El 2 de noviembre de 2024, Pedro Sánchez pronunció una frase que se convirtió en el detonante de la polémica: "Si necesitan más recursos, que los pidan". No solo resuena por su falta de empatía, sino porque encierra la incapacidad del Gobierno para canalizar los 946 millones de euros que la Unión Europea, a través del Fondo de Solidaridad, destinó a la Comunidad Valenciana tras la devastadora DANA de octubre de 2024.
Con más de setenta municipios afectados y sus alcaldes clamando por un impulso económico, la cifra asignada debería haber cubierto la reconstrucción de negocios y hogares. Sin embargo, el fondo, que llega al Ministerio de Hacienda en noviembre de 2025, permanece bloqueado, sin que un solo euro llegue a quienes lo necesitan.
Un comunicado del Ejecutivo, publicado el 9 de marzo, reconoce que “desde el Ministerio de Hacienda se está trabajando con las Administraciones Públicas implicadas y la Comisión Europea en disponer de la información exigida para que la Comisión proceda al pago de la ayuda asignada”, pero el silencio sobre plazos concretos prolonga la agonía de cientos de miles de personas.
La cuestión, impulsada por el Partido Popular, señala una “demora injustificada” y la “falta de diligencia en la gestión de recursos europeos”, generando un grave perjuicio social y económico en los territorios afectados. Mientras tanto, la UE ha decidido que parte de los fondos también irán a Mayotte y a la Reunión, donde el ciclón Chido y el huracán Garance, respectivamente, dejaron su huella en diciembre y febrero de 2024.
El propio PSOE sugiere que la concesión del dinero fue fruto de la propuesta de la europarlamentaria Sandra Gómez, quien propuso destinar 946 153 691 euros del Fondo de Solidaridad para la recuperación tras la DANA. En octubre de 2024, la Comisión autorizó a España un monto cercano a mil millones de euros, con el objetivo de “apoyar la recuperación tras las destructivas inundaciones de la DANA en Valencia”.
Además, se aprobó una reasignación complementaria de 645 millones de euros del mecanismo Restore, que forma parte de la política de cohesión de España. El volumen de la ayuda del Fondo de Solidaridad supone el 80 % del total anual del FSUE y solo ha sido superado por los 1 200 millones de euros otorgados a Italia por los terremotos de 2015 y 2016.
La falta de claridad en la gestión de este recurso, la ausencia de plazos y la falta de transparencia del Ejecutivo central han transformado una ayuda diseñada para salvar vidas en un símbolo de burocracia y desatención.
Crítica:
El título incita indignación sin ofrecer solución. Falta claridad sobre la fuente de la demora.
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