Crítica:
El artículo es tendencioso y no ofrece una visión equilibrada de la situación, ya que solo se presentan las críticas de las víctimas del terrorismo sin ofrecer una perspectiva más amplia.
La jefa de ETA ‘Anboto’ sale en semilibertad tras cumplir sólo 6 de los 700 años de condenas en España
Anboto en semilibertad
Otros artículos
DANA Valencia desmontada
La lluvia matutina del día de la DANA en Valencia no tuvo impacto en la riada del barranco del Poyo, según los peritos geógrafos de la Universidad de Alicante. Esto se desprende de sus manifestaciones ante la juez Nuria Ruiz Tobarra, quien investiga la tragedia. Los peritos sostienen que la mayor intensidad de las lluvias se produjo a partir de las 17:00 horas, con el Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI) ya en marcha y con presencia de representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Esto desmonta la tesis de la instructora que sirvió de base para presentar la exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según fuentes de la defensa de la ex consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, los peritos han ratificado el informe que concluye que la gran magnitud de la riada vino por los caudales de los barrancos-afluentes del Poyo, y no por el agua procedente de las lluvias y el caudal de la cabecera del Poyo. La mayor intensidad de las lluvias se produjo a partir de las 17:00 horas, con el CECOPI en marcha y con la presencia de la CHJ y de la AEMET. El 29 de octubre, día de la DANA, se sufrió un fenómeno atmosférico con cuestiones geográficas, vientos y tornados que afectaron a las comunicaciones, dificultando tener información. La investigación sigue en marcha, con la juez Nuria Ruiz Tobarra al frente, y los peritos geógrafos han proporcionado una visión más clara de lo que sucedió aquel día. La Universidad de Alicante ha sido clave en la investigación, proporcionando datos y análisis que han ayudado a entender mejor la tragedia. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología también han jugado un papel importante en la investigación, proporcionando información y apoyo a la juez y a los peritos. La ex consellera Salomé Pradas y el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, están siendo investigados en relación con la tragedia, y los peritos geógrafos han proporcionado información clave para la investigación. La juez Nuria Ruiz Tobarra seguirá investigando y recopilando información para llegar al fondo de la verdad. La tragedia de la DANA en Valencia sigue siendo un tema de gran interés y preocupación para la ciudadanía, y la investigación sigue en marcha para determinar las causas y responsabilidades. La Universidad de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología seguirán trabajando juntas para proporcionar información y apoyo a la investigación. La juez Nuria Ruiz Tobarra y los peritos geógrafos seguirán trabajando para llegar al fondo de la verdad y determinar las causas y responsabilidades de la tragedia. La ciudadanía sigue esperando con ansias los resultados de la investigación y la justicia para las víctimas y sus familias.
Mascotas en lista de víctimas
La tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que un perro desapareció sin dejar rastro, ha puesto de relieve la necesidad de incluir a las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos en tragedias como la DANA. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha exigido al ejecutivo que contabilice a los animales afectados, desaparecidos, heridos o fallecidos en situaciones de catástrofe natural o accidentes graves. La formación magenta, Sumar, ha presentado una proposición no de ley para la incorporación efectiva de los animales en los protocolos de emergencia, su contabilización, búsqueda y evacuación en situaciones de catástrofe y accidentes graves. La iniciativa, presentada por los diputados Verónica Martínez Barbero, Nahuel González López, Fèlix Alonso Cantorné y Enrique Fernando Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista, busca que se establezcan dispositivos temporales de atención para tratar a las mascotas en situaciones de emergencia. La reforma del Código Civil, que reconoce que los animales son seres sintientes, ha sido invocada para justificar la necesidad de incluir a las mascotas en los protocolos de emergencia. La proposición no de ley también solicita la creación de una plataforma de consulta rápida que conecte los registros oficiales de identificación de animales de compañía con los servicios de emergencia, así como la formación específica del personal de emergencias en materia de manejo seguro y rescate animal. Con un total de 46 personas fallecidas en la tragedia ferroviaria de Adamuz, la necesidad de incluir a las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos se ha vuelto más urgente que nunca. La iniciativa de Sumar busca garantizar que se preste la atención necesaria a los animales en situaciones de emergencia, y que se establezcan protocolos claros y homogéneos para su actuación ante emergencias y catástrofes. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que la iniciativa no pretende equiparar realidades distintas ni establecer comparaciones improcedentes, sino garantizar que se preste la atención necesaria a los animales en situaciones de emergencia. La inclusión de las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos en tragedias como la DANA es un paso importante para garantizar su bienestar y seguridad en situaciones de emergencia. La iniciativa de Sumar ha sido bien recibida por los defensores de los derechos de los animales, que ven en ella un avance importante para la protección de las mascotas en situaciones de emergencia. La creación de dispositivos temporales de atención para tratar a las mascotas en situaciones de emergencia es un paso importante para garantizar su bienestar y seguridad. La formación específica del personal de emergencias en materia de manejo seguro y rescate animal también es fundamental para garantizar que se preste la atención necesaria a los animales en situaciones de emergencia. En resumen, la iniciativa de Sumar para incluir a las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos en tragedias como la DANA es un paso importante para garantizar su bienestar y seguridad en situaciones de emergencia. La inclusión de las mascotas en los protocolos de emergencia es fundamental para garantizar que se preste la atención necesaria a los animales en situaciones de emergencia. La creación de dispositivos temporales de atención para tratar a las mascotas en situaciones de emergencia y la formación específica del personal de emergencias en materia de manejo seguro y rescate animal son fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad de las mascotas en situaciones de emergencia.
