El Consejo de Estado acaba con el impulso del registro horario, dejando al Gobierno sin una herramienta clave para la fiscalización laboral. En la reunión de la Comisión Permanente, celebrada el pasado jueves, el órgano consultivo emitió un dictamen que niega la validez del real decreto que buscaba reforzar el control de la jornada.
La decisión llega justo después de que el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, presentara, en diciembre y a principios de febrero, dos informes negativos que cuestionaban tanto la viabilidad legal del decreto como su contenido. En el primero, el ministerio atacó la “adecuación del proyecto de real decreto al principio de jerarquía normativa”, mientras que en el segundo mantuvo sus objeciones sobre el contenido, aunque eliminó la duda sobre su encaje jurídico, manteniendo la postura de “procedimiento legislativo habitual”. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de Yolanda Díaz, surgió tras la caída en el Congreso de la ley que reducía la jornada a 37,5 horas.
Para evitar retrasos, el Gobierno optó por tramitar el decreto de forma urgente; fue aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros. La medida pretendía endurecer el registro diario de jornada y permitir su supervisión por la Inspección de Trabajo, con acceso en tiempo real a los datos.
El objetivo, según Trabajo, es evitar que las empresas que incumplen los horarios compitan en condiciones desiguales y garantizar el pago de las horas extraordinarias. Sin embargo, el Consejo de Estado sostiene que los cambios no pueden aprobarse mediante un real decreto, sino a través de una ley.
Esta posición crea un vacío regulatorio que las organizaciones empresariales ya están listas para contestar en los tribunales. Entre las objeciones de Economía figura la necesidad de un período transitorio más amplio, de hasta un año en lugar de los 20 días previstos, y la introducción de excepciones para sectores como el campo, el transporte y la construcción, donde la aplicación del sistema general sería complicada. La polémica refleja la tensión entre los ministerios de Trabajo y Economía, cada uno defendiendo su visión de la digitalización y trazabilidad del registro horario.
Si el Gobierno logra convertir el decreto en ley, el registro cotidiano de jornada podría convertirse en una herramienta de control más rígida, pero el Consejo de Estado ha puesto la puerta al debate legal, obligando a los responsables a replantearse la vía normativa y a las empresas a prepararse para una posible batalla judicial.
Crítica:
El dictamen parece más un arma política que un aporte jurídico. La cobertura ignora la presión real de las empresas y la urgencia de regular la jornada.
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