En un día que parecía un episodio más de la novela de los grandes poderes, la Eurocámara se puso su guante de seda y su puño de hierro para señalar que la central de Almaraz no debe cerrar, al menos hasta que el reloj europeo marque el año 2027 y 2028. El giro de la trama comenzó cuando, en febrero, un cuarteto de eurodiputados –que, según dicen, llegaron con la misma energía que un gato que ha visto un ratón de verdad– se instaló en la sala de control de la planta, la cual, recordemos, es la columna vertebral de la red eléctrica de Cáceres y la última que no ha de apagarse en 2027 según el acuerdo de 2019.
Pero, antes de que la gente se levante a protestar, hay que mirar la hoja de cálculo que el gobierno español y las grandes empresas –Endesa, Iberdrola y Naturgy– han firmado en 2019. En ella, el primer reactor se despide el 1 de noviembre de 2027 y el segundo el 31 de octubre de 2028.
Una fecha que, al parecer, se ha vuelto más rígida que la lista de la compra de una abuela con Alzheimer. El informe, todavía en borrador, no es vinculante, pero sí es la primera vez que la Eurocámara, a través del comité de Peticiones, plantea una petición de reversión.
Los eurodiputados, que se han auto‑etiquetado como guardianes de la “estabilidad de la red”, han exigido una evaluación de impacto transparente y un diálogo eficaz con los actores involucrados. Al mismo tiempo, la Unión Europea, con la misma gravedad con la que un juez revisa un contrato, reconoce la energía nuclear como una actividad de transición para frenar el cambio climático.
Eso no es una metáfora, es la política de la UE. ¿Por qué se vuelve tan dramático esto? Porque Extremadura, esa región que todavía recuerda el eco de la guerra civil, corre el riesgo de perder un empleo importante con cada kilovatio que se apague. Los eurodiputados advirtieron que la caída de la planta no solo sería un golpe económico, sino también demográfico, como si un pueblo perdiera su motor y empezara a buscar trabajo en el extranjero. Finalmente, los propietarios de la central, con la esperanza de que la vida útil se extienda hasta 2030, han pedido un análisis más profundo.
El mercado energético ha cambiado desde 2019, y si la UE quiere seguir creyendo en la nuclear, tendrá que pagar la factura de la transición con más que promesas. En resumen, la Eurocámara ha puesto la palabra “no” delante del cierre de Almaraz, pero la decisión final sigue en manos de un gobierno que, como todo político, juega con los precios de la energía como si fueran fichas de dominó en la mesa de un bar.
Crítica:
El artículo deja al lector con la sensación de que la política es un juego de ajedrez donde las piezas son más valiosas que el salario de los trabajadores. Además, no ofrece cifras concretas sobre la producción de energía de Almaraz.
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