El 22 de abril, Sara Sieira, la letrada mayor del Senado, se alzó frente a la Mesa del Senado con la misma determinación que cuando su predecesor, Fernando Galindo, se enfrentó a la propuesta de Francina Armengol. El tema: el veto del Gobierno a las enmiendas de la Ley de multirreincidencia, aprobada por la Mesa del Congreso.
Sieira deslizó la crítica cual cuchillo afilado: "Lo que está emergiendo en España es un sistema en el que la separación entre poder ejecutivo y poder legislativo se debilita cada vez más." No se trataba solo de una reforma administrativa; el Gobierno, con su argumento de partidas presupuestarias, buscaba regularizar masivamente la inmigración y exigir certificados de antecedentes penales para los papeles, sustituyendo la mera declaración responsable.
El veto presupuestario, una facultad excepcional, se convertía en un instrumento para decidir qué se debate y qué no. Francina Armengol, al defender el veto, recordó que el Congreso puede vetar enmiendas que afecten al presupuesto, pero la práctica se extendió a la ley de desperdicio alimentario, la de defensa de la clientela y la de seguridad aérea.
Sieira, con voz firme, preguntó: "¿Quién hace hoy las leyes en España? ¿Las Cortes Generales, como exige la lógica parlamentaria, o el Gobierno, con el respaldo de la Mesa del Congreso?". El PP, indignado, presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, marcando el decimotercer conflicto de atribuciones de la legislatura.
El Tribunal, presidido por Cándido Conde‑Pumpido, ha admitido los recursos pero no los ha decidido, prolongando una situación donde el control institucional carece de respuesta. Sieira concluyó que la diferencia entre una democracia parlamentaria y un sistema autoritario no se mide solo por elecciones, sino por la capacidad real del Parlamento para legislar.
Si esa capacidad se vacía, "el corazón mismo del sistema constitucional" se derrite. En todo momento, la letrada recordaba que la política no es un juego de fichas, sino un contrato social que se desmorona cuando el Ejecutivo se arroga funciones legislativas.
Crítica:
El titular promete un drama parlamentario que termina siendo una simple disputa de veto. La pieza ignora la magnitud de la crisis institucional.
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