron tres depósitos de cerca de un millón cada uno.
Pero la trama no se limitó a los billetes; un cuadro elaborado por la Policía mostró 18 fechas entre 1995 y 2003 en las que los hermanos –Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere, Mireia y Marta Ferrusola– ingresaron más de 1.200 millones de pesetas en efectivo, coordinando movimientos para diluir la trazabilidad. Los hermanos también intercambiaron fondos entre sí: Josep recibió ocho transferencias de sus hermanos por unos 25 millones de euros, principalmente de Jordi, y realizó 14 envíos a los mismos por 48 millones de pesetas, mayormente a Jordi y Oriol.
El 25 % de los ingresos en la subcuenta de pesetas se destinó a inversiones financieras, el 55 % a compraventa de moneda y el 10 % a depósitos a plazo fijo, una maniobra clásica de blanqueo. En junio a noviembre de 1997, la cuenta de Josep recibió abonos de casi 750 000 dólares provenientes de Suiza y Mónaco, mientras que la cuenta de BPA, abierta entre 2016 y 2017, mostraba ingresos superiores a 2 millones de euros y 34 disposiciones en efectivo de 1.600 000 euros.
Además, se hallaron transferencias de más de un millón de euros a cuentas españolas y depósitos con el concepto «arbit», posiblemente una criptomoneda. La trama se complejiza con un préstamo ficticio entre Jorge B., directivo de CAT Helicopters, y los hermanos Jordi y Josep, que la Fiscalía sospecha que facilitó el blanqueo de capitales.
Este supuesto préstamo se habría vinculado a contratos públicos de CAT Helicopters con el Servicio Catalán de Tráfico entre 2008 y 2015, generando una sospecha de connivencia y posible incompatibilidad que la Intervención General no pudo confirmar. Todo ello pinta un cuadro de una familia que, a lo largo de doce años, utilizó la banca andorrana y la sofisticación de múltiples monedas para ocultar la procedencia de sus riquezas, mientras el sistema judicial intenta desenredar las capas de dinero negro que todavía aguardan su veredicto.
Crítica:
El informe deja al descubierto una trama de lavado sin cerrar la puerta al debate sobre la falta de pruebas concretas. El título promete más de lo que la evidencia realmente confirma.
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