China evita leyes UE
En un movimiento estratégico, el Gobierno chino encontró una forma de evitar las estrictas leyes europeas sobre lobbies comerciales al fichar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como lobista. La organización para la que trabaja Zapatero, el Consejo de Cooperación y Desarrollo Económicos UE-China (Ecedcd), fue fundada en el momento exacto en que la Unión Europea endurecía su legislación frente a los lobbies, obligando a disolver algunos de los de origen chino que operaban en Bruselas. El 21 de mayo de 2024, en el hotel Santo Mauro de Madrid, se llevó a cabo un encuentro empresarial bautizado como Conferencia Empresarial China-España, donde nació el Consejo de Cooperación y Desarrollo Económicos UE-China. Allí, Zapatero ofrecería su labor de 'consultoría' a empresas chinas, contando con el apoyo del embajador chino en Madrid, Yao Jing, y el hombre de negocios Pan Feng, vicepresidente de la Asociación de Cooperación Económica y Tecnológica China-Europa (Ceatec). Esta entidad, vinculada al Ministerio del Comercio Exterior chino, decidió darse de baja y desaparecer de Europa, cargando toda su actividad sobre la nueva entidad dirigida por Zapatero. La Unión Europea había introducido cambios en su legislación para endurecer las reglas bajo las que actuaban este tipo de grupos de presión, lo que llevó al Ceatec a darse de baja como lobby el 10 de junio de 2024. A pesar de no estar registrada como lobby, la entidad de Zapatero ofrece servicios para empresas con proyección internacional y promoción de inversiones, trabajando mano a mano con Pan Feng, funcionario del Ministerio de Comercio Exterior chino. La organización se presenta como una entidad de corte político y de amistad entre Europa y China, utilizando el color azul de la Unión Europea. Tras su formación, la entidad fichó a políticos europeos como la ex primera ministra de Rumanía, Viorica Dăncilă, y el ex primer ministro de Montenegro, Deritan Abazovic, y ha logrado encuentros con altos cargos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su viaje oficial a China en septiembre de 2024. Uno de sus logros fue lograr un encuentro de algunos de sus clientes, como Huawei y Quick Laser, con el presidente del Gobierno. Meses después, la china Quick Laser hacía público que tenía en nómina a Zapatero, lo que pone en evidencia la labor de lobby de la entidad sin estar registrada oficialmente.
Sánchez en el punto de mira
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a una nueva resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obliga a desvelar si viajó con su familia en el avión presidencial, el Falcon, a Lanzarote para veranear en el palacete de La Mareta. La orden, con número 2026-0191, da a Sánchez diez días para aclarar si subió a su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, así como a sus padres, Pedro Sánchez y Magdalena Pérez Castejón, su cuñado, Miguel Ángel, y su concuñada, Fayette Proper, al avión presidencial. El CTBG reprocha a Presidencia que no haya facilitado esta información pública, pese a las numerosas resoluciones anteriores que lo han exigido. La familia de Sánchez pasó el verano en La Mareta, donde se gastaron 45.000 euros, de los que 11.322,65 euros corresponden a alojamiento, 22.711,41 euros a manutención y 10.941,13 euros en concepto de locomoción, personal de seguridad excluido. Moncloa se ha negado a hacer entrega de las facturas que soporten estos gastos, alegando razones de seguridad nacional. El presidente también está obligado a desvelar quiénes han sido sus invitados en el palacio Real de La Mareta y el importe de las dietas que se hubieran abonado a la Guardia Civil por su permanente vigilancia durante las vacaciones. La desobediencia de Sánchez ha llevado a que el CTBG le exija que cumpla con la resolución número 1403-2025, que le obligaba a explicar quiénes han sido sus invitados y el importe de las dietas. El dispositivo de seguridad de Sánchez llevó implícito el cierre de parte del espacio marítimo de la isla para su recreo vacacional, una superficie de más de 66 hectáreas marítimas por donde no podía navegar ninguna embarcación. Sin embargo, Presidencia del Gobierno se negó a reconocerlo, asegurando que no posee ninguna información o documento al respecto.
