La noticia de que el Gobierno vasco valora la «ausencia de adicciones» y no el arrepentimiento para excarcelar a los etarras es un golpe bajo para las víctimas de ETA. Mientras que los presos de ETA acumulan penas que suman cientos de años de prisión, el Gobierno Vasco les concede terceros grados y semilibertades con criterios que poco tienen que ver con el arrepentimiento de sus actividades delictivas.
La asociación de víctimas Covite ha tachado de «fraudulento» este tercer grado, ya que se ha valorado la «buena conducta penitenciaria», la «evolución favorable tras periodos de inadaptación», el «apoyo familiar», una «oferta laboral contrastada», la «motivación favorable al desarrollo personal» y el «abono parcial de la responsabilidad civil».
El etarra Jon Bienzobas, condenado a 266 años de prisión por el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, es el último en beneficiarse de este tercer grado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir su semilibertad, lo que significa que solo tendrá que acudir a dormir a la cárcel.
Esto es un ejemplo de cómo el Gobierno Vasco está aplicando la flexibilización penitenciaria de manera selectiva, sin tener en cuenta el arrepentimiento real ni la colaboración para esclarecer los crímenes de ETA. La consejería de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, en manos de la socialista María Jesús San José, defiende que esta flexibilización penitenciaria está recogida en el ordenamiento jurídico, pero las víctimas lamentan que en las cartas que los etarras escriben para poder salir de la cárcel no piden perdón ni se muestran dispuestos a colaborar con la Justicia.
La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario ha permitido la salida de la prisión de dirigentes de ETA como Soledad Iparragirre y Mikel Garikoitz Aspiazu, con penas que suman cientos de años de cárcel. Esto es un ejemplo de cómo el Gobierno Vasco está utilizando la flexibilización penitenciaria para beneficio de los presos de ETA, sin tener en cuenta el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
La pregunta es, ¿qué está pasando en el País Vasco para que se estén concediendo terceros grados y semilibertades a presos de ETA sin que haya un gesto de arrepentimiento ni de desvinculación del entorno proetarra? La respuesta es que el Gobierno Vasco está más interesado en «reconstruir los puentes» con los presos de ETA que en hacer justicia a las víctimas.
Esto es un ejemplo de cómo la política puede ser más importante que la justicia y el dolor de las víctimas. La noticia de que el Gobierno vasco valora la «ausencia de adicciones» y no el arrepentimiento para excarcelar a los etarras es un recordatorio de que la justicia en España es selectiva y que los presos de ETA tienen más derechos que las víctimas.
La pregunta es, ¿qué pasará con los 370 asesinatos aún pendientes de esclarecer? La respuesta es que el Gobierno Vasco no está interesado en esclarecerlos, ya que está más ocupado en «reconstruir los puentes» con los presos de ETA. Esto es un ejemplo de cómo la política puede ser más importante que la justicia y el dolor de las víctimas.
La noticia de que el Gobierno vasco valora la «ausencia de adicciones» y no el arrepentimiento para excarcelar a los etarras es un golpe bajo para las víctimas de ETA y un recordatorio de que la justicia en España es selectiva.
Crítica:
La noticia es tendenciosa y no presenta una visión objetiva de la situación, ya que se centra en la perspectiva de las víctimas de ETA sin considerar la visión de los presos de ETA
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