La Policía Nacional, específicamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha realizado un registro en la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Esta acción se llevó a cabo el 11 de febrero en una urbanización del barrio de Parquesol, en Valladolid, y fue autorizada mediante una orden judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra Marco Sanjuán por un delito de cohecho.
Durante el registro, los agentes encontraron fajos de billetes escondidos entre libros en el despacho de Marco Sanjuán, lo que refuerza la línea de investigación sobre el posible cobro de comisiones ilegales en metálico vinculadas a resoluciones adoptadas desde el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), organismo del que Marco Sanjuán fue presidente durante siete años.
La investigación se centra en la presunta manipulación de procedimientos tributarios y la coincidencia de resoluciones favorables con pagos económicos por parte de los interesados. La querella de Anticorrupción contra Marco Sanjuán incluye también a otras 15 personas, todas ellas investigadas por cohecho.
Pese a la gravedad de los hechos, María Jesús Montero había sostenido que las informaciones sobre la corrupción eran 'bulos', lo que ahora se ve contradicho por los hallazgos de la UDEF. La disposición del dinero, escondido entre volúmenes técnicos, dificultaba su detección a simple vista y exigió una revisión detallada de cada uno de los libros.
La localización de efectivo en el domicilio del exalto cargo refuerza la línea de investigación abierta por Anticorrupción. La investigación se centra en la presunta manipulación de procedimientos tributarios desde el TEAC en un contexto en el que determinadas resoluciones favorables coincidían con pagos económicos por parte de los interesados.
Hasta que se ha hecho pública la investigación del Ministerio Público, que ha estado nueve meses bajo secreto, María Jesús Montero reiteró tras su dimisión que las informaciones de este periódico eran 'bulos'. También aseguró que ponía 'la mano en el fuego' por él y defendió su trayectoria profesional.
La verdad sobre la corrupción en las altas esferas del poder sigue siendo un tema delicado y controvertido, y esta investigación promete sacar a la luz más detalles sobre los presuntos delitos cometidos por Marco Sanjuán y otros implicados. La fiscalía abrió diligencias el pasado mes de junio tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias que fue presentada después de que El Debate publicara una serie de reportajes de investigación que acreditaban la existencia de una operativa de cobro de comisiones a empresarios que tenían causas pendientes con la Agencia Tributaria.
El Debate desveló que uno de los episodios más significativos fue el pago de 100.000 euros por parte de un empresario a cambio de la anulación de una reclamación fiscal. Las entregas de dinero se realizaban en encuentros concertados en una cafetería próxima al despacho oficial de Marco Sanjuán, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid.
'Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?', señalaba el ex 'tres' de Montero en un mensaje al empresario donde quedaba reflejada la mecánica de los pagos. Las citas se organizaban con cambios de ubicación y horarios para evitar controles y el dinero se entregaba en efectivo.
En esas mismas comunicaciones, Marco Sanjuán aseguraba que las cantidades abonadas no se quedaban íntegramente en sus manos. 'Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos', trasladaba el exalto cargo en uno de esas citas en referencia a un posible reparto de los fondos.
Ese extremo forma parte de las líneas que ahora tratan de esclarecer los investigadores, que buscan determinar si existían más personas con conocimiento o participación en la operativa. La investigación sigue en marcha y se espera que pronto se revele más información sobre los presuntos delitos cometidos por Marco Sanjuán y otros implicados.
Crítica:
La falta de transparencia en la investigación y la lentitud en la toma de medidas contra los implicados son preocupantes. La negación de la vicepresidenta del Gobierno sobre la corrupción es inaceptable.
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