Inmigrantes becarios España
En un movimiento que busca garantizar el derecho a la educación y formación de todos los individuos, sin importar su situación administrativa, Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley para permitir que inmigrantes en situación irregular puedan ser contratados como becarios. Esta iniciativa, impulsada por las diputadas Viviane Ogou y Aina Vidal, busca eliminar el obstáculo que supone la necesidad de un número de la Seguridad Social para dar de alta a estos individuos, considerándolo un impedimento para su formación y, por ende, para su integración en la sociedad española. Con base en una recomendación del Defensor del Pueblo, Sumar argumenta que tanto menores como mayores de edad tienen derecho a la educación y a la obtención de titulaciones, así como al sistema público de becas, en igualdad de condiciones con los españoles. La posición de Sumar choca con el criterio de la Seguridad Social, que establece que los extranjeros en situación irregular no pueden ser dados de alta en la Seguridad Social. Este conflicto plantea una pregunta crucial sobre los principios constitucionales y el derecho a la educación en España. La iniciativa de Sumar busca no solo garantizar el derecho a la educación obligatoria y postobligatoria de los alumnos extranjeros en situación irregular, sino también eliminar las barreras burocráticas que impiden su inclusión en la sociedad española. Con un enfoque en la dignidad del país y la necesidad de sumar profesionales cualificados a la economía, Sumar está tomando un paso importante hacia la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su situación administrativa. La decisión de la Seguridad Social, que impone una barrera burocrática, es vista por Sumar como una violación de los principios constitucionales, privando a España de profesionales formados en su sistema educativo y dificultando su inclusión en la sociedad. La eliminación de estos obstáculos es vista como crucial para el futuro de estos individuos y para el bienestar de la sociedad en su conjunto. En este contexto, la iniciativa de Sumar se centra en seguir la recomendación del Defensor del Pueblo, eliminando cualquier obstáculo que impida el derecho efectivo a la educación y formación de los alumnos extranjeros en situación irregular, con el fin de garantizar su plena inclusión en la sociedad española.
Sánchez regulariza 1,3 millones
La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España en 2018 marcó un antes y un después en la política migratoria del país. Con un incremento del 60% en la concesión de permisos de residencia, el Ejecutivo socialista ha concedido la residencia a 1,3 millones de extranjeros desde entonces hasta diciembre de 2025. Esto supone un total de 7,5 millones de personas extranjeras con documentación de residencia en vigor en España, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). La nacionalidad con mayor número de extranjeros con permiso de residencia es Marruecos, con casi uno de cada cuatro individuos con este tipo de documentación. El informe presentado por la cartera de la socialista Elma Saiz celebra que las personas extranjeras contribuyen al 'rejuvenecimiento de la población en España', ya que solo un 7% de ellas tienen 65 años o más, comparado con el 23% de la población española. Además, el 47% de los extranjeros gozan de una autorización de larga duración en vigor, que les permite residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que las personas españolas. La forma más habitual para acceder a la residencia es a través de la concesión de una autorización temporal, que posteriormente puede convertirse en una autorización de larga duración. La medida de regularización masiva de inmigrantes, aprobada en enero, afectará a 800.000 personas en situación administrativa irregular y les permitirá acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y el trabajo legal. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en España y podrán presentar documentos como el padrón, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales para justificar su presencia en el país.
SEPI en el ojo del huracán
La Audiencia Nacional investiga una trama de corrupción en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que involucra a altos cargos y empresas constructoras. La Guardia Civil detuvo a varios sospechosos, incluyendo a la exmilitante socialista Leire Diez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos. La empresa pública Mercasa se niega a facilitar informes que pagó a una constructora vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La investigación revela que la trama SEPI amañó cinco contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros, incluyendo un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos y una ayuda de 17,3 millones a Arapellet, filial de Forestalia. Los investigadores consideran que la trama SEPI influyó en la concesión de estos contratos y que los sospechosos cobraron comisiones que superan los 750.000 euros. La constructora del socio de Cerdán consiguió un contrato público de Mercasa por 18.120 euros, y los investigadores creen que la empresa pública diseñó una operativa para generar un beneficio económico al grupo. La secretaria del Consejo de Mercasa, Clara Valtueña, se niega a facilitar la documentación alegando que está siendo analizada por el juez de la Audiencia Nacional y que concurría un régimen especial de acceso que lleva a inadmitir la solicitud presentada. La investigación sigue en curso y se espera que se revele más información sobre la trama de corrupción en la SEPI.
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